Imagen de la reunión del Cecopi tras la dana. Jorge Gil / Europa Press
Dos peritos apuntan a la responsabilidad de Mazón y de los ayuntamientos en la dana y Argüeso impugna la declaración
El exsecretario autonómico de Emergencias aporta documentación al juzgado para demostrar las vinculaciones políticas de los expertos, mientras la jueza decide que testifiquen.
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Dos peritos propuestos por la Asociación SOS Desaparecidos -que representa a varias víctimas- han declarado este viernes ante la jueza de la dana después de que lo hiciera el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Francisco Vallés.
Los dos expertos en emergencias y protección civil, que elaboraron un extenso informe sobre la gestión de la tragedia del pasado 29 de octubre por parte de las administraciones públicas, han apuntado a las responsabilidades de la Generalitat en la figura de su presidente, Carlos Mazón, a las de los ayuntamientos y a las de la Diputación.
La declaración de ambos peritos ha llegado con polémica, puesto que la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, que ejerce el abogado José María Bueno, ya ha anunciado que la impugnará.
El exsecretario autonómico denuncia que uno de los peritos fue candidato del PSOE en Los Alcázares (Murcia) y el otro fue un tránsfuga de Ciudadanos que se pasó al PSOE para facilitar la alcaldía a los socialistas en Molina de Segura.
Argüeso alega enemistad manifiesta respecto al segundo. Ésta proviene de la etapa en la que el ex alto cargo de la Generalitat era delegado territorial de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y en la región de Murcia.
Una época en la que ya comenzaba a ostentar un importante poder orgánico en la formación naranja antes de la gran expansión en el territorio. Al parecer, el ahora perito era subdelegado territorial -es decir, su mano derecha- y le grabó una conversación privada que posteriormente filtró a los medios.
La jueza, sin embargo, ha decidido que ambos expertos declaren y valorará más adelante lo aportado por la defensa de Argüeso. Ambos son expertos en dispositivos de control y prevención de emergencias, motivo por el que han sido propuestos por SOS Desaparecidos.
En su comparecencia, en la que han ratificado el informe que elaboraron, se han mostrado críticos con la actuación de la Generalitat y de los Ayuntamientos, según fuentes conocedoras del interrogatorio. A su juicio, ambos niveles de la administración obviaron sus obligaciones en materia de seguridad y de protección de la población.
En lo referente a los consistorios, han mencionado que no activaron los planes de emergencias y que son responsables directos.
En cuanto al Gobierno autonómico, han incidido en que Carlos Mazón no declaró la emergencia catastrófica -una potestad que tiene asignada de acuerdo con la ley- ni se puso al mando del operativo. Esto habría supuesto que hubiera asumido el mando único de la emergencia y, por tanto, toda la coordinación.
Así, han sostenido que el Es-Alert se debería haber enviado cuando la Generalitat activó la alerta hidrológica. Es decir, alrededor de las 12 de la mañana del 29 de octubre. Igualmente, han remarcado que el Cecopi debería haberse constituido a las 9.00 horas de aquel día (lo hizo a las 17.00).
En el informe ya concluyeron que el presidente de la Generalitat debió emitir alertas a través del 112 y liderar la actuación de los municipios. En este documento incluían una cronología que, en su opinión, "evidencia una ventana de oportunidad de al menos cuatro días (del 25 al 28 de octubre) en la que la Generalitat, Diputación y los ayuntamientos pudieron actuar para salvar vidas, una ventana que se cerró con el silencio y la inacción, condenando a las víctimas a un destino que clama justicia".
La impugnación
El abogado de Argüeso, en todo caso, impugnará la declaración por varios motivos, según ha podido saber este periódico. Además de la enemistad manifiesta, refiere que un perito pertenece al PSOE cuando este partido figura en la causa como acusación popular. Algo que cree que invalida la garantía de independencia del experto.
Otra razón es que entiende que la pericial que han presentado es jurídica y no de análisis como expertos en una materia. El informe recoge interpretaciones sobre cómo se tendría que haber aplicado la legislación el día de la dana -en cuestiones como, por ejemplo, la asunción de competencias- y cree que este tipo de análisis no cabe en derecho penal.
Otro motivo es que en su declaración, el perito ha hablado de cuatro niveles de responsabilidad en la jornada de la tragedia: Generalitat, Diputación, ayuntamientos y Gobierno central. Sin embargo, el abogado de Argüeso considera que no ha desarrollado esta última en el informe que presentó, por lo que le ha preguntado por ella durante el interrogatorio.
