La octava manifestación contra Mazón por la dana reúne a cinco mil personas en Valencia

La octava manifestación contra Carlos Mazón por la gestión de la dana reúne a unas cinco mil personas en la ciudad de Valencia como cada día 29 desde el de octubre, que asoló la mitad de la provincia.

Las asociaciones convocantes critican el intercambio de acusaciones entre las instituciones "sin asumir responsabilidades" en un duro manifiesto en el que lamentan que "nos quieren imponer una normalidad que no existe".

En la primera manifestación que se desarrolla desde que se rebaja oficialmente el nivel de emergencia con los municipios afectados, los convocantes recuerdan "que miles de personas siguen sin ascensores en sus casas".

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Y frente a las críticas al Consell anteponen el trabajo de la sociedad civil, "que ha respondido con organización y dignidad" de forma que "se han reforzado las redes de apoyo, han nacido los comités de reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano".

El mensaje siguen subrayando es que pasados ocho meses desde aquel día de octubre "seguimos saliendo a la calle para gritar bien fuerte que sufrimos una situación con responsables muy claros" y "no olvidamos".

Eso sí, el número de asistentes para esta convocatoria cae al mínimo de todas las realizadas hasta el momento. La delegación del Gobierno estima que son cinco mil personas y la Policía Local lo rebaja levemente a cuatro mil quinientas.

Las demandas

¿Cuáles son las reivindicaciones de esta nueva marcha? En primer lugar ponen la vivienda porque consideran que sigue "la falta de alternativa habitacional para las personas afectadas" y que en este tiempo se ha aprovechado "para convertir viviendas como las del edificio de La Torre en blanco de especulación".

El enfoque en la economía lo ponen en los ERTE que se activaron de emergencia porque sus trabajadores "no están cobrando el 100 % del salario".

En esa línea denuncian que "todavía no se ha investigado la negligencia de todas las empresas que pusieron en peligro la vida de sus trabajadores" y ahí ponen de ejemplo "la muerte de dos trabajadores en Massanassa y en Benetússer".

Críticas a Rovira

El manifiesto aborda también la situación en los centros educativos y se dirige al conseller José Antonio Rovira porque "todavía hay ocho centros educativos pendientes de ser derribados y quince más en los que aún hay que reconstruir parte de la infraestructura".

Y por último aseguran "que el Consell está asignando fondos públicos a empresas condenadas por corrupción para trabajar en las tareas de reconstrucción", una acusación de la que no aportan más datos.

En ese rechazo a las tareas de reconstrucción definen que es una "Generalitat militarizada" que "está desplegando un modelo basado en el negocio de unos pocos y que da la espalda a las personas afectadas y a los consejos científicos".

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