Teresa Ribera, hoy vicepresidenta primera y comisaria de Competencia en la Comisión Europea. Europa Press
La desaparecida Teresa Ribera: un año sin pisar Valencia tras la dana ni explicar por qué paralizó las obras del Poyo
La exministra frenó las obras en 2021 por "problemas ambientales" y el factor "coste-beneficio". Sólo ha hablado del tema dos veces.
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Este miércoles se cumple un año de la trágica dana de Valencia. 365 días desde que las inundaciones provocadas por el desbordamiento del barranco del Poyo y del río Magro dejaron a su paso 229 víctimas mortales y unos daños materiales que superan los 17.800 millones de euros.
Un 29 de octubre marcó un antes y un después en absolutamente todo.
En el ámbito político, la legislatura en curso acabó de forma abrupta. La oposición pasó a centrar su labor de fiscalización en advertir todos los fallos que se produjeron en la gestión de la emergencia, con la ausencia del presidente de la Generalitat aquel día, Carlos Mazón, y el "aviso tardío a la población" como eje central de su argumentario.
El Gobierno valenciano, por su parte, ha concentrado su defensa en la ausencia de avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ejecutivo central, "en el peor momento".
El principal reproche: que no vigilaron los barrancos, a pesar de que su reglamento de funcionamiento interno atribuye esta potestad al órgano que preside Miguel Polo.
Administración autonómica y central se han señalado una a otra y batallan a día de hoy, además, por las cifras de la recuperación. En ese contexto, algunas figuras han gozado de un especial protagonismo por los cargos de responsabilidad que ostentan, como es el caso de Mazón, Sánchez o el propio Polo.
Otras, también igual de trascendentales, sin embargo, han pasado más desapercibidas hasta día de hoy, como Teresa Ribera, entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La gestión de su cartera tuvo un papel clave en lo que ocurrió y se pudo haber evitado si su departamento hubiera autorizado unas obras de encauzamiento que hubieran costado 240 millones de euros.
Su ministerio es el máximo responsable de los cauces que discurren por toda España, así como de su adecuación y mantenimiento. Pero desde que ocurrió la tragedia, la ahora vicepresidenta primera y comisaria de Competencia en la Comisión Europea (pasó a ocupar este cargo un mes después de la dana) tan solo se ha pronunciado dos veces sobre lo ocurrido.
Teresa Ribera. Johannes Neudecker
La primera ocasión, en el Congreso de los Diputados, en una intervención que duró apenas 8 minutos para responder a las preguntas de la oposición y en la que se limitó a censurar la actuación de la Generalitat Valenciana. Además, subrayó que "por supuesto" visitaría Valencia y la zona cero de la dana para comprobar de primera mano la magnitud de lo ocurrido. Algo que un año después todavía no ha ocurrido.
La segunda, en el Senado esa misma tarde. En 40 minutos enumeró protocolos, competencias que tiene atribuidas cada administración, y cómo actuó la Aemet y la CHJ la tarde de la dana.
Pasó de puntillas por las obras para encauzar barrancos pendientes desde 2011 al alegar que desde que el PSOE accedió al Gobierno, su departamento ha intentado sin éxito renovar la declaración de impacto ambiental simplificada.
Hoy, el Gobierno ha retomado uno de los siete proyectos, el de La Saleta, que su departamento frenó en 2021 alegando "problemas ambientales" y falta de presupuesto, o una "visión del coste-beneficio".
Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, el equipo de Teresa Ribera denegó a este medio tanto la concesión de una entrevista como la respuesta a un breve cuestionario sobre sus explicaciones pendientes un año después de la tragedia, en el que no ha visitado las zonas afectadas.
Las siete obras
La necesidad de adecuar los cauces del Poyo y la Saleta es una realidad detectada, al menos, desde 1994, como informó EL ESPAÑOL. En este tiempo, desde el último Gobierno de Felipe González al actual de Pedro Sánchez, se han sucedido nueve iniciativas para abordar estas obras. Pero por diversas cuestiones legales, burocráticas o ambientales, todos acabaron en un cajón.
Conexión entre el barranco del Poyo y el nuevo cauce del Turia prevista en el proyecto de Typsa. EE
Los proyectos para encauzar, desviar y laminar agua en la cuenca del Poyo, en total siete actuaciones ideadas en 2010 por la firma de ingeniería Typsa, estaban previstos para desarrollarse en 11 municipios: Alaquàs, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja del Turia, Torrent y Xirivella. Y recibieron el visto bueno del Ejecutivo hace 14 años.
Fue la propia Teresa Ribera quien autorizó la declaración de impacto ambiental en 2011 cuando ocupó la Secretaría de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde ese año, tan solo restaba que el Gobierno de España pusiera el dinero y ejecutara las obras.
Pero esta acabó caducando porque el gobierno de Mariano Rajoy no impulsó las obras hidráulicas ni tampoco renovó este trámite durante su mandato. La exministra excusó su responsabilidad en su intervención en el Congreso antes de partir a Europa en esto mismo, en que había sido el PP quien había dejado caer en el olvido estas actuaciones.
Ahora bien, los socialistas recuperaron el Gobierno en 2018 tras superar la moción de censura. Por lo que pudieron recuperar la DIA desde entonces, así como incorporar partidas presupuestarias dirigidas a estos barrancos en sus primeros presupuestos, los de 2021. Pero tampoco esto ocurrió.
Bastaban 55 millones
El proyecto original completo para la cuenca del Poyo que la Confederación Hidrográfica del Júcar revelado por EL ESPAÑOL, contemplaba que la primera y más importante de las obras previstas, que consistía en un desvío de aguas al Turia, sólo costaba 55 millones a ejecutar en tres años. Si se hubiera incluido en las cuentas de ese año, se habría ejecutado antes de la fatídica dana.
Trabajos de la Guardia Civil en la dana. Rober Solsona / Europa Press
En su lugar, aquel año el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico frenó las actuaciones previstas en el barranco del Poyo amparándose en falta de presupuesto y problemas ambientales. Con esto, señalaban -sin mencionarlo- a la Ley de la Huerta aprobada por el Gobierno de Ximo Puig en 2018, pues el Consell de l'Horta que creó esta norma había emitido informes contrarios a la obra.
Este argumento, no obstante, chocó con declaraciones de compañeros de partido. La consellera de Infraestructuras valenciana en aquel momento, María José Salvador, desmintió que la Ley de la Huerta fuera una traba para el desarrollo de esta actuación.
Salvador sostuvo en sede parlamentaria que el Gobierno tuvo "informes favorables condicionados". Documentos vinculantes del mencionado Consell de l'Horta que habían sido elaborados por consultoras externas.
¿Había impedimentos legales para llevar a cabo los proyectos, entonces? ¿O solo se trataba de una cuestión de inversión presupuestaria? Tampoco Ribera ha aclarado en el último año esta cuestión.
Este periódico ha intentado obtener respuesta por parte de la ya vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, pero su departamento ha declinado contestar a las preguntas que se le han trasladado.
Sí invirtió en el Ebro
La falta de inversión en Valencia, contrasta con lo ocurrido un poco más al norte, en la comunidad autónoma vecina: Cataluña. En el ejercicio 2021, cuando Ribera descartó las inversiones ideadas por los expertos para la cuenca del Poyo, sí hubo otra partida presupuestaria destinada a infraestructuras hidráulicas. Pero se las llevaron otras cuencas, entre las que destaca la del río Ebro.
El Ministerio presupuestó para el Ebro 33,7 millones en un solo año, pero descartó los 55 para las primeras obras del Poyo que hubieran tardado en estar listas tres años y habrían salvado vidas, puesto que habrían concluido a principios de 2024.
Un año después de la tragedia, Ribera no ha visitado la zona cero de la dana. Tampoco ha explicado en detalle y con claridad por qué su departamento descartó ejecutar siete proyectos que hubieran sido el salvavidas de los municipios arrasados por el agua.
