Empleados públicos. Efe
La tasa de interinos de la Generalitat se reducirá a un 25% gracias a los procesos de estabilización, según el Consell
El porcentaje queda lejos del objetivo del 8% marcado por Europa y el Gobierno plantea limitar a 2 años los contratos temporales.
Más información: El Gobierno presume de haber convocado 260.000 plazas para funcionarios, pero 1 de cada 3 aún tiene contrato temporal
El Gobierno valenciano estima que la tasa de interinos en la administración autonómica se reducirá a un 25% una vez concluyan las OPE de estabilización. Unos procesos extraordinarios que se pusieron en marcha a raíz de la sentencia europea de marzo de 2020 que obligaba a España reducir la temporalidad en la administración.
La cifra, trasladada recientemente a los sindicatos, queda lejos del porcentaje que la exconsellera de Función Pública con el gobierno de izquierdas, Gabriela Bravo, calculó que se lograría con estos procesos: el 20%. Pero más aún del objetivo marcado por Europa, el 8%. Y es que la temporalidad en la administración valenciana se ha disparado en los últimos años.
Los últimos datos de los que se disponen son los que ofrece el informe de fiscalización de gastos de personal de la Administración valenciana respecto al ejercicio 2023 de la Sindicatura de Comptes. Este señalaba que en la Generalitat trabajaban 80.391 trabajadores temporales, incluyendo Sanidad y Educación. Una cifra que representaba en torno al 49,6% de su plantilla total.
Si se atendía únicamente a la Administración de la Generalitat, el porcentaje de interinos bajaba al 34%: 62.287 funcionarios de carrera y otros 32.126 trabajadores temporales.
Los números, ahora, son más bajos debido a la ejecución de las OPE extraordinarias autorizadas por el Ejecutivo central. De hecho, recientemente la consellera del ramo, Nuria Martínez, aseguraba que estos habían permitido reducir en 13 puntos la temporalidad en la Comunitat, si bien no especificó si esto incluía también a los sectores de sanidad, educación o justicia.
La reforma del Gobierno
Con este telón de fondo y a la vista de que las autonomías continúan lejos del objetivo marcado por Bruselas, el Gobierno central anunció recientemente su intención de dar otra vuelta de tuerca a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público acometida ya en 2021 por Miquel Iceta para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
La propuesta se basa principalmente en reducir de tres a dos años el tiempo máximo en que un interino puede ocupar una vacante en la administración.
La intención, además, es que si tras convocarse un proceso selectivo la plaza quedara desierta porque ningún aspirante lograra superar el examen de oposición, el empleado temporal no pudiera continuar en ella. Un aspecto que genera no pocas dudas legales.
Los gobiernos autonómicos, además, deberán aplicar "compensaciones económicas y sanciones por incumplimientos", y está previsto el desarrollo de "sistemas de información interoperables para controlar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas".
En definitiva, indemnizaciones para los interinos en caso de que rebasaran ese límite temporal en un puesto de trabajo por cualquier motivo y una sanción a la administración en cuestión por no haber cumplido con esta obligación.
Una reforma de calado -falta que se fije sobre el papel- sobre la que el Gobierno valenciano ya se ha pronunciado: es "drástica", no fija "plazos realistas" y pone en riesgo "la continuidad de los servicios públicos al vaciar plantillas".
El contexto puede ser dramático para la Administración valenciana, puesto que en los últimos años los ejecutivos autonómicos han recurrido a la contratación de personal interino para contrarrestar las numerosas bajas de efectivos que se están produciendo por jubilación.
No en vano, las ofertas de empleo público para cubrir estas plazas por funcionarios de carrera son procesos que cuestan meses -incluso años- en resolverse, por lo que la Generalitat recurría a la vía exprés de contratar interinos y, ahora, podrían verse en la obligación de limitar estos fichajes a dos años.
A este escenario, además, se suma la famosa tasa de reposición que mantiene el Gobierno central para controlar el gasto pero que por contra impide al Consell ofertar todas las plazas que necesita para cubrir las vacantes que dejan las jubilaciones.
