La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. Jorge Gil / Europa Press
La jueza rechaza investigar a la delegada del Gobierno y cree que las llamadas de Pradas demuestran "pasividad"
La magistrada critica que "se pretende obviar de forma total" que la competencia de la protección civil es de la Generalitat y dice que el Cecopi parece que estuvo "en una burbuja".
La instructora cita a declarar como testigos a varios funcionarios de la Agencia de Emergencias y a empleados del 112.
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La jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada inadmite la diligencia solicitada por la acusación popular que ejerce Liberum y argumenta que, según la normativa aplicable en este caso, el Gobierno autonómico es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias".
"Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central", dice la instructora a la hora de valorar la declaración de la emergencia nacional.
"Una declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección", zanja sobre este asunto.
En su opinión, la petición de Liberum sobre la corresponsabilidad autonómica y estatal "no se puede entender sino como exculpatoria" de la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso.
"La protección civil es competencia autonómica", insiste la jueza, quien vuelve a citar como en autos anteriores normativa como el Estatuto de Autonomía o la ley de gestión de las emergencias.
"La patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del día 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico", afirma la magistrada. Otra cosa, añade, es la gestión de los días posteriores, que nada tiene que ver con la investigación de esta causa.
En el auto, la instructora incide en que la atribución de la condición de investigado sólo se puede sustentar "en la existencia de un nexo causal entre la inactividad" de Pradas y Argüeso, su posición de garantes y los fallecimientos.
"Pasividad" y "en una burbuja"
La jueza considera "evidente", tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que la Administración autonómica "concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima", ya que en el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos.
Agrega que los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, "no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población".
"Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, y se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi", señala el auto.
Un lugar, añade, "en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración Autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos".
Según la jueza, en la de reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) parecía que los presentes "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".
"Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: 'los barrancos están a punto de colapsar', escribió en un mensaje el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas, mientras la alarma Es-Alert a la población se lanzaba a las 20:11 horas".
Trabajadores del 112, testigos
La magistrada ha citado a declarar a once testigos, siete de ellos personal funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), dependiente de la Generalitat, y otros cuatro trabajadores de la plataforma tecnológica del 112.
De la AVSRE, ha citado a la operadora de Comunicación de Emergencias; la coordinadora de recursos y Protección Civil, dos técnicos, y los jefes del servicio de Planificación, Extinción Forestales y de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias, así como a otros cuatro trabajadores del 112 Comunitat Valenciana, entre ellos, el coordinador de la Unidad Técnica de Comunicaciones.
Un informe de Emergencias entregado al juzgado revela que el teléfono 112 de la Generalitat Valenciana recibió el 29 de octubre un total de 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.59 horas, la mayoría a partir de las 15.00 horas, y que gestionó 4.770 incidentes.
La magistrada había solicitado conocer a partir de qué momento de ese día se empezaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían.
Grabaciones del Centro de Emergencias
La jueza ha dictado también otros dos autos este martes. En uno de ellos rechaza la solicitud de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre.
Con esta petición se pretendía averiguar si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entró a la hora que dijo (las 20.28) al Cecopi.
La magistrada destaca que el plazo máximo de conservación de las grabaciones es de un mes. Con independencia de ello, señala que "no existe duda sobre la incorporación al Cecopi de quienes ostentan la condición de investigados", Salomé Pradas y Emilio Argüeso, por lo que obtener dicha información "nada aportaría al procedimiento".
En el segundo auto, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la Dana y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.
Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la Dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.
