La exdirectora general de Trabajo en el Gobierno de Ximo Puig, Elvira Ródenas. EE
La Generalitat sanciona a la exdirectora de Trabajo en el gobierno de Ximo Puig por no declarar su actividad tras el cese
La ley obliga a presentar ante la Oficina de Conflicto de Intereses una declaración de bienes y el trabajo al que se incorpore el exalto cargo.
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La Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de los altos cargos de la Generalitat Valenciana establece la obligatoriedad de que todos los que hayan ostentado un puesto en el gobierno autonómico presenten una declaración de actividad y de bienes al ser cesados.
Una obligación que, sin embargo, no cumplió la directora general de Trabajo y del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral (INVASSAT) en el último gobierno de Ximo Puig, Elvira Ródenas, cuando dejó el cargo.
Ahora, tras meses de notificaciones para que resolviera esta infracción que no han sido atendidas por la ex alto cargo, la Generalitat ha acordado sancionarla por haber incurrido en infracción grave.
La normativa autonómica es clara: el artículo 13 recoge que todo aquel que deje de ser alto cargo en la Generalitat debe presentar una declaración en la que conste el trabajo que se va a desempeñar, la empresa y la actualización de los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que tiene en dicha fecha.
Así, la normativa obliga a que toda esta información sea actualizada durante los tres años siguientes a abandonar el cargo. De la misma manera que exige que, cuando se produzca un cambio relevante sobre bienes u actividad, se declare.
Tras ser cesada oficialmente el 4 de agosto de 2023 (tras las elecciones autonómicas se produjo un cambio en el gobierno de la Generalitat, que pasó a manos del PP), la Oficina de Control y Conflicto de Intereses le reclamó toda esta documentación.
Lo hizo en octubre, un par de meses después de que el cese fuera oficial, y de forma telemática. En la notificación, le pedían que presentara todos los papeles oportunos en el Registro de control de conflicto de intereses, dependiente de la dirección general de Transparencia.
Un mes después y, tras no obtener respuesta, se le requirió de nuevo. En ese momento, se le advirtió que en caso de no resolver la situación, se iniciaría de oficio el procedimiento sancionador. Algo que Transparencia inició en diciembre de 2023.
Ningún requerimiento fue atendido, a pesar de que se le notificó por correo certificado. Por lo que, finalmente, Transparencia calificó de "infracción grave" no haber presentado las "declaraciones a las que estaba obligada".
La notificación, según Correos, se produjo en septiembre de 2024 y Ródenas "no presentó alegaciones". Disponía de 15 días hábiles para hacerlo pero, según la resolución publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no lo hizo.
La sanción impuesta, contra la que cabe recurso, impide que la exdirectora del Invassat pueda ser nombrada alto cargo no electo durante un periodo de dos años, según el acuerdo del Consell.
