Vox rechaza para Valencia la Zona de Bajas Emisiones que aprobó en Castellón y pone en riesgo 14 millones para 2026

La ordenanza de Castellón vincula las restricciones de acceso del tráfico al centro de la ciudad a los índices de contaminación.

El partido de Abascal, sin embargo, rechaza este sistema para la ciudad de Valencia, al entender que los niveles de contaminación en la capital del Turia se alcanzarían con más facilidad que en la ciudad castellonense.

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Al respecto, estas fuentes aseguraron a EL ESPAÑOL que no ha habido avances en las negociaciones con el PP, socio del equipo de gobierno municipal, desde que Vox rompiera el acuerdo respecto a la ZBE un día antes de la votación.

Esta decisión pone en riesgo 14 millones de euros de 2026, a los que hay que sumar otros 4 millones de 2025, a los que el PP no quiere renunciar, pero para no perderlos, está obligado a conseguir la aprobación de la ZBE durante este ejercicio.

Para garantizar las ayudas correspondientes a 2025, la estrategia de la Concejalía de Movilidad es argumentar que en dicho año, el Ayuntamiento tenía una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones provisional, que es el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella, una zona de tráfico restringido.

Sin sanciones

Fuentes de Vox manifestaron que la única posibilidad para llegar a un acuerdo sería una ordenanza que garantizara que en la práctica no hubiera ninguna sanción.

"Aprobaremos por imperativo legal, y para salvar ayudas y compromisos económicos, ZBE sin régimen sancionador", añadieron.

La ordenanza de Castellón, sin embargo, sí contempla restricciones al tráfico y, por consiguiente, posibles sanciones, cuando se declare una situación de alta contaminación atmosférica.

Según se desprende de la ordenanza, "se entenderá por episodio ambiental de alta contaminación del aire a una situación en que las condiciones meteorológicas sean desfavorables para la dispersión y la ventilación, lo que hace que la concentración de algún contaminante aumente tanto que puede llegar a superar los valores límite establecidos por la legislación".

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, considera "no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones" como una infracción grave, que supone multas de 200 euros.

Tramitación

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal contenida para los municipios de más de 50.000 habitantes.

El objetivo es mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de un sistema de restricción a los vehículos más contaminantes.

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP y Vox, inició, mediante una moción aprobada en Junta de Gobierno Local el 28 de junio de 2024, la tramitación de la Ordenanza de zonas de bajas emisiones.

Posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó, a fecha de 27 de diciembre de 2024, el borrador de la ordenanza. Vox estuvo a favor de dicho texto. De hecho, sacó pecho de que la ZBE de Valencia era "menos lesiva para los valencianos gracias a Vox".

Pleno del Ayuntamiento de Valencia. EE

"La ciudad de Valencia ha sido beneficiaria de fondos europeos para implantar una ZBE, lo cual determina la obligación inexcusable de su ejecución en los términos presentados en la solicitud de subvención", manifestaron en un comunicado cuando el líder local era el concejal Juanma Badenas.

En la nota, además, celebraron que se habían retrasado las sanciones y se habían aplicado "numerosas exenciones".

Tras la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, inicialmente, a fecha de 25 de febrero de 2025, la Ordenanza iniciando el trámite de exposición pública que precedía al acuerdo plenario de aprobación definitiva.

La propuesta del equipo de gobierno, liderado por María José Catalá, consistía en una ZBE considerada "blanda" y progresiva que buscaba cumplir con la ley estatal sin aplicar restricciones drásticas de inmediato.

Ruptura

La ruptura del acuerdo llegó antes del pleno en el que debía votarse definitivamente. Una orden de la dirección nacional de Vox obligó a los concejales del partido en Valencia a desdecirse y votar en contra.

Este rechazo, sumado al voto en contra de Compromís y PSPV, impidió que la normativa municipal saliera adelante.

Vox justificó su voto en contra en el pleno aludiendo a "la libertad de movimiento de los valencianos", como señaló su portavoz y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez.