Juanfran Pérez Llorca, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Ana García y Tino Calero; y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente. GVA
La Generalitat impulsa 27 medidas ante la guerra de Irán: de ayudas para hipotecas y empresas a bajada de impuestos
Pérez Llorca anuncia la congelación de los precios del transporte público autonómico o créditos para empresas afectadas tras una reunión con los agentes sociales.
Más información: La Agencia Tributaria insta a los valencianos a esperar a hacer la Renta si quieren beneficiarse de las deducciones fiscales
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes que el Gobierno valenciano pondrá en marcha 27 medidas dirigidas a paliar los efectos de la Guerra de Irán con un desembolso de 421,26 millones de euros.
Así lo ha anunciado tras presidir una reunión mantenida con agentes sociales y económicos en la que han participado los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT -Ana García y Tino Calero respectivamente- y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.
Todos ellos han agracedido la rapidez del encuentro y que se hayan incorporado la mayor parte de propuestas que habían realizado al Ejecutivo valenciano.
Del total de 421,26 millones que se movilizarán, 137,96 millones serán mediante ayudas directas o indirectas, 153,3 millones en bajadas de impuestos y 130 millones en préstamos bonificados.
En materia de vivienda habrá una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler por 15 millones de euros, con recursos propios, y se priorizará a los trabajadores inmersos en ERTE en el acceso a estas prestaciones como "grupos de especial atención".
También se revisarán al alza de los módulos de viviendas de protección pública (VPP) "para que su construcción siga siendo viable" y se acelerará la compra de vivienda para el parque público mediante el derecho de tanteo y retracto por 4 millones de euros.
Paralelamente, se destinará una ayuda directa para el pago de hipotecas que rondará unos 180 euros por cada una, con un coste total estimado en 10 millones de euros. Esta ayuda pretende cubrir el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno.
Beneficiará a las personas con un préstamo hipotecario a tipo variable de 200.000 euros, que tengan la vivienda habitual radicada en la Comunitat Valenciana y cuya renta máxima sea de 60.000 euros individual y de 78.000 conjunta.
En transporte, se congelarán los precios de toda la red del transporte público autonómico, con un impacto de 12,3 millones de euros. Habrá una línea de 14,7 millones para apoyar el transporte de mercancías mediante un impulso a la renovación de flotas, colaboración en ayudas para la electrificación y mejora de la eficiencia logística.
Autónomos y empresas
A nivel laboral y empresarial, se activarán "medidas específicas" para apoyar a los trabajadores autónomos por el aumento del coste de la energía, con 4 millones de euros, y se desarrollará una línea del Institut Valencià de Finances (IVF) de financiación bonificada de 100 millones para empresas afectadas por el incremento de los precios.
Además, se pondrán en marcha programas específicos de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización, por valor de 54,66 millones; una línea de financiación bonificada de 30 millones para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias; apoyo a empresas electrointensivas mediante un nuevo criterio de valoración, por 15,36 millones; un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y subvenciones para ayuntamientos, por valor de 1,3 millones, y se las ayudas del programa Inpyme para fortalecer la base productiva y la autonomía de la industria por 49,3 millones.
El plan contempla la simplificación y aceleración de los procedimientos vinculados a la energía, con objetivos como gestionar 50 expedientes estratégicos para aportar 3.000 megavatios de potencia al sistema o incrementar la actividad industrial de 150 nuevas grandes empresas.
Igualmente, se prevé reforzar la coordinación con operadores y distribuidores energéticos para que las autorizaciones en la Comunitat Valenciana se obtengan más rápido que en otras comunidades autónomas.
Mecanismo RED para la cerámica
Otra de las 27 medidas es instar al Gobierno a activar el mecanismo RED para el sector cerámico y establecer así medidas de acompañamiento como un complemento de 180 euros mensuales para los trabajadores afectados, con un importe total estimado por la Generalitat en dos millones de euros.
Al respecto, Pérez Llorca ha explicado que si el Gobierno activa este mecanismo, la Generalitat se "compromete" a complementarlo con una ayuda para los trabajadores del sector.
A su vez, el Ejecutivo autonómico prevé solicitar al Ministerio de Agricultura la activación de la reserva de crisis para proteger a los sectores agrarios valencianos afectados, como los cítricos, el arroz, el porcino, la ganadería vinculada a piensos o el vitivinícola.
También quiere instar a la Comisión Europea a activar cláusulas de salvaguarda frente a importaciones de países como Egipto, así como que la UE establezca un marco temporal específico para flexibilizar líneas de financiación.
Por otro lado, se aumentarán las ayudas a familias acogedoras y se reforzarán las transferencias a los ayuntamientos para la atención social -para cubrir gastos esenciales de familias vulnerables que garanticen la alimentación y el pago de suministros básicos- por valor de 11,8 millones de euros.
Además, se incluyen en estas medidas 153,29 millones de euros en rebajas fiscales que corresponden a ingresos que la Generalitat no percibirá debido a las rebajas que el Gobierno ha aprobado en impuestos como el IVA de los combustibles y el consumo energético de los hogares o los de los hidrocarburos y la electricidad, que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la administración autonómica.
Con estas medidas, Llorca ha asegurado que la Comunitat Valenciana será "la segunda comunidad autónoma que más recursos destina" ante la crisis en Irán y ha subrayado que hará este "esfuerzo" con "recursos propios pese a ser la comunidad autónoma "peor financiada de todas".
También ha reivindicado la "capacidad de entendimiento" y el diálogo con patronal y sindicatos.