Amparo acaba de cumplir 65 años, vive en Valencia y cuida de sus dos nietos tutelados, ambos menores de edad. Desde hace más de tres meses, no cobra la prestación para manutención de la Generalitat que le corresponde por el cuidado de los niños, cerca de 3.000 euros en total, y denuncia que ha llegado a una situación "límite".

"Estoy en las últimas ya. Lleno la nevera como puedo y, si no puedo, me digo que tengo que poder", afirma en una conversación con EL ESPAÑOL.

Amparo es solo una de las personas afectadas por los impagos de la prestación del Gobierno valenciano, compuesto por PP y Vox. Un problema muchas veces invisible que releva las carencias sistemáticas en la atención a menores desamparados.

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Muchas familias, la conselleria las limita a la provincia de Valencia, no han registrado ningún pago desde el pasado mes de diciembre y llevan semanas reclamando que les abonen los atrasos para cubrir los gastos básicos.

"Vamos tirando con los pocos ahorros que hacemos durante el año, pero ya se han sacado todos", advierte Amparo.

Son familias que prestan un servicio fundamental y asumen el cuidado de los menores tutelados, cerca de 2.000 niñas y niños, que están bajo la responsabilidad del Gobierno autonómico.

Las familias y asociaciones de familias de acogida han pedido una reunión urgente con la dirección territorial de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para abordar el tema y buscar soluciones. Pero todavía no han recibido respuesta.

"Llamamos por teléfono, pero no nos atiende nadie y ya no sabemos qué hacer".

Solo han recibido la prestación algunas familias de las provincias de Alicante y Castellón, pero la correspondiente a la mensualidad del mes de enero y siguen pendientes los pagos de febrero y marzo, según denuncian los afectados.

La conselleria que lidera la dirigente del PP Susana Camarero asegura ser consciente de la situación y mantiene que son incidencias "puntuales".

Según expusieron fuentes de Servicios Sociales, los problemas han surgido por problemas informáticos provocados por una migración de datos que no han sido traspasados correctamente a la aplicación que gestiona los pagos.

La consellera Susana Camarero interviene en las Cortes. CORTS / JOSÉ CUÉLLAR

Estas fuentes limitaron las incidencias a algunas familias que residen en la provincia de Valencia. Afirman que los técnicos están trabajando para identificar a los afectados y ponerse al día con los pagos.

"Somos conscientes y se está trabajando con los técnicos del servicio", completaron estas fuentes.  

Abuelos que tutelan nietos

El acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración de un menor de edad con una persona o núcleo familiar que al asumir su guarda adquiere la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

El acogimiento es tan importante que el pasado mes de febrero, la Administración valenciana alertó de que se necesitan al menos 100 familias disponibles para acoger a menores de entre 0 y 6 años que ahora permanecen temporalmente en centros de acogida.

El acogimiento puede ser en una familia ajena, bien por inexistencia de parientes interesados en su constitución o por falta de idoneidad, o familia extensa, que tiene carácter preferente porque permite la preservación de la familia y que los menores convivan con personas que ya conocen y en las que confían.

Este último es el caso de Amparo, el de los abuelos que tutelan a sus nietos, el modelo de familia de acogida más común en España.

El pasado mes de marzo cumplió 65 años y desde hace un tiempo y por diversas circunstancias familiares acoge a dos de sus nietos, de 10 y 7 años respectivamente. Vive con su marido, también jubilado.

"Yo no cobro ninguna pensión y nos vamos apañando como podemos, pero hay familias que estarán peor que nosotros".

En su caso, se autorizó el acogimiento de los dos menores para fortalecer los lazos afectivos con los miembros de la familia extensa y poder proporcionar un entorno de seguridad a sus nietos.

"No es la primera vez que ocurre. El año pasado nos empezaron a pagar en marzo. Nos prometieron cambios en la normativa para que esta situación no volviera a pasar, pero estamos en abril y seguimos igual", detalla.

Esta nueva normativa fue aprobada hace tres años por el anterior Gobierno de PSPV, Compromís y Unidas Podemos. 

El nuevo decreto reconocía esta prestación como un derecho, lo que suponía "la reparación de un daño que se causaba a familias que están prestando, no solo un servicio social fundamental, sino también un servicio a los menores y las menores tutelados por la Generalitat".

Un grupo de menores en una imagen de archivo. EFE

Pero ni entonces la izquierda, ni ahora la derecha, consiguieron pagar a tiempo en la Comunitat Valenciana. El año pasado el retraso también se atribuyó a un "error informático".

"Pienso que para los políticos estos niños solo son un número de archivo, los menores tutelados no significan nada para ellos, me lo demuestran con sus hechos", lamenta esta abuela.

Módulos

Hasta el año 2015, las familias extensas cobraban 4,5 euros por persona acogida y día, y en el caso de las educadoras la cantidad inicial era de nueve euros.

A partir de ese año, a todas las familias se les asignó 15 euros en el módulo general.

El incremento de los módulos que se aprobó en 2019, supuso que una familia acogedora, tanto extensa como educadora, recibiera 450 euros mensuales, el doble que en 2015 y el triple en el caso de las familias extensas, que son aquellas que tienen vínculos sanguíneos con el niño o niña tutelada.

Si se trata de una familia monoparental, la prestación mensual se elevará a 540 euros, y si es un acogimiento especializado asciende a 990.

Según los datos de la Generalitat, la Comunitat Valenciana está por encima de la media en cuanto a la cuantía abonada para cada tipología de acogimiento, y se convirtió en la única autonomía que hace distinción respecto a la remuneración otorgada a las familias monoparentales.

Las subvenciones cubren los gastos a los que no llega la red sanitaria pública valenciana, siempre que estos superen el 25% de la prestación mensual por acogimiento.

Si fuera necesario, la cuantía en este concepto podría alcanzar hasta 10.000 euros anuales por cada menor de edad acogido.

Este sería el caso de las ortodoncias, las gafas o los tratamientos psicológicos o psiquiátricos que pudiera necesitar el niño o el adolescente. Pero los retrasos siguen sin corregirse.

"Los políticos tienen la nevera llena, nosotros no, estamos desesperados y necesitamos que nos paguen las mensualidades atrasadas inmediatamente", advierte Amparo.