La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este miércoles. EE
Catalá dice que había "voluntad política" de los partidos para que el personal del Consorcio no perdiera su empleo
Compromís y PSPV piden que se amplíe la denuncia al concejal Marí Olano tras los audios en los que invita a los trabajadores a presentarse a las plazas.
Más información: Anticorrupción investiga la posible colocación de personal público a dedo en el Puerto y el Ayuntamiento de Valencia
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, afirmó este miércoles que había "voluntad política" de todos los partidos políticos del Ayuntamiento para que el personal afectado por el ERE por la liquidación del Consorcio Valencia 2007 no perdiera su empleo "siempre bajo el paraguas de la forma legal oportuna".
Además, ha solicitado un informe a la Secretaría Municipal sobre los procesos selectivos después de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación penal por la posible colocación a dedo de personal público en la Autoridad Portuaria de Valencia y en el Ayuntamiento a raíz de la disolución de Consorcio Valencia 2007.
La primera edil afirmó este miércoles que el objetivo es que se "acredite" que fue un procedimiento "reglado". En este sentido, aseguró que será una "colaboradora muy activa" con la Fiscalía y avanzó que aportará a la Fiscalía una moción de 2004 en la que Compromís "pedía reasignarlos a dedo".
Esta investigación, que se encuentra en una fase muy incipiente, se inició a raíz de una denuncia de Compromís contra la presidenta del Puerto, Mar Chao y la alcaldesa de Valencia, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Precisamente, tanto la formación valencianista como el PSPV registraron este miércoles la ampliación de la denuncia para incluir los audios del concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano, en los que, según publicó El diario.es, invita a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que se extinga el ente.
Voluntad política
Catalá defendió que las palabras del concejal Olano reflejan "lo mismo" que las pronunciadas por Ferran Puchades (Compromís) o Javier Mateo (PSPV) en el pleno municipal del año 2024, donde decían "literal y textualmente" que se podía trabajar "en la recolocación de esos 11 trabajadores en las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de Valencia" o que se podía "ser capaces entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de poder encontrar lugar para estas personas".
Para Catalá, "era evidente que había una voluntad política de toda la corporación de cumplir con uno de los mandatos del Real Decreto que regula los ERE, en este caso un expediente de regulación por la disolución del Valencia 2007", en el que el Ayuntamiento participaba al 20% y el resto era el Estado.
"Y, por tanto, no podíamos realizar nada más allá de lo que dijera la ley", aseguró. La alcaldesa acusó a Compromís y PSPV de "pedir una recolocación a dedo directamente de estas personas sin ningún tipo de proceso selectivo", algo que a lo que el PP, según explicó, se negó.
El actual equipo de gobierno, en palabras de Catalá, hizo "procedimientos totalmente transparentes". "Le vamos a aportar a la Fiscalía toda la información y documentación, vamos a colaborar activamente en esta cuestión porque, como entenderán, soy la primera interesada en que todas las cuestiones que puedan generar dudas a la ciudadanía se disipen", subrayó.
En cualquier caso, explicó que la Fiscalía no ha solicitado al consistorio ninguna documentación y se ha mostrado "especialmente ansiosa" de que lo haga para poder remitir toda la documentación que obra en su poder.
Compromís
Compromís registró este miércoles la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para incorporar el acta del Pleno del 25 de septiembre de 2024 y los audios de Olano, al que calificaron de "principal cerebro de esta operación presuntamente ilegal".
La portavoz, Papi Robles, aseguró que ya "no estamos hablando de sospechas ni de indicios aislados". "Estamos ante una operativa perfectamente descrita por sus propios protagonistas", dijo.
En este sentido, destacó que en el acta plenaria, el concejal asume que actuaba por indicación de la alcaldesa al asegurar que recibió el mandato de la alcaldesa de tratar de encontrar una solución, según denunció Robles.
Por ello, Compromís pide que Olano sea investigado por los mismos presuntos delitos, a los que añaden el de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Robles acusó a Olano de "intentar replicar" esta operación en Aumsa con dos plazas más, pero "las objeciones internas de la empresa pública lo impidieron".
"La ciudad merece conocer toda la verdad. No estamos ante un caso menor, sino ante una forma de entender las instituciones como una agencia de colocación al servicio del PP", criticó la líder local de Compromís, quien anunció que pedirán una comisión de investigación.
