Generalitat y Gobierno no alcanzan un acuerdo sobre la 'Ley Trans' valenciana y será el TC quien dirima si es legal

Un choque que tendrá como resultado que el Tribunal Constitucional será el que decida si la actual redacción de la norma es legal después de que el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez haya presentado un recurso de inconstitucionalidad. 

Los cambios en la 'Ley Trans' se encuentran recogidos en la ley de Medidas Fiscales de 2025. Aquella que se aprueba junto a la de Presupuestos cada año y que recoge múltiples modificaciones de normativa autonómica. 

Mazazo del Constitucional a la Ley de Costas valenciana: suspenden la protección de las casas tradicionales

En mitad de la negociación de las cuentas entre el PP -por aquel entonces todavía liderado por Carlos Mazón- y Vox, este último partido apretó con varias enmiendas de peso ideológico.

Y varias iban dirigidas a cambiar algunos puntos de la 'Ley Trans', un texto aprobado en 2017 por el anterior Gobierno de izquierdas cuando Mónica Oltra se encontraba al frente de la Conselleria de Igualdad. 

Una de las modificaciones que acabaron introduciendo fue en un artículo relativo a la prohibición de las terapias de conversión. Quedó redactado así: "Se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans, destinadas a modificar la identidad o expresión de género de estas personas, siendo posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente". 

Este "acompañamiento" significó para la oposición abrir la puerta a las terapias de conversión, algo que la Generalitat negó. 

Otro de los artículos de nueva redacción establecía que las personas trans menores de edad "tienen derecho a ser escuchadas y a incorporarse progresivamente a los procesos de toma de decisiones siempre bajo el acompañamiento de los tutores legales y su correspondiente autorización o, en su defecto, por la correspondiente autorización judicial".

Y proseguía: "Los padres o, en su defecto, los representantes legales, podrán solicitar el consejo y asesoramiento profesional o ayuda que consideren adecuado, público o privado, y los informes preceptivos, en la búsqueda de las opciones que busquen el verdadero interés del menor". 

En cuanto al tratamiento hormonal en menores, la ley indica que para iniciarlo "contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías".

Dicho tratamiento, agrega, "se producirá bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización de juez que los sustituya".

Programas educativos

En otro apartado modificado, la 'Ley Trans' entra en los programas educativos. "El proyecto educativo de centro no tendrá que abordar de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar", señala. 

"El proyecto educativo será determinado por cada centro, siendo supervisado por el Consejo Escolar, el acompañamiento y opinión de asociaciones de padres de alumnos y, especialmente, en cada caso particular en el que pudiera ocasionarse cualquier controversia o discrepancia, el respeto a la decisión de los padres del menor, todo ello de conformidad con la legislación vigente en la materia", añade.

Todos estos artículos fueron cuestionados por el Gobierno central al verlos inconstitucionales y considerar que chocaban con la normativa estatal. A ello se añadían otras modificaciones incluidas en la ley de Acompañamiento. 

El Ejecutivo y la Generalitat convocaron una comisión bilateral como paso previo al recurso de inconstitucionalidad. En ella han llegado a algunos acuerdos, como una modificación legal que el Gobierno valenciano hará en la ley de Mancomunidades relacionada con los habilitados nacionales. 

Pero en otros puntos no ha habido entendimiento alguno, tal como publicó este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat. Y el gran enfrentamiento es la 'Ley Trans'. Ahora será el Constitucional el que decida sobre la legalidad de los artículos. El pasado septiembre ya admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo y ahora se suma el del Gobierno. 

Ley de Costas

No ha sido esta la única comisión bilateral entre ambas administraciones que ha finalizado con desacuerdo. También ocurrió lo mismo respecto a la de la ley de Costas. 

Precisamente este miércoles el Constitucional suspendió los artículos relativos a la figura de "núcleo urbano de especial valor etnológico", el blindaje legal con el que la Generalitat pretendía proteger las viviendas tradicionales frente a los deslindes y las órdenes de demolición del Ministerio para la Transición Ecológica.

Para el Gobierno de Sánchez, que recurrió la ley, ésta choca con la normativa estatal. Ahora el Constitucional, más allá de la suspensión automática de esta parte del redactado, tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Algo similar podría acabar ocurriendo con el Plan Simplifica II de la Generalitat. Esta vez impulsado ya por el actual presidente, Juanfran Pérez Llorca. Se trata de una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales, en algunas de las cuales el Ejecutivo central también discrepa. 

La comisión bilateral entre las dos administraciones ya se ha convocado y los puntos de choque son relativos a los contratos que afectan al personal investigador, a la ley de Archivos valenciana, a la modificación de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) o a las medidas excepcionales para el acceso a cuerpos y escalas de la Administración. 

Ley Urbanística

Sobre la Lotup, el artículo que cuestiona está referido a la construcción de vivienda en suelo municipal. La modificación de esa ley incorporaba los Proyectos Habitacionales Locales para destinar suelo dotacional sin usar para la construcción de vivienda. El Gobierno cree que puede ser inconstitucional porque la normativa estatal solo recoge que ahí pueda haber vivienda social. 

Esta consideración, más allá de la propia comisión bilateral, es importante porque afecta directamente al plan de vivienda anunciado recientemente por Pérez Llorca. 

En cuanto al acceso a la administración, una disposición transitoria de la ley autoriza al órgano competente de la Administración de la Generalitat a convocar procesos selectivos de acceso mediante el sistema de concurso para los siguientes cuerpos y escalas: A1-06-02. Medicina del Trabajo, A1-07-03. Medicina y A2-04-02. Enfermería.

Todas estas cuestiones recogidas en el Plan Simplifica tendrán que negociarse ahora entre Gobierno y Generalitat.