El portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor. José Cuéllar
El bloqueo en la renovación de los órganos estatutarios amenaza también con encallar el derecho civil valenciano
PP y Vox evitan introducir en el próximo pleno la elección de los diputados que defenderán la reforma en Madrid.
Más información: Los entes estatutarios seguirán bloqueados: el PSPV traslada a Llorca que no pactará un reparto de puestos con Vox
El bloqueo de la renovación de los órganos estatutarios valencianos amenaza ahora con encallar otro asunto que lleva pendiente desde hace meses en Les Corts: la elección de los diputados autonómicos que deben defender el derecho civil valenciano en el Congreso de los Diputados.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, reprochó al PP tras la Junta de Portavoces del pasado jueves que se hubiera negado a introducir en el pleno de la próxima semana la elección de los parlamentarios encargados de defender la reforma constitucional.
Una crítica ante la que el portavoz del PP, Nando Pastor, contestó con la parálisis en los órganos estatutarios, que perdura ya desde hace años. De hecho, todos están ya en situación de interinidad.
El popular afeó a la coalición que se hubieran reunido con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera ronda de contactos con los grupos y, además, mantuvieran su negativa a retomar las negociaciones sobre el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano).
Un escenario que ha despertado malestar en la Associació de Juristes Valencians, que se han dirigido a Pastor para reclamarle "por qué no se contesta al requerimiento de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de octubre" para que se designe a los diputados que deben defender la reforma planteada en 2020.
Tanto PSPV como Compromís cuestionan que los populares utilicen el bloqueo de los órganos estatutarios para negociar cualquier otra cuestión que nada tiene que ver.
Lo cierto es que cualquier tipo de designación en la Cámara autonómica se ha convertido en una misión imposible. Todos están abocados al fracaso por el clima que se respira entre la bancada de la oposición y el PP. Las relaciones están rotas desde la dana de 2024.
El PP tan solo ha podido sacar adelante los nombramientos para los que ha sido suficiente el apoyo de Vox. Este mes, por ejemplo, renovaron el Consejo de Transparencia y la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.
Lo pudieron hacer, eso sí, por la reforma legal que ambas formaciones pactaron en 2023 para poderlos nombrar en solitario, ya que introdujeron la posibilidad de que los aspirantes salieran adelante con mayoría absoluta en segunda vuelta.
Pero no ocurre lo mismo con los órganos estatutarios. Para estos, el PP necesita a la oposición y busca forzar cualquier negociación para desbloquearla: la Mesa de Les Corts, À Punt, el Consejo del Audiovisual o ahora el derecho civil valenciano se han convertido en monedas de cambio para los populares.
Aunque son cuestiones dispares, el grupo Popular busca con ello poder desencallar la situación del órgano que preside Margarita Soler o Vicent Cucarella y no replicar en la Comunitat Valenciana lo vivido en Madrid con el Consejo General del Poder Judicial.
Así, por ejemplo, ha tendido la mano al PSOE para que recupere su puesto en la Mesa del parlamento a cambio de sentarse a hablar del Jurídic, la Sindicatura o el Consell Valencià de Cultura.
Los portavoces de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, junto a la diputada María José Salvador. José Cuéllar
Los socialistas perdieron la vicepresidencia primera de la institución cuando Gabriela Bravo renunció al acta para volver a su plaza en la Fiscalía Provincial de Valencia.
El PP, a la vista del bloqueo de los órganos estatutarios, lanzó un órdago: o el PSPV se sentaba a hablar para resolver la situación, o le arrebatarían ese puesto gracias a los votos de Vox. Al final, acabó ocurriendo lo segundo. El grupo de Pérez Llorca ganó un puesto en la Mesa, pero no consiguió su propósito.
Más tarde, la salida de Vicente Ordaz de la presidencia de À Punt para convertirse en secretario autonómico de Comunicación del Gobierno valenciano abrió otra posibilidad de negociación: Llorca podría ofrecer al PSPV formar parte del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública.
No en vano, en el pasado optaron por no participar en la votación y se quedaron fuera. PP y Vox coparon todos los puestos del ente. Sin embargo, este último ofrecimiento tampoco surtió efecto; los socialistas preferían seguir fuera de la cadena con tal de no brindar a Llorca la renovación que ansiaba.
'Muro' entre PP y PSPV
El 'muro' entre los dos partidos mayoritarios de Les Corts era insalvable. Algo que con el paso del tiempo no ha cambiado ni ha ido a menos.
En este clima de tensión también juega un papel determinante Vox. Ni PSPV, ni Compromís están dispuestos a negociar nada con esta formación. Y lo mismo ocurre a la inversa, por lo que el PP también se encuentra en un callejón sin salida en este sentido.
Con este cordón sanitario de unos a otros, la parálisis continúa en otros ámbitos. La salida de la socialista María Pérez como concejal del Ayuntamiento de Valencia provocó que Dolors López, siguiente en las listas, accediera al consistorio como edil.
Para ello, eso sí, debió renunciar previamente a su puesto de vicepresidenta del Consejo del Audiovisual Valenciano. Un hueco que, a día de hoy, permanece vacante.
Para renovarlo, es necesario que un nuevo candidato sume un apoyo de dos tercios del parlamento. Es decir, que si el PSPV quisiera proponer a alguien, debería hacer las paces con el PP, ya que ellos tan solo suman 31 diputados.
Con Compromís sería insuficiente porque tienen una representación de 15 escaños y son necesarios 66. Y tampoco el Partido Popular podría arrebatarle en esta ocasión este nombramiento porque con Vox suman 53 parlamentarios.
El último episodio, ahora, es el derecho civil valenciano. La reforma constitucional fue impulsada por Les Corts en 2020. Con un Vox que no tiene interés en impulsar esta cuestión y la ruptura del diálogo entre PSPV y PP, seis años después esta modificación todavía sigue esperando que alguien la defienda en Madrid.
