Los servicios sanitarios atienden a migrantes. Europa Press
La Generalitat pedirá la suspensión de cualquier norma del Gobierno sobre el reparto de 'menas' a las comunidades
El Gobierno cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en la Comunitat en 1.767.
Más información: Casi 2.000 de los 3.000 menas que reubicará el Gobierno irán a Madrid, Andalucía y Valencia; Cataluña y País Vasco, exentos
El Gobierno valenciano pedirá la suspensión cautelar "de cualquier norma que apruebe el Gobierno" central relacionada con el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Así lo ha afirmado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, que asegura no tener "ninguna información" sobre esos traslados, y ha criticado que "la improvisación" del Gobierno de Pedro Sánchez hace que desde la Generalitat no tengan "ninguna posibilidad de saber cuál es la previsión o la propuesta respecto a este reparto".
Por su parte, el Gobierno de España ha cifrado este martes en 1.767 la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de la Comunitat Valenciana.
"De esos 571 menores que pretende trasladar a la Comunitat Valenciana, no sabemos ni cuántos ni cuándo ni qué menores nos van a trasladar", ha dicho la también consellera de Servicios Sociales.
Asimismo, ha asegurado que la Generalitat tampoco sabe la edad de esos menores, ni si son hombres o mujeres o si tienen alguna discapacidad o enfermedad. "Mal podemos planificar si desconocemos cuál es la estrategia del Gobierno", ha lamentado Camarero.
La vicepresidenta ha destacado que la Comunitat Valenciana está "al 160 % de su capacidad" de acogida de menores migrantes, con cerca de 500 acogidos y tan solo 319 plazas, y "durante el verano han seguido llegando menores en pateras o procedentes de otras comunidades".
Según Camarero, no existe un problema de solidaridad, sino de que la Comunitat no tiene "posibilidad de atender a estos menores" y además, asegura que tampoco pueden preparar los centros para los menores que puedan venir porque no saben "ni cuándo ni cuántos ni en qué condiciones van a venir".
"Me he sentado con las entidades que gestionan los centros de menores y nos han dicho que no tienen ni ubicación donde colocar a estos menores y, sobre todo, no tienen personal para atenderlos con la calidad del sistema". "Tampoco hay presupuesto porque el Gobierno de España no nos lo da", ha lamentado.
La vicepresidenta ha advertido de que no van a dejar que "por la incapacidad de Sánchez de hacer una política que frene esta crisis migratoria", la Comunitat Valenciana "falle en la protección de sus menores".
En este sentido, Camarero ha denunciado que la política migratoria del Gobierno "es un auténtico fracaso", como a su juicio demuestra que de los 1.200 menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y de los que el Gobierno se tiene que hacer cargo por orden del Tribunal Supremo, "solo ha sido capaz de llevar a la península aproximadamente 15".
En este sentido, se ha preguntado que si el Gobierno, "con todos los medios y con toda la capacidad que tiene", solo ha sido capaz de trasladar a 15 menores, "cómo pretende que las comunidades autónomas acojamos a 4.000", y le ha acusado de pretender que las autonomías hagan el trabajo que le corresponde.
"El Gobierno no puede trasladar la política migratoria y la responsabilidad de la política migratoria a las comunidades autónomas", ha manifestado, y le ha pedido que se siente con las autonomías para "planificar bien" este asunto y deje de actuar "por libre" y "de espaldas" a ellas.
Puesta en marcha
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías. Esto supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación de este decreto en rueda de prensa, y ha destacado que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante".
"Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado tras el Consejo de Ministros.
El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.
Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunitat Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.
