Las conselleras Elena Albalat y Susana Camarero. GVA
Las 'conselleras' Albalat y Camarero llegan a un acuerdo tras el choque por el reparto de 200 funcionarios
Ambos departamentos cierran el conflicto esta semana con una división de personal en función de cada servicio.
Más información: El reparto de personal de Servicios Sociales desata la tensión entre las conselleras Albalat y Camarero
La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (dirigida por Elena Albalat) y la de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (liderada por Susana Camarero, también vicepresidenta primera de la Generalitat) han llegado a un acuerdo para el reparto de funcionarios tras varias semanas de conflicto.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ha sido esta misma semana cuando se ha cerrado el asunto después de que ambas hayan analizado conjuntamente la distribución de competencias y el personal ya asignado.
Por el momento únicamente ha trascendido que los funcionarios han sido repartidos en base a las necesidades en los distintos servicios, sin mayor detalle. De hecho, todavía no se les ha trasladado a estos empleados públicos cómo queda el acuerdo sobre el papel.
Según fuentes consultadas por este periódico, la comunicación oficial se producirá a más tardar después de la semana fallera. Del 16 al 19 de marzo los funcionarios de la administración autonómica gozan de una jornada laboral diferente a la del resto del año.
A partir de entonces, deberá ejecutarse los traslados de algunos de ellos, dado que en estos momentos estos se encuentran repartidos entre el Palacio de Valeriola, la Ciudad Adminitrativa del 9 de Octubre y las oficinas situadas en la calle Colón 80 de Valencia.
Desde que trascendió la crisis que había elevado la tensión entre Camarero y Albalat -tal como informó EL ESPAÑOL-, las conversaciones cruzadas se han sucedido de manera constante en el seno de la Generalitat para tratar de reconducir la situación. Algo que finalmente se ha logrado.
El líder del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, llegó a intervenir para tratar de evitar que la disputa se enquistara y acabara generando una crisis dentro del Gobierno. Pero hasta ahí.
Pasados los días y sin que trascendiera ningún movimiento más, la pelota pasó a estar en el tejado de las dos conselleras a la espera de que pudieran hallar una solución entre ambas.
La disputa entre ambas surgió a cuenta de la adscripción de los empleados públicos, una cuestión que se encontraba pendiente hasta la fecha tras la remodelación del Gobierno del pasado diciembre.
Con la dimisión de Carlos Mazón y la entrada de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, la Conselleria de Servicios Sociales pasó a manos de Albalat junto a Familia e Infancia. Mientras, Camarero perdió Servicios Sociales y dirige Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, además de ostentar la Vicepresidencia Primera.
Pasados casi tres meses y tras todo el proceso de reestructuración, llegó el momento de repartir a los llamados funcionarios horizontales o transversales.
Se trata de personal clave en el funcionamiento de la Generalitat, pues es el que se encarga de cuestiones como contratación, gestión económica, recursos humanos, servicios generales o coordinación administrativa.
Entre sus tareas está licitar contratos, gestionar nóminas, tramitar modificaciones presupuestarias o mantener en marcha los centros sociales.
¿Y qué es lo que ha sucedido? En resumen, una pugna entre Albalat y Camarero en este punto. En total, había 200 funcionarios que trabajaban en Servicios Sociales que con la división de las consellerias se tenían que repartir.
De acuerdo con fuentes del Gobierno valenciano, Albalat veía excesivo el personal que Camarero quería adscribir a su departamento por el presupuesto que maneja y las competencias que tiene.
Servicios Sociales (Albalat) gestiona más de 3.000 millones de euros, mientras que la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (Camarero) maneja alrededor de 400 millones.
Además, en total, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia concentra más de 3.500 puestos de trabajo, frente a unos 700 en la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.
La relación entre Albalat y Camarero no es reciente. La primera fue directora general de Familia, Infancia y Adolescencia con la segunda de consellera. Sin embargo, la escisión del departamento de Servicios Sociales no parece que haya caído demasiado bien.
A todo esto se sumaba otra cuestión, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo: la falta de entendimiento entre los subsecretarios de ambas consellerias a la hora de acordar el reparto de personal cuando se acometió la reestructuración.
El sindicato UGT llegó a alertar del "grave riesgo de colapso en la gestión de la Conselleria de Servicios Sociales" por esta situación. El Ejecutivo lo negó.
El sindicato denunció en un comunicado que la intención de la Vicepresidencia Primera era quedarse con un número de efectivos "desproporcionado" respecto al presupuesto que gestiona y al volumen de centros y servicios de su competencia.
Así, señaló que detraer funcionarios de Servicios Sociales afectaba a la contratación. "Sin personal suficiente no se podrán licitar nuevos contratos ni constituir mesas de contratación", afirmaron.
"Sin refuerzo en gestión económica se resentirá el pago a empresas y la tramitación de expedientes; sin recursos humanos no se podrán gestionar bolsas de trabajo para cubrir sustituciones en residencias ni crear o modificar plazas necesarias", afirmaron.
Ahora todos los funcionarios están a la espera de la comunicación oficial sobre cómo queda definitivamente el reparto.
