Un alto cargo de Compromís logró una vivienda protegida sin rebasar el umbral de renta al ser nombrado en diciembre

Un caso publicado por Las Provincias que ha señalado el PP para confrontar el escándalo de las VPP de Les Naus en Alicante, y que tanto su partido, Compromís, como también el PSPV, defienden que siguió "todos los trámites previstos en la legislación": "Cumplía todos los requisitos porque computaba su renta de 2015", exponen.

Navarro fue director del Institut Cartogràfic Valencià (IVC) durante los dos gobiernos del Botánico liderados por Ximo Puig. Accedió al cargo el 4 de diciembre de 2015 y permaneció en él hasta su cese en junio de 2023, poco después del cambio de ejecutivo y de que PP y Vox nombraran en su lugar a Montserrat Tello.

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La polémica se centra en que adquiriera una vivienda de protección pública en 2017, fecha en la que ya era alto cargo y cuando sus retribuciones se situaron en 54.563 euros brutos anuales.

Sin embargo, fuentes conocedoras del expediente explican que Navarro firmó en julio de 2016 el primer trámite como interesado en la compra de su vivienda en La Torre tras visitar los pisos que la promotora ofertaba.

Para poder formalizar la adquisición, tuvo que presentar la declaración de la renta correspondiente al año anterior, 2015, pues Hacienda reclama que se declaren ingresos a ejercicio cerrado.

La orden de 28 de julio de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda es la que regula el procedimiento, financiación y la documentación necesaria para adquirir una vivienda protegida.

Además de estar inscrito en el registro de demandantes, también debía justificar no ser propietario de ningún otro inmueble y tener unos ingresos determinados tomando como referencia el IPREM, por lo que tuvo que presentar la declaración de la renta del ejercicio anterior: 2015.

En aquel momento, el militante del entonces Bloc (hoy Més) era profesor en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), donde cuenta con una plaza en propiedad desde 2001.

Un puesto por el que cobraba un salario de 30.000 euros brutos anuales. Por lo que fuentes de Compromís defienden que cumplía los requisitos, dado que el límite fijado para optar a una vivienda protegida entonces estaba situada en 46.800 euros.

Al ser nombrado en diciembre de 2015, "tan solo percibió un salario de alto cargo los últimos 27 días del ejercicio", explican fuentes conocedoras del expediente. Durante 11 meses y 3 días su sueldo fue el de la UPV, por lo que con su declaración de la renta, insisten, en que fue posible que resultara beneficiario.

Adquisición y solicitud

La firma del visado, sin embargo, se retrasó por motivos que la promotora, ya extinta y que formaba parte de Grupo Lobe, achacó a la administración autonómica: había personal funcionario de baja y por tanto se había producido un atasco en los expedientes en tramitación. Entre ellos, el del propio ex alto cargo.

Motivo por el que se habría dilatado la firma. Así, a pesar de que la adquisición se produjo en 2017 con la exconsellera y actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, al frente de la dirección general de Vivienda, los papeles con la empresa, Promociones del Corredor Verde 2020, se sellaron un año antes y la renta que debía computar era la de 2015.

En este sentido, las fuentes socialistas consultadas por este diario señalan que "no es lo mismo la firma de la adquisición, que la de cuando se se solicita". "Entre una fecha y otra transcurren meses, y más en el caso de viviendas protegidas", añaden.

El pasado miércoles, antes del pleno de Les Corts, los diputados del PP recibían la instrucción de su portavoz, Nando Pastor, de "meter caña con el caso de la VPP del sesentamileurista de Compromís, Xavi Navarro" cada vez que subieran a la tribuna a realizar una intervención.

Un mensaje que acabó filtrándose al resto de partidos por un desliz del propio síndic, que la envió a un grupo de Whatsapp equivocado a primera hora de la mañana. 

Apenas unos minutos después de arrancar la sesión, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, manifestó que si se había producido "cualquier tipo de irregularidad" en este caso, que se investigase.

Pero con el paso de las horas, y tras recabar la documentación, la coalición ya hizo una defensa férrea del caso y defendió que Navarro "cumplía los requisitos de Camps y Rita Barberá", en alusión al expresident de la Generalitat y alcaldesa de Valencia, ambos del PP, que dirigían las administraciones autonómica y local cuando se fijaron las condiciones de acceso.