La empresa concesionaria del edificio municipal de viviendas de protección oficial de la calle Perú de Gandía (Valencia) ha pedido a un juzgado de esta ciudad que traslade al Tribunal Supremo (TS) las actuaciones que afectan a la ministra de Ciencia, Diana Morant, para que sea interrogada en relación con su actuación en el desahucio de una de las viviendas cuando era alcaldesa.

La empresa perjudicada, Inmobles Reunits de Catarroja SL, atendiendo a la condición de Morant de ministra del Gobierno de España, solicitó a finales del mes de diciembre al juzgado de Instrucción 3 de Gandía que Morant declare por los daños que sufrió el edificio tras paralizar el desalojo y los perjuicios ocasionados a la concesión. 

Morant está aforada y, por tanto, solo puede prestar declaración ante el TS. El juzgado todavía no se ha pronunciado y está pendiente que la Fiscalía entregue su informe, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales. 

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La querella inicial atribuye a Morant y a los otros dos denunciados presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La empresa denuncia "la existencia de un daño patrimonial causado a la concesión, cuya causa directa proviene de la actuación desplegada en fecha 30 de junio de 2015 por los intervinientes cuya responsabilidad se exige, y cuyo coste ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Gandía".

"Cuando de no haber actuado como lo hicieron esos miembros de la Junta de Gobierno Local no se habrían producido los actos vandálicos de los que provienen dichos daños", trasladó al juez.

La denuncia se apoya en dos sentencias dictadas por la vía de lo contencioso-administrativo, publicadas por este periódico en 2022, cuyos hechos probados concluyen que la actuación de la alcaldesa y el resto de los concejales que participaron en este desahucio provocó impagos y daños en el edificio público.

El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales.

El perjuicio se estimó en más de 700.000 euros y el edificio sigue abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas. 

Según estas sentencias, existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".

"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".

Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".

Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria.

La querella inicial la presentó en julio de 2023 el exalcalde del PP de Gandía Arturo Torró tras tener conocimiento de las dos sentencias que dejaban la puerta abierta a reclamar a los cargos públicos los daños patrimoniales derivados de su actuación.

Semanas después, según consta en las actuaciones, la concesionaria se personó en el caso al considerarse perjudicada y aportó documentación sobre el expediente.

El juzgado se dirigió al ayuntamiento para que entregara los expedientes administrativos, pero el consistorio los envió incompletos, según reveló la Fiscalía en un informe.

Este sábado, fuentes del Ayuntamiento de Gandía defendieron que una parte de la documentación requerida se envió a través de la plataforma digital del juzgado el 23 de octubre de 2023, pero aseguran que se "traspapeló" en el propio juzgado.

Otra de la documentación requerida, y que no estaba incluida en el expediente que se envió al juzgado, era la relativa a la concesión de este edificio público.

Fuentes del ayuntamiento admitieron que consideraron que no era necesaria esta documentación y la entregaron cuando el juez la volvió a requerir.

"Se trata de una denuncia, sin fundamento e interesada, que fue interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción, y 6 meses de inhabilitación absoluta", expresaron.

Fotografía de Morant

El Ayuntamiento de Gandía defendió que el acceso al inmueble fue impedido por una manifestación del colectivo antidesahucios, no de ningún funcionario ni autoridad, y la promotora aportó una imagen publicada en los medios de comunicación.

"La famosa fotografía que no admite interpretación alguna, en la que consta precisamente que la alcaldesa y los concejales formaban parte del colectivo Stop Desahucios junto con los que formaba una barrera humana que imposibilitaba el desahucio", recoge el escrito.

La empresa defiende que "concurren todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa y jurisprudencia de aplicación para la apertura, tramitación y, en su caso, declaración de responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local en los términos que han sido expuestos".

Estado en el que se encuentra el edificio.

"Sin que bajo ningún concepto sea comprensible que el Ayuntamiento de Gandía pretenda asumir en contra de su patrimonio y el de todos sus ciudadanos el coste de unos actos que tienen unos responsables debidamente identificados, teniendo perfecto encaje en la normativa vigente, toda vez que esa partida de coste fue inicialmente imputada a mí representada y posteriormente detraída", añade.

El edificio Lima, un bloque de 79 viviendas de protección oficial levantado sobre suelo público, se encuentra al norte de la ciudad de Gandía, junto a un instituto de secundaria por donde pasan centenares de adolescentes cada día.

Desde que en 2015 la entonces alcaldesa paralizó el desahucio de una vivienda y empezaron a surgir los problemas de ocupación, está abandonado. En 2017, se produjo un asesinato entre clanes.