Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca, durante su reunión el pasado diciembre. Alberto Ortega / EP
Lo que deja en el aire el decreto ómnibus: de la exención fiscal de las ayudas dana al endeudamiento excepcional
El Gobierno estudia un nuevo encaje legal para las medidas valencianas, pero quedan pendientes otras como las entregas a cuenta.
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El decreto ómnibus del Gobierno central que el pasado martes decayó en el Congreso llevaba consigo diversas cuestiones que, o bien específicas o bien por su componente territorial, afectan a la Comunitat Valenciana y que ahora quedan en el aire.
Las más significativas son la exención fiscal de las ayudas dana, la autorización del endeudamiento excepcional de la Comunitat Valenciana para cubrir gastos derivados de la tragedia o la actualización de las entregas a cuenta -el dinero que les corresponde a las CCAA (y que le transfiere el Ejecutivo central) en base a la recaudación de impuestos y al sistema de financiación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a recurrir, al igual que hizo en 2025, al llamado decreto ómnibus. Un mecanismo legal (el del Real Decreto Ley) contemplado en la Constitución solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" pero al que el Ejecutivo central y los autonómicos recurren con mucha más asiduidad de la deseable.
Este tipo de decretos se convierten en una suerte de cajón de sastre para incluir numerosas medidas dispares. Y es lo que ha hecho el Gobierno incorporando, por ejemplo, la subida de las pensiones y otras cuestiones.
Como era previsible, el PP -junto a Vox y Junts- tumbaron el texto. Ahora -y como sucedió el año pasado-, el Ejecutivo seguramente optará por separar por materias el contenido.
La pregunta es cuáles intentará sacar adelante de manera independiente y cuáles no para lograr los apoyos necesarios. Y si entre ellas estarán las que afectan a la Comunitat Valenciana.
Por el momento, Compromís negocia a través de Sumar con el PSOE para que se recuperen las relacionadas con la dana.
El decreto ómnibus establecía en su artículo 20 la exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas concedidas por la Generalitat: las dirigidas a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas que hubieran sufrido daños y las destinadas a los autónomos de zonas afectadas por la tragedia.
La medida, además, tenía efectos retroactivos desde el 29 de octubre de 2024 y permitía recuperar lo ya pagado por esos impuestos.
Esa exención en la tributación fue una de las dos peticiones atendidas por Sánchez en su reunión en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado diciembre. Así que tenía un componente político importante al tratarse de un compromiso adquirido por el jefe del Gobierno central.
Junto a esa medida, el decreto ómnibus contemplaba, "excepcionalmente en 2026", que la Comunitat Valenciana pueda recibir asignaciones del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas o autorizaciones de endeudamiento con esa finalidad. Todo ello para cubrir gastos extraordinarios derivados de la dana.
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez traslada que negocian con el PSOE, si bien todavía no concretan el encaje legal.
Entregas a cuenta
En cuanto a las cuestiones que afectan a las CCAA y, por tanto, a la valenciana, se encontraba la actualización de las entregas a cuenta.
Éstas van a asociadas a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que si no se actualizan la Generalitat recibe las correspondientes a los de 2023 dado que son los que están prorrogados.
Esto se traduce, como publicó Valencia Plaza, en que la Administración autonómica cuente con unos 250 millones de euros menos al mes.
El propio decreto ómnibus que ha sido tumbado reconoce que las entregas a cuenta deben actualizarse porque, de no hacerlo, "se generarían unos resultados financieros indeseados, contrarios a la lógica financiera" de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
"Ello es así porque impediría trasladar a las comunidades autónomas y a las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la considerada para el año 2023, que corresponderían en prórroga presupuestaria en 2026, y la actualizada para el año 2025", admite el texto.
"Adicionalmente, la no actualización generaría distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado, que devendrían en graves e irreversibles en ausencia de las medidas contempladas en este real decreto-ley", añade.
"Por el contrario, su cálculo con las previsiones de ingresos conforme a las que se realizó la actualización de las entregas a cuenta de 2025 permite minimizar el referido desfase y dar un mejor cumplimiento a la finalidad perseguida con el sistema de entregas a cuenta, que no es otra que asegurar en el tiempo la cobertura de la financiación de los servicios de las administraciones territoriales", argumenta.
La cuestión ahora es si el Gobierno central, que reconoce la manera en la que afecta a la caja de las CCAA -y de la Comunitat Valenciana por su infrafinanciación-, habilitará otro mecanismo legal para dar solución.
