Eduardo Zaplana se ha quedado prácticamente sin apoyos en el juicio que empezó este jueves en Valencia. Junto al exministro serán juzgadas otras 14 personas por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Al menos cuatro de los principales acusados en el caso Erial, la investigación que llevó a la detención y posterior ingreso en prisión del dirigente del PP en 2018, han llegado a un acuerdo para tirar de la manta durante su declaración a cambio de una reducción en la petición de pena.

Entre los miembros de la supuesta organización criminal que estarían en esa tesitura se encuentra el amigo de juventud de Benidorm (Alicante) de Zaplana, Joaquín Barceló, también conocido como Pachano, exdirector de Relaciones Institucionales del parque de ocio Terra Mítica.

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Barceló fue procesado por ser uno de los supuestos testaferros del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana.

Según el sumario, figuraba como titular de la cuenta hallada en Andorra que llegó a acumular un saldo de 10 millones de euros.

Además, la defensa de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, también habría llegado a un acuerdo con Anticorrupción para declarar y evitar el ingreso en prisión de su cliente.

García fue director del gabinete de Presidencia de 1995 a 1999 y desempeñó varios cargos en la Administración autonómica y sus empresas instrumentales.

Igualmente, participó en la mesa de contratación de las adjudicaciones de las ITV "conforme a los pactos suscritos" por la Generalitat, según el sumario.

Logró repatriar 2 millones de euros a España con la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y su nombre figuró en una de las dos empresas que sirvieron para exportar las comisiones a Luxemburgo.

La lista de conformidades la completa el clan Cotino, según admitieron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL. 

Esta familia estuvo encabezada por el fallecido ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, y abonaron unas comisiones ilícitas de 6,4 millones por salir beneficiados con el Plan Eólico valenciano, según estimó la Guardia Civil.

Juan Cotino figuró entre los acusados, pero falleció repentinamente en abril 2020 por Covid y no pudo ser juzgado. Sí figuran como acusados dos de sus sobrinos, los empresarios Vicente y José Cotino.

Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, este jueves en Valencia. EFE / BIEL ALIÑO

El primero de ellos ya fue condenado por la financiación irregular del PP en la Comunitat Valencia y ahora los dos estarían en disposición de pactar para evitar la cárcel.  

Había mucho interés por conocer el alcance de los acuerdos en la primera sesión del juicio. Ante de empezar la vista, el tribunal preguntó si había más acusados en esta misma situación, pero ninguna defensa se pronunció, según confirmaron fuentes presentes en la Sala.

Los cuatro mantuvieron la misma estrategia y sus abogados renunciaron a plantear cuestiones previas al tribunal, una estrategia habitual cuando se llega a este tipo de acuerdos.

El abogado de Joaquín Barceló solo intervino para "adherirme a la petición del fiscal" para sacar del juicio a la mujer de su cliente, Felisa López, detenida en la misma operación policial que el dirigente del PP. 

Joaquín Barceló a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE / BIEL ALIÑO

El abogado de Zaplana, Daniel Campos, alegó la vulneración de derechos fundamentales y cuestionó la legalidad de la operación policial que acabó con la detención de su cliente en mayo de 2018.

Pero los principales investigados rechazaron sumarse a estas consideraciones.

Zaplana solo contó con la adhesión de la defensa de su sucesor en el cargo de presidente, José Luis Olivas, y la de los hermanos Saturnino y Elvira Suanzes, esta última exdiputada del PP valenciano y procesados por blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene silencio respecto a estos acuerdos, pero la posición de estos cuatro acusados en el primer día del juicio dejó en evidencia que el acuerdo está mucho más maduro de lo que un principio se preveía.

Si finalmente estos cuatro investigados reconocen los hechos en los términos que recoge el escrito de acusación de Anticorrupción, el fiscal podría solicitar una rebaja de la pena al finalizar el juicio en junio.

Preguntado por este acuerdo, el entorno de Zaplana aseguró desconocer los detalles y reiteró la inocencia del exministro.

Hoja de ruta

En la primera sesión del juicio, el abogado del exministro pidió que el caso se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estimó "competente" para tramitar este procedimiento.

"En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", dijo a modo de ejemplo. De no mandarse la causa a Madrid se podría incurrir en la nulidad del juicio, advirtió.

El letrado se apoyó en jurisprudencia de casos como Petronor y recordó que la Audiencia Nacional se ocupa de supuestos casos de corrupción como Gürtel, muy vinculados a la Comunitat Valenciana, o Púnica y el caso Koldo.

Sin embargo, el tribunal se opuso y consideró que el delito principal que se investiga, el cohecho, se cometió en Valencia con el retorno a España de las supuestas comisiones.

En segundo lugar, el letrado de Zaplana pidió la nulidad de los documentos intervenidos en el despacho del exabogado del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado yonqui del dinero, en el marco de la causa que investigaba otro juzgado de Valencia.

Se trata de los conocidos como papeles del sirio, que dieron origen a la causa, y son, para los investigadores de Erial, una "hoja de ruta" para el amaño de las licitaciones y el cobro de las comisiones ilegales.

Mientras, el fiscal subrayó que la persona titular del domicilio que se registró "en ningún momento manifestó vulneración de derecho alguno ni señaló que se hubieran sustraído documentos que afectaban a la defensa de su cliente".

En cualquier caso, el ministerio público puntualizó que la "hoja de ruta" no apareció "únicamente" con estos papeles, sino que cuando Zaplana fue detenido "también se le intervinieron documentos de similares características".

El tribunal, tras escuchar a las partes, decidió no admitir la petición de nulidad, pero señaló que el fondo del asunto se abordará cuando se dicte la sentencia.

El juicio se retomará tras la Semana Santa con las declaraciones de los acusados.