Una persona en el barranco del Poyo, afectado por la dana. EP
La jueza de la dana pide a los bomberos un informe sobre la vigilancia del Poyo y el Magro y su retirada
La magistrada cita como testigos peritos a dos ingenieros que han analizado las causas de la catástrofe.
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La jueza de la dana ha pedido a la Conselleria de Emergencias que informe sobre el requerimiento efectuado aquella jornada a los bomberos para la vigilancia de los cauces del río Magro y del barranco del Poyo.
Se trata de una petición que hizo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.
Así, da cinco días a la Conselleria de Emergencias para que remita al juzgado copia de la nota remitida a las 12:30 horas requiriendo la vigilancia de los citados cauces, identificando al emisor y receptores de la misma.
También copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, identificándolo, por el que se da el visto bueno para la activación de este dispositivo en el área del puente de Carlet y en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta.
Igualmente, se reclama al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de cinco días, remita al juzgado copia de la comunicación del coordinador de los Bomberos Forestales del Consorcio de Valencia en la que se da el visto bueno a la activación del referido dispositivo de vigilancia.
Al consorcio se le pide, además, un informe relativo a las unidades movilizadas, especificando los puntos específicos en que realizaron su tarea, las horas de llegada y finalización y los informes evacuados sobre la situación.
Y pregunta la jueza también sobre el número de helicópteros de bomberos forestales disponibles por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día 29 de octubre, si se llegó a solicitar permisos de aviación civil para operar y cuál fue el uso que se les dio dicho día.
Llamadas del 112
En relación a la actividad de la sala de atención de llamadas del 112, la jueza ha pedido información sobre los informes emitidos por el supervisor de la sala durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2024, y los tres informes redactados durante todo el día 29 de octubre para traslado de información en el cambio de turno de los supervisores.
También ha reclamado las dos grabaciones del mensaje de respuesta automática del 112 que fue grabado aquella jornada, así como certificación de la hora en que fueron publicadas y cambiadas dichas grabaciones en atención de la evolución de la emergencia.
Por último, ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias que informe de qué autoridad y organismo remitieron las imágenes de las carreteras el día 29 de octubre de 2024 que se reprodujeron en las pantallas de la sala de mando y control, cómo se recibieron y en qué momento.
Por otro lado, la jueza ha decidido citar como testigos-peritos a dos ingenieros a solicitud de Vox. Se trata de Francisco Sánchez Caro y de Federico Bonet, quien también fue decano del Colegio de ingenieros de Caminos.
La magistrada estima parcialmente las peticiones de Vox, que presentó un listado de nueve ingenieros. En su resolución, señala que la citación de todos ellos "resulta desproporcionada y reiterativa respecto de otras pruebas ya practicadas".
Ésta, dice, repetiría, en fase de instrucción, "las declaraciones prestadas en la comisión en el Senado" de estos técnicos.
"Ha de destacarse que las finalidades de una comisión de investigación parlamentaria, ya sea en el Senado, en el Congreso o en las Cortes Valencianas, son distintas a las que corresponde a una investigación penal por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes", afirma la jueza.
En su opinión, "muchas de las manifestaciones que realizaron los testigos propuestos nos sitúan en otros ámbitos de responsabilidad: político o administrativo": "No esclarecen ni la relación de causalidad con los fallecimientos y lesiones, ni tampoco la posición de garante de quienes aparecen como investigados", valora.
A lo que añade que "expresan soluciones de futuro o atienden a los daños materiales". En todo caso, sí acepta la de dos testigos. El primero, indica, "explicó las causas de la catástrofe" y el segundo elaboró un artículo específico sobre la dana en la Revista de Obras Públicas.
De hecho, la jueza le pide que aporte dicho artículo antes de su declaración.
Los dos ingenieros que ahora acudirán a declarar se han posicionado durante todos estos meses sobre la necesidad de la ejecución de las obras públicas por parte del Gobierno central que habrían minimizado la tragedia.
Unas cuestiones que, en todo caso, no forman parte de la investigación judicial y que han sido tratadas en otros foros como las comisiones de investigación.
Los bomberos
Por otro lado, la magistrada