Vox pide la imputación de Miguel Polo al creer que "existen indicios suficientes de posible responsabilidad penal"

Vox ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado por la jueza que investiga la dana, Nuria Ruiz, en el que tildaba el informe de la Guardia Civil de "erróneo e incompleto" y denegaba la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

El partido de Santiago Abascal solicita en su escrito que se revoque esta decisión, que se acepten nuevas declaraciones de técnicos y se incorpore a la causa documentación clave sobre la gestión de la presa de Forata el día de la tragedia.

La formación denuncia que la magistrada "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de averiguación de la verdad" al descartar investigar a Polo, puesto que "existen indicios racionales suficientes de posible responsabilidad penal" del presidente de la CHJ.

La jueza de la dana ve "erróneo e incompleto" el informe de la Guardia Civil que señaló la falta de avisos de la CHJ

"Máxime, tras las conclusiones de la Guardia Civil y otras testificales que lo corroboran", recoge el recurso en relación al informe en el que la Policía Judicial acreditaba la "inexistencia de avisos de la CHJ justo en el peor momento" de la crecida del Poyo.

Según expone en el escrito, el partido de Abascal considera que la instructora de la dana 'cierra' de forma anticipada la investigación respecto a algunas responsabilidades e "ignora" pruebas y testimonios que justificarían la continuidad de las indagaciones.

Entre otras cuestiones, critica que el auto haya calificado de "teorías superadas" las acusaciones sobre un supuesto apagón informativo por parte de la CHJ, sin haber practicado todas las diligencias propuestas.

Así, según sostienen en el recurso, consideran que la decisión de no imputar a Miguel Polo "no se sostiene tras los avances que ha tenido la investigación en los últimos meses". Y, por ello, solicitan que se le investigue.

"Procede recordar que la imputación formal (declaración como investigado) no exige pruebas concluyentes de culpabilidad, sino la mera existencia de indicios racionales de criminalidad", apuntan.

"Basta que concurra una sospecha fundada de que una persona pudo participar en el hecho punible, para que sea legítimo llamarla a la causa como investigada", continúa el escrito, que recuerda que Polo tenía una posición de garante legal sobre la gestión del embalse de Forata y la comunicación de alertas hidrológicas.

A juicio de Vox, la falta de avisos oficiales entre las 16:15 y las 18:43 y su silencio en la reunión del Cecopi, tal y como declararon los técnicos, son considerados elementos clave que deben ser investigados.

La Audiencia de Valencia confirma la imputación de Pradas y rechaza investigar al presidente de la CHJ por la dana

"Como máximo responsable de la CHJ, tenía encomendada la supervisión de que dichos avisos se emitieran", indica el recurso para, acto seguido, subrayar que su posición "garante" abarcaba tanto la seguridad de Forata, "como la información hidrológica de alerta temprana a las autoridades de emergencias, en coordinación con Aemet".

Uno de los principales argumentos del recurso se centra en que el control de la presa de Forata concentró la atención en el Cecopi, lo que derivó en que no se vigilara el barranco del Poyo.

"La instructora señala que la omisión -de avisos- de la CHJ no tuvo incidencia directa en las muertes, pero discrepamos de esa conclusión anticipada, pues la información omitida era fundamental para conocer la situación real de los caudales y reaccionar a tiempo", ahondan en relación al envío del Es-Alert a la población.

"La alerta se emitió a las 20:11h y solo porque se temía la rotura de Forata, cuando para entonces el Poyo ya había arrasado varios municipios", añade el partido en su recurso de apelación.

Ahora, la Audiencia Provincial de Valencia deberá decidir si estima la petición de Vox y ordena la práctica de las diligencias solicitadas, o no. El pasado mes de junio, con carácter previo a la publicación del informe de la Guardia Civil, sin embargo, descartó investigar al presidente de la CHJ.