Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch
Pérez Llorca pone fin a la austeridad de Mazón: más consellerias, más asesores y plan de ajuste 'light'
El pleno del Consell elimina el límite máximo de eventuales a contratar que marcó el expresident en 2023 y ya puede superar los 72.
Más información: El PSPV acepta reunirse con Llorca en el Palau y Compromís pone como condición que le reclame el acta a Mazón
Desde que tomó posesión del cargo como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca está adoptando una serie de decisiones que marcan una importante distancia respecto al que fuera su predecesor en el cargo, Carlos Mazón.
Entre las más vistosas, se encuentran aquellas vinculadas a la gestión de la dana: contacto con las víctimas o visita a pueblos que fueron arrasados por el agua el 29 de octubre de 2024. Pero también otras que afectan a la estructura organizativa del Gobierno que dirige, más grande y menos austero.
El pleno del Consell acordó este viernes eliminar el límite de asesores que se autoimpuso en su momento el ejecutivo de Mazón para distanciarse del ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig. Una medida que impedía rebasar el tope de 72 eventuales.
En realidad, el Botánico -gobierno de coalición formado por PSPV, Compromís y Podemos- aprobó en su día un decreto para limitar a 116 el tope de asesores a fichar. Pero tras las elecciones autonómicas de 2023, los populares se apretaron el cinturón para bajar en 44 el equipo de temporales.
De esa manera, cada una de las 10 consellerias que conformaban el ejecutivo de Carlos Mazón -incluido el propio Palau- tendrían derecho a 7 asesores aproximadamente.
Pero no fue así, puesto que se les limitó a cada una a contar con un equipo máximo de 4 eventuales. El resto, pasarían a formar parte del equipo de asesores del presidente.
La medida, anunciada en su momento por Mazón, era vistosa, estética y gozaba de buena prensa entre el electorado. No en vano, se justificó en la "necesidad de eliminar grasa política de la administración y recortar gastos superfluos". O dicho de otro modo, innecesarios.
Pero a la interna, miembros del ejecutivo reconocían que era poco eficiente porque ralentizaba el trabajo que se podía desarrollar en algunos departamentos. Muchos eran los que, incluso, reconocían que iban justos de personal en el día a día.
Con el acuerdo de este viernes, Pérez Llorca, no solo rompe con esta exigencia que su propio predecesor se había forzado a cumplir, sino que también marca distancias con el concepto de lo que considera como "grasa política de la administración".
Y no solo respecto a los asesores, también lo hizo respecto al diseño del propio ejecutivo autonómico.
Apenas horas después de convertirse en el presidente de la Generalitat, el exalcalde de Finestrat diseñó un ejecutivo de 12 consellerias, en la que también se incluía Presidencia.
Incorporó una Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, además de un departamento dedicado a Servicios Sociales, Familia e Infancia.
Vivienda, además, pasó a tener cartera propia y se integró en la Vicepresidencia primera del ejecutivo valenciano, lo que evidenciaba la relevancia que se le quería otorgar a esta área en un momento como el actual, donde el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los valencianos y en especial la gente joven.
Medidas que supusieron, en definitiva, la primera enmienda a la totalidad al modelo dibujado por el expresident tras la crisis de la dana y que rompieron con el tabú de dimensionar la administración.
Tanto el aumento de asesores, como también el de consellers, son medidas meditadas en un contexto marcado por la reconstrucción del territorio, tal y como reconoció el propio portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina.
Plan de ajuste 'light'
El el aire queda si Llorca se distanciará de su antecesor en otro de los últimos anuncios que realizó para reducir el gasto en la administración: el plan de ajuste que dio a conocer tras la no llegada del FLA extraordinario por parte del Gobierno central.
Por el momento, pocas cosas concretas se han sabido y entre sus promesas nunca se ha situado el citado plan. Éste tenía tres ejes principales: un plan de control de absentismo de los funcionarios, la venta de patrimonio para conseguir liquidez y un recorte de las subvenciones que otorga la Generalitat.
De todos ellos, tan solo se conoce la puesta en marcha del segundo. La Dirección General de Patrimonio comenzó a realizar un inventario de los inmuebles de la Generalitat disponibles para poner en alquiler o sacar a la venta.
Además, también comenzó a estudiar el cambio de sedes de algunos departamentos para amortizar espacios. Respecto a las subvenciones, tan solo trascendieron los recortes pactados en su momento con Vox en los presupuestos.
