En color, los aprobados de 2024 con experiencia previa, entre los que predominan los familiares de estibadores. EE
Familiares de estibadores coparon las contrataciones en la estiba de Valencia investigadas en la gran operación antidroga
La posible corrupción en el Centro Portuario de Empleo es uno de los grandes ejes de la macrocausa de 'Spider'.
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Ocurrió lo de siempre. Familiares de estibadores coparon las 360 contrataciones del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Valencia en 2024. Así lo vaticinaban las bases, y así sucedió una vez más, tal y como lo acredita la relación de puntuaciones a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El contexto, sin embargo, sí es distinto. En primer lugar, porque se trata de una gran contratación tras el intento de liberalización del empleo en el sector, que debería permitir el acceso al puerto a cualquiera con la preceptiva titulación y experiencia.
En segundo lugar, porque el mencionado proceso de contratación se encuentra bajo sospecha en la macrocausa antidroga Spider.
Siete de los doce puntos de las bases de contratación eran para la experiencia previa, cuatro de ellos en la bolsa del Puerto de Valencia, tradicionalmente controlada por los estibadores y copada por sus familiares. En consecuencia, el nuevo sistema no ha hecho otra cosa que validar el anterior proceder.
El Frente Portuario se jactó en uno de sus escritos de que así ocurriría. "Prioridad bolsa (sic) hasta el 2017. A partir del 2018, tienen menos puntos. Y a partir de los del 2019, menos todavía. Los del 2022 no tienen prácticamente opciones", celebró esta organización sobre las bases.
El resultado convirtió este augurio en realidad. Para encontrar el primer aprobado sin experiencia previa hay que descender al puesto 406 de una lista de 529. En consecuencia, ninguno de los 96 sin experiencia previa en la bolsa de empleo accedió inicialmente a las 360 plazas.
Las contrataciones de 2024 son uno de los focos de investigación de la llamada macrocausa 'Spider', una investigación judicial que coordina el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia junto la Fiscalía Antidroga.
A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.
Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.
Dado el volumen de la macrocausa, es probable que acabe dividida en piezas separadas. Una de ellas apunta a ser la relativa a la corrupción en el Puerto a través del Centro de Empleo.
El juzgado señala a Óscar Martínez, representante de Coordinadora en el Puerto de Valencia -sindicato mayoritario de la estiba- como "el principal corruptor de la organización criminal" al actuar como nexo entre los líderes de la organización y las instituciones tanto públicas como privadas.
Esta trama, de acuerdo con los investigadores, gastaba grandes cantidades de dinero en introducir a los miembros de la organización en el empleo portuario para tener total disponibilidad de horarios para realizar servicios de extracción de droga.
Así, siempre según la investigación, intentaron cubrir "la mayor cota de turnos y terminales posibles", algo "vital" para el tráfico de drogas.
Estos 'enchufes' y los problemas derivados de los mismos fueron acreditados por los investigadores en las escuchas policiales que figuran en la causa entre trabajadores del puerto.
Y el último proceso de incorporación de empleados en otoño de 2024 es, precisamente, uno de los que protagonizan la investigación.
Imagen de un vehículo de la Guardia Civil en el Puerto de Valencia. Ana Escobar / EFE
El juez enumeró en su extenso auto de 1.600 páginas las conductas de Óscar Martínez para "favorecer la corrupción e infiltración" desde su privilegiada posición en el Comité de Empresa del Centro de Empleo.
Estas consistían, según el auto, en alterar los resultados del examen de acceso y prelación al puerto para favorecer a los miembros de la organización criminal; facilitar su acceso a la formación, requisito previo al empleo portuario; falsificar documentos y resultados de test de drogas; facilitar, previo pago, el acceso al empleo portuario; y sobornos a altos cargos portuarios con agasajos de cientos de euros.
Además, este investigado, según el juez, regenta en la sombra dos empresas de transportes, Teulogistics y Maritimteu, que también se encuentran dirigidas de manera clandestina por otros líderes de la organización como Iván T. y Borja M. y que están a nombre de testaferros.
De esta manera, Óscar Martínez habría sido el nexo de la organización criminal con la empresa Lematrans, participada por el grupo Noatum y la cual proporcionaba órdenes de servicio, como la introducción de un alijo de 1.160 kg de cocaína en julio de 2025.
El instructor señaló en su auto que la red tiene privilegios en la asignación de turnos de trabajo y descanso, un factor clave para la consecución de las operativas de extracción de cocaína de las terminales portuarias.
Alteración del examen de 2024
Uno de los asuntos que se le imputa al representante sindical es el relativo al examen de acceso a puestos de trabajo que tuvo lugar en noviembre de 2024.
La organización criminal, de acuerdo con la causa, habría alterado los resultados para promocionar a algunos miembros de la organización gracias a la posición de Óscar Martínez en el sindicato mayoritario del Puerto de Valencia. Los puestos fueron ocupados tanto por miembros de la red como por familiares -entre ellos, la propia hija del investigado-.
El segundo asunto que se le imputa es el de la alteración de los resultados de controles antidroga efectuados en el acceso al Puerto de Valencia. Otras alteraciones se extendieron hasta la bolsa de junio de 2025.
Excedencia tras un arresto
El tercer asunto que se le imputa es el relativo a posibles falsedades documentales en la excedencia de un empleado y en el certificado de acreditación de una formación.
En cuanto a la excedencia, se trataba de un empleado que entró en prisión tras ser detenido en otra operación de narcotráfico. Esta fue firmada con fecha de dos días antes del arresto.
Respecto a la acreditación de la formación, un trabajador necesitaba un certificado sobre que había impartido al menos 600 horas de formación, algo que nunca había realizado.
Óscar Martínez, según el auto del juez, lo gestiona y bromea con que el beneficiado tenía que pagar la farlopa en contraprestación en la próxima fiesta.
El cuarto asunto que se le imputa es el de la corrupción por parte de la red en el acceso al empleo portuario debido a las maniobras para dar acceso, previo pago, a los diferentes puestos de trabajo de la estiba dentro del Puerto.
Enchufes políticos
En este punto se incluyen algunos favores políticos, como el acceso a un puesto del sobrino de Ornella Chacón, expresidenta de Puertos del Estado entre 2018 y 2019 bajo el mandato del entonces ministro José Luis Ábalos y condenada por el Tribunal de Cuentas por irregularidades junto con Álvaro Sánchez Manzanares, imputado también en el 'caso Koldo'.
El investigado, expuso el juez, "utilizaría sus contactos con otros altos cargos para dar acceso al empleo de la estiba de forma fraudulenta, a cambio de soborno y en contra de los principios de contratación".
La organización también gestionó otros contratiempos, como sufragar los gastos de internamiento de algunos de sus miembros en el centro de desintoxicación.
