Imagen de archivo de registros de la UCO por el caso Azud. Rober Solsona / EP
La UCO afirma que la exalcaldesa de Xixona cobró en su cuenta 58.600 euros por una operación urbanística
La Guardia Civil apuntala las comisiones derivadas del desarrollo del PAI El Espartal, algunas de las cuales habrían sufragado gastos de campaña del PSPV.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado varios informes ampliatorios del caso Azud, la supuesta trama de comisiones a cambio de favores urbanísticos.
Aunque la investigación se centra sobre todo en el Ayuntamiento de Valencia, tiene diversas derivadas relacionadas con operaciones de otras localidades con prácticamente los mismos protagonistas.
Una de ellas es en Xixona (Alicante), donde el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) El Espartal fue aprovechado, presuntamente, para el cobro de comisiones ilegales.
La UCO afirma en su último informe que la alcaldesa de la localidad en aquel momento, Rosa Verdú (PP), fue una de las que se vio beneficiada de estos pagos. Y, concretamente, cree que acabó cobrando en su propia cuenta bancaria un total de 58.626 euros.
El citado PAI se prolongó durante un amplio periodo temporal, entre 2004 y 2008. Para desarrollar esa zona, la entonces alcaldesa de Xixona y el concejal Francisco Doménech exigieron al constructor Jaime Febrer -uno de los considerados como principales cabecillas de la trama- que incluyera en el sector terrenos de ambos representantes municipales y sus familiares.
De esta manera, y según las indagaciones, una de las firmas de Febrer, CVC, les compró las parcelas mediante una empresa pantalla por un precio mucho más elevado de lo que pagó por otras. Y, tras ello, el Ayuntamiento aprobó el plan urbanístico.
El pago se hizo en dos fases, desgrana la UCO. En una primera, a la fecha de la firma del contrato se abonarían 144.000 euros distribuidos en 6 cheques nominativos en favor de cada uno de los propietarios vendedores. El resto, 351.756 euros, serían abonados a los vendedores antes de la fecha de diciembre de 2005, según se establecía en el contrato.
La mercantil CVC de Febrer transfirió el dinero previamente a la pantalla (Zona Park) a finales de 2005. Es con esta última con la que la alcaldesa firmó el contrato de compraventa y de la cual recibió el abono en diciembre de ese año.
La Guardia Civil concluye que la parcela titularidad de Rosa Verdú y que acabó vendiendo a la mercantil Zona Park con
el dinero prestado por la mercantil CVC quedaba encuadrada dentro del PAI El Espartal tras la presentación de la segunda alternativa técnica. Y la cual estuvo motivada principalmente por las presiones recibidas por CVC tras la presentación de la primera alternativa técnica.
El convenio con Acuamed
Al margen de todo lo relacionado con la alcaldesa de Xixona, en esta operación urbanística en la localidad intervinieron, de acuerdo con la investigación, algunos de los considerados como cabecillas de la trama de Azud. Concretamente, el constructor Jaime Febrer y el abogado José Luis Vera, una persona "estrechamente vinculada al PSPV".
A lo largo del tiempo que duró el PAI, uno de los problemas que tuvo que solventar el grupo Axis -perteneciente a Febrer- fue el de la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana.
Para ello inició varias líneas de resolución con la captación de aguas subterráneas e inyección de salmuera, con la firma de acuerdos con comunidades de regantes o con acuerdos con empresas de suministro de aguas.
La opción que finalmente se llevó a término fue, sin embargo, la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona.
Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio, los elementos recopilados a lo largo de la investigación evidencian -según la UCO- que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo.
El millón para el PSPV
Para ello, señala el informe, habría contado principalmente con José Luis Vera. Aparentemente, y con esa condición de su vinculación al PSPV, la Guardia Civil cree que habría tenido capacidad sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros. En este caso, a través del que en ese momento era director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro.
"Ambos habrían viabilizado la firma de este convenio, que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos".
Por esta actuación, en dos reuniones celebradas en febrero y marzo de 2007 entre José Luis Vera y Jaime Febrer, la UCO sostiene que se habría acordado el pago de una comisión por importe de dos millones de euros: un millón para Vera y otro millón para el PSPV.
Tal y como se desprende de la investigación desarrollada, para el abono de ese dinero se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta y en opinión de la Guardia Civil, habrían tenido la aparente finalidad de "encubrir el origen delictivo de los fondos": firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios, entre otras.
Así, en el caso de Vera la UCO indica que se rubricaron dos contratos que tendrían ese objetivo de dotar de apariencia de legalidad a los pagos efectuados. Ambos se firmaron el mismo día (el 25 de mayo de 2007): uno entre una mercantil del Grupo Axis y Vera como persona física, y otro entre las sociedades Vera Llorens SLU y Gigante Edificaciones y Obras.
Este segundo se encuentra concatenado, a su vez, con otro contrato, también simulado, firmado entre las sociedades Gigante Edificaciones y Espacios Urbanos de Jijona. En el marco de estos contratos, el Grupo Axis desembolsó a Vera un total de 563.500 euros, emitiendo para ello diversa facturación ficticia de acuerdo con la UCO.
Mercantil interpuesta
La parte de esta comisión que habría tenido como destinatario al PSPV, afirman los investigadores, se habría satisfecho abonando diversos servicios a diferentes proveedores de este partido. La operativa se habría efectuado tanto directamente desde sociedades del Grupo Axis como interponiendo nuevamente a la mercantil Gigante Edificaciones.
En este segundo caso y al igual que sucedió con Vera, el origen de los fondos transferidos por Gigante Edificaciones a los proveedores del PSPV proviene de Espacios Urbanos de Jijona, que a su vez los habría canalizado hasta Gigante a través de facturación ficticia, destaca el informe. Las cuantías que se investigan ascienden a los 615.823,5 euros.
Respecto a los pagos que se efectúan interponiendo a Gigante, la UCO expone que el análisis de los productos bancarios titulados por esta sociedad permitió identificar transferencias a cinco mercantiles cuyo objeto social se encuentra vinculado con la publicidad por importe de 484.480,46 euros. También una serie de retiradas de efectivo que podrían haber sido igualmente destinadas en parte a ellas.
Tras practicar diligencias en dos de estas mercantiles, la Guardia Civil determinó que pagos por unos 135.000 euros se efectuaron en beneficio del PSPV.
Esta parte de la investigación del caso Azud señaló al exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, como uno de los conseguidores clave para el PSPV por su estrecha vinculación con el partido aunque no ostentara cargo orgánico.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que llegó a gestionar una comisión de dos millones de euros a través de una operación urbanística en Xixona. Un millón habría ido a parar directamente al partido y parte de él se habría destinado a sufragar en B las campañas electorales de 2007 y 2008.
