Juanfran Pérez Llorca, durante una comparecencia en el Palau. Rober Solsona / EP
Llorca se desmarca del retraso de la auditoría forense del sector público anunciada por Mazón: "Respondo por mi Ejecutivo"
El presidente de la Generalitat indica que uno de los análisis encargados en 2024 señala el excesivo número de entes: "Trabajaremos en esa línea"
Más información: La gran 'auditoría forense' del sector público valenciano anunciada por Mazón, atascada dos años después
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se desmarcó este martes del retraso en la elaboración de las auditorías forenses anunciadas por Carlos Mazón hace dos años y ninguna de las cuales se ha hecho pública todavía.
"No puedo responder de aquellas cosas del Ejecutivo del que no formaba parte. Mi acción de Gobierno es desde que fui yo elegido", afirmó.
El 16 de enero de 2024, Mazón realizaba uno de sus grandes anuncios de legislatura: una auditoría forense de todo el sector público valenciano. El objetivo era, afirmó, poner fin al "malgasto y descontrol" que había caracterizado la época del anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem.
Desde la Conselleria de Hacienda trasladan que se encuentra "en proceso".
La finalidad, comunicó la Generalitat, era "dotarse de las medidas adecuadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; permitiendo ejercitar las acciones legales procedentes para recuperar los fondos que hayan podido ser objeto de apropiación indebida, en su caso".
El anuncio de Mazón se enmarcó en un pack de promesas de recorte del gasto público durante sus primeros meses al frente del Gobierno autonómico.
En marzo de 2024, la Generalitat realizaba el encargo de manera oficial y circunscribía la auditoría al 2023, año electoral.
El anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) estuvieron al frente del Ejecutivo la mitad de este ejercicio, puesto que el nuevo Consell del PP y Vox se conformó en julio.
El periodo de vigencia del contrato se fijó en dos años: entre julio de 2024 y julio de 2026. El importe -con impuestos- era de 1.195.520 euros.
El sistema contemplaba dos fases: una primera en la que todas las empresas interesadas presentan la documentación requerida; y una segunda con la licitación de los contratos específicos.
Auditoría operativa
De manera paralela a la auditoría forense, la Generalitat también puso en marcha una operativa, que también se ceñía a 2023. En ella se iban a analizar todos los organismos autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles y consorcios dependientes de la Generalitat.
Este análisis ya está acabado y está pendiente de que pase por el pleno del Consell.
Sobre esta auditoría, Pérez Llorca señaló este martes que se trasladará a cada departamento correspondiente "para los siguientes pasos que se tengan que adoptar".
"Yo soy un defensor de que la administración sea eficiente y esas auditorías nos tienen que servir como camino de lo que tiene que ser la administración", señaló.
Estos análisis, comentó, "se encomendaron en su día" porque tenían "la percepción de que en la etapa del Botànic el sector público estaba muy hinchado".
"Las auditorías señalan eso y en esa línea tendremos que trabajar en los próximos meses", incidió.
