Alejandro Escribano, arquitecto urbanista, en la comisión de investigación de la dana. José Cuéllar / Corts
El arquitecto que perdió a su sobrina en la dana señala la Ley de la Huerta: "Los artículos que impedían las obras son claros"
Escribano critica también la alerta tardía y la falta de "profesionales" al frente del Cecopi el día de la tragedia.
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Alejandro Escribano compareció este lunes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes. Asistió en calidad de experto para tratar de arrojar luz sobre las causas que provocaron las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024 en las que fallecieron 230 personas. Una de ellas era su sobrina.
Este experto insistió en la tesis que ya han esgrimido varios expertos: las obras de desvío del barranco del Poyo hubieran salvado vidas, así como una alerta a tiempo. Y aprovechó para señalar a la Ley de la Huerta aprobada en 2018 por el Gobierno de Ximo Puig como uno de los factores principales que congelaron las actuaciones previstas en los cauces desde 2011.
Según Escribano, los condicionantes que marcaba la norma impedían de todas las maneras poder ejecutar las obras. En concreto, por aquello que se concretaba en el artículo 24.1 de la citada ley.
Este establece que las infraestructuras que se hicieran deberían "evitar la fragmentación y degradación de los elementos que componen la huerta"; "asegurar su permeabilidad para las personas, especies de flora y fauna, garantizando la continuidad de los ecosistemas".
También habrían de "concentrar las infraestructuras lineales en corredores multimodales y minimizar la ocupación del suelo de huerta". Toda una serie de "limitaciones" que complicaban la ejecución de las siete obras de encauzamiento que se diseñaron en 2011 por parte de Typsa.
"Esas condiciones son imposibles de cumplir cuando se tiene que hacer un cauce que tiene en su parte baja entre 30 y 40 metros de anchura, y en su coronación unos 80 metros", advirtió el arquitecto urbanista en su intervención en Les Corts.
"Está claro que una actuación como el desvío del barranco del Poyo al Turia, la vía verde, iba a interrumpir todo el sistema de regadíos, de accesibilidad y iba a suponer una fragmentación de la huerta", añadió.
"Ustedes dirán que con una lectura amable de la ley podría haberse hecho, pero en este país hay una cosa que se llaman tribunales de justicia", siguió el experto, quien a continuación señaló: "Estamos en un estado de derecho y es absolutamente impensable que un recurso contra un proyecto que va de forma tan frontal contra lo que dice la ley hubiera podido salir indemne de un tribunal", aseveró.
María José Salvador y Alicia Andújar, del PSPV, e Isaura Navarro, de Compromís. José Cuéllar / Corts
Ahora bien, esta víctima de la dana no solo señaló a la Ley de la Huerta de Puig, y de la consellera de Infraestructuras en aquel momento, María José Salvador, actualmente diputada autonómica y que en ese momento se encontraba en la comisión. También censuró el Plan Acción Territorial de Ordenación y Dinamización (PAT) de la Huerta de Valencia.
Esta norma, que desarrollaba reglamentariamente lo que establecía la Ley de la Huerta, también apunta en el artículo 59 las condiciones para ejecutar infraestructuras en todo este trazado. Entre ellas, que se "evite la fragmentación y degradación de los elementos que componen la huerta", o mantener la "conectividad funcional, física y visual del paisaje".
Además, también establece que se debe "evitar o minimizar los efectos negativos de las infraestructuras sobre elementos del paisaje" y "evitar actuaciones que dificulten la actividad agropecuaria, en particular el cultivo de la tierra".
Respecto a esto, Escribano fue tajante. "¿Todo esto se puede cumplir con un canal de este calibre? Pues miren, no". "Es imposible", aseguró el técnico.
A juicio del compareciente, los redactores del PAT de la Huerta "sabían perfectamente que había unas infraestructuras hidráulicas previstas y pensaron que era mejor utilizar mecanismos de minimización de riesgos, como áreas inundables y bosques de ribera. Pero es imposible que eso pueda evitar una inundación de tal magnitud".
El desvío y la alerta
"No soy un experto en obras hidráulicas, pero no hace falta ser un experto para darse cuenta de que cuando se trata de sacar hacia el mar una lluvia de 500-600 litros por metro cuadrado en apenas 10 horas, no se puede resolver con zonas inundables y minimizaciones", concluyó.
Este experto, que perdió a su sobrina -hija única de su hermano- en la dana de octubre de 2024, defendió la necesidad de ejecutar las actuaciones en el barranco del Poyo, cuyo desvío hacia el Turia hubiera servido para absorber entre el Poyo y el Turia un total de 1.500 metros cúbicos de agua de los 2.500 - 3.000 que hubo.
"¿Eso qué significa? Que el agua hubiera bajado de nivel. La diferencia entre tener 1 metro de agua y 2 metros de agua es la diferencia entre vivir o morir. Es la diferencia entre acabar en una tintorería limpiando la ropa, o acabar en un tanatorio. Y lo digo porque lo he vivido", trasladó Escribano a los diputados de la comisión.
"Estoy seguro de que si la vía verde hubiera estado hecha, mi sobrina estaría viva", dijo el urbanista, quien a continuación manifestó que tal afirmación no podía ser rebatida. "¿Esto es rebatible? Difícilmente lo es".
El compareciente recordó que históricamente l'Horta Sud ha sufrido 68 inundaciones, 34 de ellas, graves. Especialmente, las que ocurrieron en 2007, 2008, 2012 y 2019.
Jesús Pla (Compromís), José María Llanos (Vox) y Fernando Pastor (PP). José Cuéllar / Corts
"La protección del territorio no es algo voluntario o algo que a una administración se le pueda ocurrir que a lo mejor hay que hacer, o no hay que hacer. Hay normas de obligado cumplimiento", sostuvo.
En este sentido, recordó que el Plan Hidrológico Nacional de 2001 preveía en su anexo una serie de obras de encauzamiento que debían realizarse para prevenir inundaciones en determinadas poblaciones.
"A partir de 2007 hay una Directiva europea que obligó a los estados miembros a hacer unos planes de gestión de inundaciones", remarcó.
En España, esa Directiva se transpuso en 2010. "Muy tarde", consideró. "Me resulta especialmente dramático que no se ejecutasen las obras, que estaban proyectadas ya en 2011", añadió este experto, que, a su vez, es víctima de la riada.
En su opinión, el 29 de octubre de 2024 "las dos cosas fallaron: las obras que tenían que haber estado no estaban y la alerta a la población se tenía que haber hecho antes".
Por último, también consideró que la falta de información en la dana fue letal para las víctimas. "Si se hubiera recibido la información a tiempo, personas como mi sobrina estarían vivas, puesto que un sistema de alerta es fundamental". Por ello, abogó por profesionalizar la respuesta ante emergencias y defendió que al frente del Cecopi "tendría que haber habido algún profesional".
