Carlos Mazón en una atención a medios en el Palau de la Generalitat. EE
El Gobierno valenciano estudia personarse en la causa contra Francis Puig para "recuperar los bienes usurpados"
Competencia instó a prohibir que las empresas vinculadas a Francis Puig pudieran contratar con À Punt en Castellón.
Más información: El hermano de Ximo Puig, a juicio por "obtener indebidamente subvenciones" de la Generalitat hasta 2018
El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que el Gobierno valenciano estudia personarse en la causa contra Francis Puig, el hermano del exjefe del Consell, Ximo Puig, durante las dos pasadas legislaturas.
Una causa en la que ya se ha dictado auto de procesamiento contra él y el empresario Juan Enrique Adell Bovell por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental.
El magistrado Jorge Martínez señaló la semana pasada en una resolución que existían "indicios" de que la empresa Comunicaciones dels Ports SA obtuvo "indebidamente" subvenciones de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2018 para el fomento del valenciano en los medios de comunicación.
Las fechas coinciden, precisamente, con la etapa en la que el socialista Ximo Puig ocupó la Presidencia de la Generlaitat.
La resolución judicial indicaba, además, que a la hora de solicitar ayudas en nombre de ésta y de otra empresa (Mas Mut Produccions SL), el empresario "incorporó a la facturación empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas".
Con estos mimbres, el jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, ha indicado que los servicios jurídicos de la Generalitat estudian en estos momentos personarse en la causa.
El objetivo no es otro que el de tratar de "recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Así, ha subrayado que la Generalitat estudia "todas las consecuencias legales que estas medidas puedan tener".
A un paso del banquillo
El hermano de Puig, queda ahora a un paso de ser enviado al banquillo de los acusados y juzgado. Ahora, las partes personadas en este procedimiento (la Fiscalía y demás acusaciones) deberán presentar sendos escritos en los que expresen qué penas solicitan para el hermano de Ximo Puig.
Tal y como publicó este periódico, un informe de la Guardia Civil incorporado a esta causa reveló que Comunicacions dels Ports facturaba a Mas Mut Produccions, y viceversa, por servicios presuntamente falsos.
Con esta práctica, según interpretaron los investigadores del Instituto Armado que lo redactaron, se habrían hinchado los gastos para maximizar la cuantía de las ayudas.
La resolución del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia recoge ahora esa tesis: "Francisco Puig Ferrer solicitó las subvenciones como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Se incorporó a la facturación empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas", explica el documento.
De hecho, el auto judicial indica que esta última compañía sería "una empresa ficticia e instrumental y no cumplía el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones".
El informe de Competencia
Todo ello se suma además a que la Comisión de la Competencia de la Comunitat Valenciana emitió un informe la semana pasada en la que instaba a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a prohibir que las empresas Francis Puig puedan contratar con À Punt en la provincia de Castellón.
Un veto que propone que se le imponga no a la mercantil de Puig y sus socios, los Adell Bover, durante un periodo no inferior aun año, ni tampoco superior a 18 meses.
Una recomendación que emite después de que hace tres años acreditara que los empresarios pactaron precios para ganar varios lotes de un concurso público y por lo que ya se les impuso una multa de 43.000 euros.
Ahora, debe ser la Junta la que decida si materializa este veto o no a las mercantiles.
