La Asociación de Agentes Medioambientales denuncia que la Generalitat les excluya del decreto de unglados

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha presentado el nuevo decreto que regulará la gestión cinegética y el control poblacional de ungulados silvestres en la Comunitat Valenciana, una normativa que ha provocado la reacción de los agentes medioambientales.

Ante el nuevo reglamento, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales ha denunciado que el decreto les excluye de funciones clave de control y seguimiento de la caza mayor

La norma, que amplía los periodos de caza, suprime limitaciones y facilita el uso de nuevas técnicas de control, tiene como objetivo frenar la sobrepoblación de especies como el jabalí, el ciervo, el gamo o la cabra montesa, que afecta ya a 440 municipios valencianos.

El bonito parque de Valencia ideal para un paseo: con 110.000 m2, un estanque y una gran zona de juegos infantiles

Martínez Mus subrayó que el decreto "abandona la inacción y avanza hacia una regulación ordenada y eficaz", reforzando la colaboración con cazadores y ayuntamientos.

Según los datos de la Conselleria, la última temporada finalizó con 54.548 animales abatidos en la Comunitat, un 15% más que en la anterior. Además, se ha abierto una línea de ayudas de 900.000 euros para apoyar a los consistorios en la gestión del problema.

Sin embargo, desde la asociación advierten de que "si no se aceptan nuestras alegaciones, se nos retira de competencias que son esenciales para conocer la realidad de las capturas".

Los agentes recuerdan que trasladaron sus propuestas en una reunión con el conseller celebrada el pasado 29 de mayo, aunque aseguran que solo se les dio la oportunidad de opinar sobre un artículo concreto.

"El resto de aportaciones, que en nada van contra el decreto y que mejorarían su aplicación, no han sido atendidas", lamentan.

Alegaciones

Entre las alegaciones presentadas, reclaman que el artículo 6 del decreto reconozca la información que aportan los agentes sobre las poblaciones de fauna y los daños ocasionados en el medio natural, dado su conocimiento directo del territorio.

En segundo lugar, piden que el artículo 9.1a mantenga la obligatoriedad de la junta de carnes como sistema de verificación de capturas.

Los agentes subrayan que este control podría aplicarse de manera simplificada (mediante fotografías con fecha y hora o la presentación de muestras como la oreja o el rabo del animal abatido), pero insisten en que debe seguir siendo una exigencia para garantizar datos reales.

Por último, consideran imprescindible que el artículo 13 obligue a los cazadores a remitir coordenadas y fotografías digitales de los animales abatidos, junto al precinto correspondiente.

Una práctica que, recuerdan, ya se realizaba en el pasado y que resulta esencial para asegurar la trazabilidad de las capturas y permitir un control eficaz de las poblaciones de ungulados.

Según la asociación, excluir a los agentes medioambientales del circuito de control supone "un desconocimiento total de lo que realmente se caza en cada coto" y dificulta la verificación de los datos oficiales.

La asociación confía en "mejorar" el decreto presentado por la Generalitat antes de su aprobación definitiva.