La Fiscalía ha presentado un escrito al juzgado de Instrucción 3 de Gandía, en Valencia, en el que rechaza el archivo de la causa que amenaza a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por la quiebra de la concesionaria del edificio municipal de viviendas sociales de la calle Perú de Gandía.

Además, el ministerio público apoya la imputación del actual alcalde, José Manuel Prieto, y su declaración está pendiente de fecha. El dirigente socialista pidió el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones abiertas.

La fiscal considera que "en el presente momento procesal (...) no procede acordar el sobreseimiento" interesado por el sucesor de Morant en Gandía, según aparece en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

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Además, cree "necesario que se practiquen una serie de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los hechos objeto del presente procedimiento" antes de valorar si procede o no la apertura de juicio oral.

El proyecto objeto de este procedimiento, impulsado por el PSOE en Gandía, fracasó después de que Morant, recién nombrada alcaldesa, paralizara un desahucio en 2015 y favoreciera la "ocupación delictiva del edificio", según estimaron los tribunales por la vía contenciosa.

La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según estas sentencias.

El juzgado consideró que existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".

"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".

Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".

Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria, Inmobles Reunits de Catarroja SL, personada como acusación en este caso.

Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas.

El caso pasó de la vía contenciosa a la penal el año pasado después de que presentara una querella contra Morant el exalcalde del PP Arturo Torró.

Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía y María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.

La querella atribuye a los tres los supuestos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Petición de archivo

El actual alcalde de Gandía pidió el archivo al considerar que ni su actuación ni la de Morant impidieron que se practicara el desahucio en 2015.

Sin embargo, la concesionaria alegó y calificó el escrito de Prieto de "parcial y sesgado en el que no cabe duda que ha ejercitado en toda su extensión su derecho constitucional como investigado a no decir verdad y a no autoinculparse".

La empresa ha aportado a la causa las declaraciones de Morant de ese día y las imágenes publicadas en medios de comunicación que confirman su presencia.

"Hemos pasado de 'un trabajo conjunto entre la plataforma antidesahucios y el Ayuntamiento', a que acudió 'pero no para obstruir la actuación de nadie'", defendió la acusación.

Unas afirmaciones que, a juicio de la empresa, "prueba la parcialidad absoluta del relato sostenido por el investigado y nuestra insistencia en la necesidad de no tener en consideración su solicitud de sobreseimiento por la interesada tergiversación de la realidad que se realiza". 

La concesionaria acusó a Prieto de "reescribir" unos hechos que "han quedado acreditados en sede judicial respecto de la existencia de un daño patrimonial causado a la concesión cuya causa directa proviene de la actuación desplegada en fecha 30 de junio de 2015 por los intervinientes cuya responsabilidad se exige".

De no haber actuado así, defendió la concesionaria, "no se habrían producido los actos vandálicos de los que provienen dichos daños".

La investigación está ahora a la espera de que el Ayuntamiento de Gandía aporte la documentación reqeurida.

La Fiscalía ha vuelto a solicitar el expediente y datos de la concesión tras comprobar que el consistorio no los envió completos.