Imagen de archivo de la entrada del Hospital General de Valencia. GVA
La primera auditoría forense de la Generalitat halla una gestión irregular de fondos del Hospital General en 2022 y 2023
El análisis apunta a un impacto económico de 208.000 euros por el uso indebido del dinero por parte de la exgerente de la Fundación de Investigación.
Más información: La gran 'auditoría forense' del sector público valenciano anunciada por Mazón, atascada dos años después
La primera auditoría forense que la Generalitat tiene en sus manos dos años después de que Carlos Mazón anunciara un gran análisis del sector público apunta a irregularidades en la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia. Los ejercicios a los que se refiere son, sobre todo, 2022 y 2023, durante el anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem.
La auditoría, elaborada por Asesores Forenses y Financieros SL y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, concluye que el impacto económico asciende a 208.022,66 euros y detecta uso indebido de fondos estructurales o gastos no justificados.
El análisis se produjo a raíz del cese de la gerente de la fundación que estuvo entre mayo de 2023 y diciembre de 2024.
El patronato solicitó entonces que se realizara un informe jurídico y económico al considerar que había habido un mal funcionamiento y, paralelamente, la Generalitat pidió un informe económico-forense.
El objetivo principal, justificaron, era "verificar la legalidad y adecuación del uso de los fondos, así como identificar y cuantificar posibles irregularidades y perjuicios económicos para la entidad ocasionados por la gerente, quien simultáneamente ejercía como investigadora principal del laboratorio BTE-LAB en dicha fundación".
La auditoría expone un total de cuatro irregularidades. La primera es el "uso indebido de fondos estructurales para financiar proyectos de investigación en los que la gerente figura como investigadora principal".
La segunda es la contratación de personal con cargo a fondos estructurales "sin la debida autorización de los órganos superiores" y "sin la existencia de un proyecto de investigación que lo justificara".
Ambas actuaciones, destaca el informe, "no solo contravienen los principios de correcta imputación presupuestaria y transparencia en la gestión de fondos", sino que, además, "se han intentado justificar posteriormente ante la Junta de Gobierno con argumentos que no se corresponden con la realidad contable".
Este uso irregular de los fondos estructurales, sostienen los auditores, puede suponer "un grave incumplimiento de las normas internas y de los principios de buena gestión financiera exigibles a la fundación".
Viajes a Boston
La tercera irregularidad consiste en la imputación de gastos no justificados, especialmente viajes internacionales y contratos prorrogados sin respaldo financiero.
Y la cuarta las deficiencias en la gestión administrativa y documental, así como incumplimientos normativos y organizativos.
Para todo ello se revisaron dos expedientes. En uno de ellos se detectó cofinanciación irregular de contratos de personal con instrucciones expresas para financiar proyectos propios con fondos estructurales. El importe irregular total se ha cuantificado en 46.601,88 euros en 2022 y 55.142,27 euros en 2023.
En el otro expediente se comprobó la imputación de costes salariales sin proyecto de investigación y sin autorización por un total de 94.875,29 euros.
El análisis también alcanzó a los viajes a Boston por parte de la entonces gerente. La mayoría de las facturas se vinculan a proyectos personales, aunque imputadas a fondos estructurales. Hay, indica el informe, justificación insuficiente y sobrecostes no explicados por importe total de 7.296,93 euros.
"La gran parte de las facturas de los viajes a Boston fueron autorizadas y justificadas en relación con actividades científicas y de gestión vinculadas al proyecto Plan Gent", indica el informe.
"Sin embargo, la documentación evidencia un nivel de justificación insuficiente sobre la necesidad, finalidad y relación directa de dichos desplazamientos con las actividades de la fundación", remarca. Así como, añade, "varios cambios de fechas que han generado sobrecostes no suficientemente explicados".
Entre las irregularidades se cita igualmente la contratación de una investigadora financiada con fondos de cuenta recíproca, dedicando parte de su tiempo a otros proyectos en lo que generó "un posible coste de oportunidad no cuantificado".
Acciones legales
En cuanto a contratación irregular, la auditoría menciona la de un auditor interno, contratado sin aprobación del órgano competente, con un coste empresa de 21.919,61 euros.
El impacto económico acumulado de todas estas irregularidades verificadas asciende a 208.022,66 euros, de los cuales 117.150,49 euros corresponden a fondos estructurales y 90.872,17 euros a fondos Amper.
Por todos estos motivos, la auditoría recomienda fortalecer los controles internos y considerar acciones legales para depurar responsabilidades, algo que supondría denunciar por vía judicial a la exgerente.
Este informe es el primero que se conoce desde aquel anuncio del que fuera presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en enero de 2024 sobre una gran auditoría forense de todo el sector público valenciano.
Como ha informado EL ESPAÑOL, casi nada se ha concretado desde entonces. O, mejor dicho, solo una cosa: el análisis conocido ahora sobre la Fundación de Investigación del Hospital General.
El actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se desmarcó del retraso la semana pasada a preguntas de este periódico. "No puedo responder de aquellas cosas del Ejecutivo del que no formaba parte. Mi acción de Gobierno es desde que fui yo elegido", afirmó.
El análisis sobre los fondos de la fundación vinculada al Hospital General lo ha elaborado Asesores Forenses y Financieros SL, vinculada a la firma GPartners, y es bastante reciente.
De acuerdo con la Plataforma de Contratación, la Conselleria de Hacienda le adjudicó el contrato el pasado octubre por 17.535,51 euros (impuestos incluidos).
