La Generalitat pide a la justicia mantener los festivales en Las Artes y las Ciencias si adoptan medidas para controlar el ruido

La Ciudad de las Ciencias y las Artes (Cacsa) ha solicitado mantener las actividades musicales en su ubicación original y que se adopten medidas adicionales para controlar y garantizar que no se vulnere la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Cacsa ha presentado un incidente de ejecución en relación con la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valencia a garantizar el derecho al descanso de los vecinos y que deja en el aire varios festivales previstos para los próximos meses en la emblemática ubicación.

En el escrito, solicita al órgano judicial que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, las medidas adicionales necesarias que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Los promotores de los festivales de las Artes y las Ciencias se resisten a cambiar de ubicación: afirman que cumplen la norma

Esta norma establece que los límites de ruido establecidos son los 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno. Cifras que, según la sentencia, estos festivales superan considerablemente.

De este modo, la empresa pública de la Generalitat Valenciana plantea "una solución que permita la celebración de aquellos eventos musicales que cumplan con las medidas que eviten la contaminación acústica, respeten los niveles sonoros previstos legalmente, e impidan la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos", según explicaron este viernes en un comunicado.

Plan especial

Para ello, anunció que reforzará sus medidas ya existentes contra el ruido. Al respecto, exigirá que cada promotor presente un plan de actuación en sede judicial, de forma previa al evento.

Cacsa recordó que ya se incluía el traslado a los promotores de un informe técnico de auditoría acústica para la implementación de este tipo de eventos, o la exigencia, con carácter previo a la celebración del evento, de una serie de documentos.

Son la licencia ambiental, el plan de emergencias y autoprotección, los certificados de montaje y estructuras, acreditación de la legalización de las instalaciones eléctricas, sistemas de control de aforo e informe de inspección de infraestructuras e instalaciones realizado por una OCA (Organismo de Control Autorizado).

Igualmente, deberán firmar una declaración responsable por la que manifiestan que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente y con la documentación que lo acredite.

También deberán comprometerse a mantener el cumplimiento de la ordenanza contra la contaminación acústica durante la vigencia de dicha actividad.

En definitiva, "se trata de compatibilizar la actividad cultural con el respeto a la legalidad y a los vecinos, en línea con el reconocimiento que la propia sentencia hace de la Ciutat de les Arts i les Ciències como un espacio de interés general en el que se desarrollan actividades con una clara dimensión pública, cultural y de proyección exterior", aseguraron.

Los próximos festivales previstos en dicha ubicación son: Love the 90's Valencia (previsto para el 30 de mayo), Les Arts (5 y 6 de junio) y el Big Sound (26 y 27 de junio).

Sentencia

La justicia estimó la demanda de vecinos de dos edificios de viviendas cercanas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ordenó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para evitar que el ruido de los conciertos que se celebran allí vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, afirmó en su momento que el papel del Ayuntamiento era el de hacer cumplir la sentencia, pero la institución que autoriza estos eventos es Cacsa, a quien instó a buscar una "ubicación factible" para trasladar los festivales.

El Ayuntamiento, tras la sentencia, remitió a Cacsa un escrito para que ejecutaran la sentencia y no se permitan actividades que superen la ordenanza municipal de contaminación acústica.

Los promotores, por su parte, subrayaron que la sentencia judicial "no impide por sí misma la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica".

En este sentido, aseguraron que no han recibido ninguna notificación por parte que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento. Por ello, los festivales continúan programados, con 80.000 entradas vendidas.