Dos años de gobierno de Catalá en Valencia: de limitar pisos turísticos a 'trocear' grandes proyectos urbanos

En 2023, la primera edil se marcó como reto de la legislatura resolver el gran dilema de acceso a la vivienda que existe en la ciudad. Pero la dana del pasado 29 de octubre ha marcado un antes y un después y ha cambiado las prioridades del gobierno municipal. "Ahora es el mandato de la dana y de la vivienda", explicó.

De hecho, la primera edil justifica en las inundaciones de hace siete meses el giro de timón que se ha adoptado en algunos grandes proyectos que se situaban sobre la mesa, como la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

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La importante inversión que requería esta actuación -en torno a los 18 millones de euros, según el área de Urbanismo- ha "obligado" a repensar el proyecto para ahorrar costes, redirigir recursos a otros fines e, incluso, a desarrollar la reforma por fases.

La intención es también poder llegar a las próximas elecciones con algunas obras ejecutadas en este emplazamiento. O, al menos, que le permitan a Catalá la retirada de los "maceteros" de la plaza que en su día situó el ejecutivo de Joan Ribó y que, dos años después, siguen en el mismo lugar.

Los dos primeros años de mandato también han estado marcados por otro acontecimiento trágico como el incendio de Campanar, que dejó 10 fallecidos y ante el cual el consistorio cedió más de un centenar de viviendas de forma temporal en Safranar para realojar a las familias afectadas.

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Entre lo que podrían considerarse "hitos" del ejecutivo actual, se encuentra la rebaja del 20% en el IBI, que ha permitido un ahorro a los vecinos de en torno a 70 millones de euros.

La concejalía de Hacienda también bonificó plusvalías por herencia y aprobó diferentes deducciones fiscales a familias numerosas.

Proyectos heredados

Pocos días después de adquirir la vara de mando, el gobierno municipal desbloqueó el denominado como "contrato del siglo", conocido así por la cantidad económica de este convenio.

Se trata del contrato de limpieza de la ciudad, que alcanza los 1.325 millones y que tiene un plazo de vigencia de 15 años.

Debido a su magnitud, esta licitación estuvo meses bloqueada por diferentes recursos de los licitadores durante el gobierno de Ribó. Pero tras la llegada de Catalá a la Alcaldía, los recursos quedaron resueltos y la mesa de contratación adjudicóel contrato en julio de 2023.

Entre los proyectos que el anterior equipo municipal también dejó preparados y a punto de firmarse, se encuentra también la renaturalización de la plaza de San Agustín, cuyo proyecto urbano se conoció recientemente.

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Mientras a este le han dado salida, la nueva administración ha paralizado y reformulado otros como por ejemplo la transformación de Pérez Galdós.

El parque de Desembocadura y el bulevar García Lorca, con su debate aún abierto sobre la inclusión de viales de tráfico, siguen sin concretarse y no se prevé que estén listos en esta legislatura.

Vivienda, VUT y 'sinhogarismo'

Uno de los grandes retos que enfrenta la alcaldesa es el acceso a la vivienda. La escalada de precios ha hecho de este tema la principal preocupación ciudadana.

Para abordarlo, Catalá ha apostado por la colaboración público-privada a través del plan +Vivienda, con métodos como la permuta o cesión de derechos de superficie.

En dos años se han entregado 168 viviendas protegidas, muchas iniciadas en el anterior mandato de PSPV y Compromís.

Y aunque el objetivo es alcanzar el millar antes de 2027, la demanda actual supera las 2.000 solicitudes activas en AUMSA, lo que refleja una brecha considerable entre oferta y demanda.

Por otra parte, el consistorio ha aprobado una nueva moratoria para nuevas licencias turísticas por un periodo de un año y tramita una normativa denominada 'de los cinco candados'.

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Esta busca implantar una serie de restricciones para regular el crecimiento de alojamientos turísticos en la ciudad, que es uno de los factores que afecta directamente sobre el acceso a la vivienda.

Entre algunas de las cortapisas que incorpora esta norma se encuentra, por ejemplo, la limitación del 2% de viviendas turísticas por barrio.

También contempla la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% del número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto al número de vecinos empadronados.

Movilidad y seguridad

También desde el inicio de su mandato, Catalá revirtió algunas decisiones del anterior ejecutivo en materia de movilidad. Las más relevantes: devolvió un carril al tráfico privado en la calle Colón y restauró el acceso al centro de varias líneas de EMT.

De forma secundaria, se ha renovado parte de la flota con 217 autobuses nuevos y la contratación de 50 conductores, además de iniciar la tramitación de una nueva ordenanza de licencias de obras y actividades para agilizar procesos burocráticos.

Por lo que respecta a los carriles bici, su política ha sido más conservadora, pues ha mantenido todo lo construido sin acometer grandes cambios. Incluido, el de Gran Vía, que en su día resultó muy polémico por su nivel de seguridad, cuestionado incluso por el propio exalcalde, Joan Ribó.

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Mestalla y La Marina

Respecto al Nou Mestalla, en julio del año pasado el Ayuntamiento concedió al Valencia CF una licencia para retomar las obras del nuevo estadio. Actuaciones que retomaron en enero de 2025.

Mientras tanto, en el entorno de La Marina, ya opera un nuevo ente gestor junto a la Autoridad Portuaria. Este órgano tiene como objetivo coordinar las actuaciones y proyectos en la zona, y evitar, además, conflictos por los espacios municipales y portuarios.

Por otra parte, la corporación local también ha declarado de interés general el edificio Alinghi, para fines de emprendimiento y formación. Una decisión que facilitaría la adjudicación de un derecho de superficie a Marina de Empresas con el objetivo de poder ampliar el proyecto.

Relación con Vox

La relación con Vox ha sido uno de los factores más volátiles del mandato. Hasta octubre de 2023, los concejales del partido de Santiago Abascal fueron aliados externos. Pero finalmente fueron integrados en el gobierno municipal.

Sin embargo, en febrero se destapó una investigación por presunto amaño de contratos al concejal Juanma Badenas que motivó su salida y la de Cecilia Herrero del grupo. Tras semanas de inestabilidad, ambos fueron reincorporados y Catalá aprovechó para reestructurar su equipo de gobierno.

La entrada de la UCO en el Ayuntamiento, que investiga posibles irregularidades en contratos de València Activa, podría complicar el futuro político de la alcaldesa si se produjera la imputación formal de Badenas.