María José Catalá y Mar Chao en una imagen de archivo. Jorge Gil / Europa Press
Anticorrupción investiga la posible colocación de personal público a dedo en el Puerto y el Ayuntamiento de Valencia
El Ministerio Público abre diligencias tras una denuncia de Compromís contra María José Catalá, Mar Chao y otras concejales.
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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal por la posible colocación a dedo de personal público en la Autoridad Portuaria de Valencia y en el Ayuntamiento a raíz de la disolución de Consorcio Valencia 2007.
Esta investigación, que se encuentra en una fase muy incipiente y en la que se ha designado fiscal instructor, se inicia a raíz de una denuncia de Compromís que se dirige contra la presidenta del Puerto, Mar Chao y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La denuncia acusa, además de a Chao y Catalá, a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner), por una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo.
La formación política denunció los hechos el pasado mes de febrero ante el ministerio fiscal y se refiere a una secuencia de decisiones administrativas adoptadas en 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007 se encontraba en pleno proceso de liquidación.
El Consorcio está integrado por el Ayuntamiento de Valencia, el Globierno de España y la Autoridad Portuaria, y presidido por la alcaldesa de ciudad.
De acuerdo con la denuncia, la Autoridad Portuaria y al menos dos formaciones municipales -el Organismo Autónomo Municipal de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Fundación Visit Valencia- "activaron, de manera paralela y concertada, el menos siete procedimientos administrativos para llevar adelante una fórmula de subrogación encubierta de tres trabajadores".
En las fundaciones dependientes del Ayuntamiento se acabó adjudicando una plaza. Las otras tres no se llegaron a materializar aquí. Aunque se habían presentado candidatas, la adjudicación se había producido anteriormente -para estas aspirantes- en la Autoridad Portuaria. Así que las plazas del consistorio se declararon desiertas.
La denuncia de Compromís, y por tanto la investigación de Anticorrupción, según ha podido saber este periódico, se basa en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) que concluyó que "la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, amb criterios que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad".
"Red clientelar"
Este martes, en rueda de prensa, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha lamentado que Catalá "ha convertido el ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos, una presunta red clientelar utilizando recursos públicos para beneficiar a su entorno", ha denunciado.
Según ha detallado, los hechos se remontan a abril de 2024, en el momento en que el Consorcio València 2007 -presidido por la propia alcaldesa- se encontraba en proceso de liquidación y despedía a su plantilla. "Mientras unas personas eran enviadas a la calle, otras ya tenían preparado su futuro con plazas a medida en distintos organismos públicos. Es indecente y profundamente injusto", ha señalado.
Los concejales de Compromís Papi Robes y Ferran Puchades. Compromís
