Aspirantes a funcionarios consultan su nota de examen. EFE
Una sentencia del TS deja en el aire la estabilización como funcionarios de interinos de la Diputación de Valencia
El Supremo advierte de la caducidad de las convocatorias a los tres años y hay 8 convocatorias por resolver cuatro años después.
Más información: La Conselleria de Sanidad anula la convocatoria de 34 plazas de sanitarios de la OPE de estabilización de 2022
Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto en jaque el proceso de estabilización de interinos que se está llevando a cabo en diferentes administraciones públicas, incluida la Diputación de Valencia, por los plazos en los que se están resolviendo los procesos para que estos empleados temporales consoliden la plaza.
En su sentencia 930/2025 el alto tribunal interpreta que la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo de estabilización para que se conviertan en funcionarios de carrera deben completarse en un periodo improrrogable de tres años.
Un margen temporal que no se refiere solo a publicar las convocatorias, sino que abarca todo el desarrollo del proceso selectivo: desde la publicación, hasta los exámenes y nombramientos de personal.
Así, la Sala advierte de que si no se concluye la ejecución del proceso selectivo completo dentro de ese plazo, la oferta y sus actos derivados "caducan", con la consecuencia de que la administración pierde validez para continuar el procedimiento o nombrar personal fijo con base en ella.
En definitiva, sienta jurisprudencia y establece doctrina sobre la caducidad de estos procesos cuando no se concluyen en un plazo razonable.
El fallo resulta especialmente relevante en tanto en cuanto actualmente existen numerosos procesos selectivos de la OPE de 2022 que siguen sin haber concluido o que se resolvieron pasados los tres años, como es el caso de las convocatorias de la Diputación de Valencia.
En la corporación que preside Vicente Mompó, conviene recordar, hubo diferentes convocatorias que tuvieron que arrancar de cero el año pasado por la nulidad parcial de las bases.
En concreto, por el baremo que reconocía mayor puntuación a la experiencia acumulada en la corporación provincial respecto a la Administración de la Generalitat o la adquirida en ayuntamientos.
El embrollo jurídico
La OPE de estabilización de 2022 de la Diputación debía haber concluido el 31 de diciembre de 2024, tal y como venía estipulado en la normativa estatal.
Pero el plazo acabó ampliándose a mayo de 2025 después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declarara nulos dos apartados de las bases de una de las convocatorias, la de Técnico de Administración General (TAG). Todo ello obligó a iniciar todos los procesos que se encontraban en marcha.
En concreto, los que baremaban de forma diferente la experiencia de los interinos de la administración provincial frente a los que provenían de la Generalitat y cualquier ayuntamiento de la autonomía.
El tribunal consideró entonces que la diferencia que planteaba el baremo era tan grande que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes. En definitiva, que la distancia entre unos y otros era prácticamente insalvable.
El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal era de otra administración pública solo podría sumar 0,1 puntos aunque pertenecieran al mismo subgrupo y categoría.
La diferencia motivó un recurso por parte de un aspirante y el juzgado acabó dándole la razón y obligó a que cambiaran las bases. Así que el órgano provincial planteó al Consell Jurídic Consultiu qué hacer con el resto de convocatorias (28) que estaban tramitándose, dado que podrían ser objeto también de recurso y posterior nulidad.
El órgano consultivo instó a cambiar las bases del resto de convocatorias, así que todas empezaron de cero. Una decisión que afectó a más de 5.500 personas, que eran las que se habían presentado a los distintos procesos.
Llegó fin de año sin que se hubieran publicado las nuevas bases, ni tampoco, lógicamente, estuviera resuelta ninguna convocatoria. Por lo que la Diputación se exponía a perder el centenar de plazas que se ofertaba en la OPE.
No obstante, desde la corporación provincial alegaron que tendrían "hasta mayo para concluirlos" porque la Dirección General de Función Pública publicó una circular en la que explicaba que si un proceso fue convocado antes del 31 de diciembre, se podía "prorrogar hasta mayo para su resolución".
Llegó la fecha y casi las 29 convocatorias seguían a mitad, prácticamente ninguna se había resuelto: 16 estaban en fase de baremación, y 13 en fase de aprobación de la relación provisional de admitidos y excluidos.
La previsión entonces era tener todo resuelto a final de junio de 2025. Un margen temporal que rebasaba el plazo establecido en el que debían haberse publicado ya las actas finales de los tribunales en las que se hicieran las propuestas de nombramientos.
Desde la institución defendieron que los plazos señalados en la norma estatal para reducir la temporalidad en las administraciones carecían "de carácter esencial", por lo que su incumplimiento constituía "un vicio subsanable".
Ocho convocatorias en marcha
La sentencia del Supremo de ahora, sin embargo, pone en jaque los procesos, pues la mayoría han tardado más de tres años en resolverse, desde el anuncio hasta los nombramientos y toma de posesión.
En la actualidad, de hecho, hay todavía ocho convocatorias en marcha: auxiliar administrativo (2), subalterno (12), técnico auxiliar de educación infantil (1), técnico auxiliar de obras públicas (1), técnico auxiliar de archivo y biblioteca (1), oficial de recaudación (3), auxiliar de información (3) y arquitecto (5). Todas ellas suman un total de 28 plazas.
La corporación, no obstante, sigue adelante con ellas al entender que el plazo empezó de nuevo al tener que volver a negociar las bases. Un criterio que, sin embargo, choca con el del Supremo.
La decisión adoptada por la institución difiere de la de la Conselleria de Sanidad, que el pasado mes de febrero decidió anticiparse a ninguna posible nulidad y anuló la convocatoria de 34 plazas de personal sanitario.
Una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en la que declaró la caducidad automática de este proceso extraordinario.
Las 34 plazas anuladas corresponden a distintas categorías del ámbito de la gestión sanitaria. Entre ellas figuran perfiles como auxiliar de farmacia (4), técnico especialista en documentación sanitaria (7), técnico especialista en radioterapia (2) o enfermeros de gestión sanitaria y salud pública (2).
También se ofertaba la estabilización de 4 plazas deingenieros técnicos, un enfermero de empresa o del trabajo, un especialista en salud mental o un locutor del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Asimismo, también incluía 2 plazas de administrativo, una de facultativo especialista en oncología radioterápica, otra de médico de centro de planificación familiar, una plaza de periodista y un técnico de higiene.
Por último, también incorporaba un puesto de informática, otro de sanidad ambiental, una plaza de análisis químico y otra de análisis epidemiológicos y estadísticas sanitarias.
Con esta resolución, iniciaron los trámites también para que los aspirantes que se inscribieron en su día a el proceso solicitaran la devolución de las tasas que pagaron para poder realizar el examen, dado que el proceso extraordinario en este caso era un concurso-oposición.
