La jueza de la dana ve "erróneo e incompleto" el informe de la Guardia Civil que señaló la falta de avisos de la CHJ

La magistrada del juzgado de Catarroja que instruye la causa judicial de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha asegurado que el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la riada del pasado 29 de octubre es "erróneo e incompleto".

Según apunta la jueza de la dana, este mismo informe, que señalaba directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "debía limitarse a elaborar una cronología". "Es erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias en los sucesos del 29 de octubre de 2024", asevera en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el informe, la Guardia Civil señalaba "la inexistencia de avisos" de la CHJ "como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas".

El informe de la Guardia Civil desmonta el relato del Gobierno sobre la dana y apunta a Miguel Polo, presidente de la CHJ

Sin embargo, para la magistrada, el contenido del mismo debía limitarse a la cronología de los "desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos".

Además, ha recalcado que en esa petición del informe al Instituto Armado "no se solicitaba ninguna valoración de las actuaciones" llevadas a cabo durante la jornada del 29 de octubre de 2024.

Es por ello que la jueza sostiene que, dado que el informe sobre la cronología de los hechos incide en valoraciones que no correspondían a la Policía Judicial, "las mismas no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado".

Además, indica que el informe incide en cuestiones ya resueltas por el Juzgado y por la Audiencia Provincial de Valencia vinculadas al organismo de cuenca o a los procesos judiciales de la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

"Se han efectuado ya conocidos pronunciamientos sobre la participación e, incluso, responsabilidad penal de la CHJ, o la responsabilidad de las personas encargadas de la gestión y dirección de la emergencia a través de las resoluciones dictadas sobre la procedencia de la investigación y admisión de querellas contra Salomé Pradas y Emilio Argüeso", subraya.

Miguel Polo

Por otra parte, la jueza ha rechazado la solicitud de Liberum de imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, tras el contundente relato de la Guardia Civil sobre el organismo de cuenca.

Según apunta, "se funda en el informe aportado de la Guardia Civil que es interpretado de forma sui generis, unido a algunas teorías ya superadas del llamado 'apagón informativo'".

En ese documento que la magistrada ha rechazado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia señalaba directamente a la CHJ. Ponía de manifiesto la falta de avisos del organismo de cuenca hasta que el caudal alcanzó un dato "extraordinario".

"Limitados elementos de prueba"

Ruiz Tobarra insiste en que ese análisis es "erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración".

La magistrada sostiene que "no puede atender a lo que sucedió en el Cecopi, a las testificales de los técnicos o a las declaraciones de los familiares de las víctimas", entre otros aspectos.

Subraya que el informe "no atiende a declaraciones de especial relevancia y de indudable prestigio por su cualificación profesional que expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología".

"Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente", recalca de nuevo. "Es un informe claramente incompleto", recalca.

"En el análisis de la cronología no se puede atender exclusivamente a la información sobre las previsiones y desbordamientos originadas por los organismos oficiales, ya fuera de la CHJ o la Aemet, o del 112".

En este punto, la magistrada indica que el informe "se olvida de la importancia de los medios de comunicación en el conocimiento de la situación y evolución de la emergencia".

"El hecho de que el día 29 de octubre de 2024 era el día álgido de la dana fue alertado previamente y así era conocido públicamente a través de los medios de comunicación. Ese mismo día las previsiones meteorológicas se hicieron realidad", añade.

"Apagón informativo"

En lo correspondiente al conocido como "apagón informativo", la jueza destaca que "el único apagón que se produjo es lo que se calificó en el Cecopi como periodo de trabajo exclusivamente presencial". 

"Se produjo en dos ocasiones, en momentos cruciales, y que, por otro lado, no es objeto de análisis en su repercusión y consecuencias en el informe de la Guardia Civil", añade.

"Además, que más allá de aquellos puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), quien en el plan especial de inundaciones asumiría el control de los barrancos. Así se expresó por el perito José María Gil Garré. Es la Generalitat quien debe efectuar el control de que efectivamente no se produzca un desbordamiento en estos casos", apostilla.

Este profesional citado por la jueza para refutar a la Guardia Civil ha sido objeto de controversia por su declarada condición de militante socialista. Fue candidato del PSOE en Los Alcázares (Murcia).

"Los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la CHJ ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos. Todas estas cuestiones no son abordadas por el informe de la Guardia Civil", recuerda.

Respecto de las consideraciones que se efectúan sobre la presa de Forata y su repercusión en el barranco del Poyo, la jueza indica: "Nuevamente, se incluyen valoraciones y consideraciones que no se ajustan a lo expuesto por los peritos en la materia".

"Los responsables"

El contundente informe de la Guardia Civil, desdeñado ahora por la jueza instructora, señalaba directamente a "los responsables de la CHJ".

"Cabría preguntar a los responsables de la CHJ cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas estas funciones durante la tarde del día 29 de octubre", rezaba el documento.

"Sin duda, denotaron una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor momento", aseguró la Benemérita.