Imagen de la reunión del Cecopi el día de la dana aportada al juzgado por Salomé Pradas.
La Fiscalía pide averiguar si los técnicos presentes en el Cecopi el día de la dana aconsejaron las medidas de protección a tomar
El Ministerio Público se aleja de algunos criterios de la jueza y solicita investigar si la CHJ evaluó el riesgo y asesoró a Pradas.
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La Fiscalía solicitó el pasado 9 de abril una serie de diligencias a la jueza de la dana que van un paso más allá en las indagaciones sobre las posibles responsabilidades de la Generalitat.
El Ministerio Público se aleja de esta manera de algunos criterios de la magistrada, que ha dejado claro a lo largo de sus autos que el Gobierno autonómico era el único responsable de proteger a la población el pasado 29 de octubre por ostentar el mando único.
El Ministerio Público ya tuvo el primer choque con la jueza al pedir la revocación de la imputación del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. La magistrada no lo aceptó.
A ello se suma que la Fiscalía ya está evidenciando que apunta a la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Así se comprobó durante el interrogatorio a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
El fiscal le cuestionó sobre si se constituyeron los organismos que le marca su protocolo interno en las situaciones de emergencia como la del día de la dana o en si alertó de los datos del caudal y del riesgo en el barranco del Poyo.
A la espera de si todo ello deriva en una solicitud de imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo, las peticiones de diligencias van en la misma línea. Las últimas conocidas son las del pasado 9 de abril, antes de las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas, Emilio Argüeso y Pilar Bernabé.
Con ellas tratan de averiguar si la CHJ evaluó la situación de riesgo en el Cecopi en la jornada de la tragedia y si asesoró a Pradas sobre las medidas de protección a la población.
En el escrito, la Fiscalía deja patente un asunto relevante: si se constituyó o no un comité de dirección conformado por la exconsellera y por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y un comité de seguimiento compuesto, entre otros, por las agencias estatales AEMET y CHJ.
Tanto Pradas como Argüeso aseguraron en sus respectivas declaraciones como investigados que ambos estaban conformados y que el comité de seguimiento debería haber asesorado sobre las medidas.
Bernabé, por su parte, dijo lo contrario en su comparecencia como testigo. Señaló que ni uno ni otro se constituyeron en la práctica y que, por tanto, el mando único era de la Generalitat.
La Fiscalía quiere aclarar este extremo. Entre las peticiones de diligencias dirigidas a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) de la Generalitat incluye que identifique a las personas que componían el comité de dirección y el comité asesor (o de seguimiento).
También que se aporten los informes elaborados por el citado grupo de seguimiento del que formaban parte los organismos estatales (Aemet y CHJ) en los que se evaluara la situación de riesgo y se aconsejara al comité de dirección sobre las medidas de protección a la población.
El Ministerio Público solicita asimismo los informes del responsable técnico de emergencias sobre las instrucciones dadas para canalizar las demandas de ciudadanos que llegaban al 112 y sobre las incidencias recogidas.
Las indagaciones también las centra en el director del Plan de Emergencias, que en este caso era la exconsellera Pradas. E, igualmente, quiere saber, con nombre y apellidos, el listado de miembros que formaron parte del Cecopi y quiénes estuvieron conectados de forma presencial y telemática, también en el momento en el que la reunión se convirtió solo en presencial durante más de una hora.
Rechaza imputaciones por ahora
En otro escrito, la Fiscalía se muestra contraria a la petición de imputación de varios altos cargos de Emergencias, como el subdirector general Jorge Suárez; el director general Alberto Martín Moratilla; o la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. También de la del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Así lo pedía una asociación de víctimas de la dana.
El Ministerio Público argumenta que la imputación que realizaba en su querella la asociación de afectados de la dana era demasiado genérica en cuanto a la atribución de responsabilidades penales.
Eso sí, deja claro que su valoración es sin perjuicio de una imputación de estos cargos conforme avance la instrucción y en virtud del resultado de las diligencias solicitadas.
