Imagen del rescate investigado por la Agencia Antifraude.

Imagen del rescate investigado por la Agencia Antifraude.

Valencia POLÉMICA

¿Cuánto cuesta un rescate con helicóptero en la montaña y quién tiene que pagarlo?

Vox presiona al PP en Valencia para conocer la factura del rescate de la amiga de un alto cargo que ha acabado en la Fiscalía.

16 febrero, 2024 05:59
Valencia

La profunda investigación realizada en el último año la Agencia Valenciana Antifraude ha revelado que el gobierno del socialista Ximo Puig dio "un tratamiento superior al que le correspondería" a una amiga de una dirigente del PSOE. 

El 1 de mayo de 2022, se movilizó un helicóptero de rescate tripulado y dos unidades SAMU para atenderla porque se había doblado el tobillo en una senda de Yátova (Valencia).

Se trata de un supuesto caso de uso indebido de recursos públicos por parte del Servicio de Atención Sanitaria a las Urgencias y Emergencias de la Conselleria de Sanidad por "un despliegue de medios que no fue proporcionado".

Antifraude abrió la investigación en enero de 2023 tras recibir una denuncia anónima y comunicó el caso recientemente a la Fiscalía de Valencia tras reunir pruebas e indicios que apuntan a "la posible existencia de fraude o corrupción".

[Cronología del rescate en helicóptero de la amiga de un cargo del PSOE: del piloto que se opuso al "nos paga"]

El ministerio público ha abierto diligencias y valora elevar el asunto a un juzgado para que inicie una instrucción judicial.

Según concluyó Antifraude, la directora del SASUE -Servicio de Atención Sanitaria a las Urgencias y Emergencias-, Pura Sánchez, movilizó dos SAMU, un soporte vital básico y un helicóptero de rescate tras el percance que sufrió una mujer, al parecer conocida de una alto cargo.

La dirigente socialista que aparece como la amiga de la herida en las diligencias es María José Mira, secretaria autonómica de Hacienda -sigue a día de hoy en el cargo en el gobierno de Carlos Mazón- y número 1 del PSOE por Valencia en las elecciones autonómicas de 2019.

La investigación de Antifraude no detalla el coste total del rescate. Pero Vox, socio de gobierno del PP en Valencia, ha presentado una batería de preguntas en las Cortes Valencianas para conocer el coste total de la intervención y depurar posibles responsabilidades.

El partido de Santiago Abascal ha pedido conocer el coste total y "copia del contrato del helicóptero que efectuó rescate en Yátova". Además, la diputada Ana Vega solicita "informe relativo a la movilización del helicóptero" y el coste de movilizar los dos SAMU, según aparece en la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.

Hasta 8.000 euros

El coste de un rescate en helicóptero varía en función de cada comunidad autónoma. Este tipo de operaciones suelen ser muy peligrosas y costosas para cada administración, que tiene la obligación de atender todas las emergencias que se canalizan a través del 112.

En teoría, el cobro tiene carácter disuasorio, no recaudatorio, y la factura se envía a la persona rescatada en caso de que se compruebe que existió una negligencia grave, según apuntaron fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

El uso de un helicóptero de rescate como el empleado en Valencia dispara el gasto. Según estas fuentes, la factura final podría llegar hasta los 8.000 euros, pero todo depende del personal y los recursos necesarios para llevar a cabo la operación.

Si el rescate lo realiza la Guardia Civil, no se cobra. El servicio es público, universal y gratuito, puntualizan estas fuentes.

En el caso investigado, el suceso se calificó como un P4, es decir, como "un transporte sin gravedad".

Sin embargo, se movilizó un operativo de rescate de máxima gravedad, "llegando a provocar la descoordinación grave del servicio (tal y como queda demostrado en los diferentes informes y comparecencias), y una serie de situaciones que excedían del normal funcionamiento del servicio público".

En concreto, se movilizó al piloto y dos mecánicos, así como varias unidades del SAMU con su correspondiente personal.

Los rescatadores comunicaron a los investigadores que "no realizaron ninguna tarea de rescate" porque "no había nada que rescatar". En realidad, se trataba de un "simple traslado de la accidentada al helipuerto de La Fe (que ni siquiera era el destino final de la misma)".

Mientras, movilizar un SAMU tiene un coste para la administración valenciana de unos 1.300 euros, según detallaron fuentes sanitarias a este periódico.

Esa cantidad incluye las tasas, la asistencia o el transporte. El dinero lo abonan las compañías aseguradoras o directamente a la persona afectada si no tiene seguro.

En los últimos años, las asistencias con SAMU se han convertido en un método más de recaudación para la Administración valenciana, subrayaron estas fuentes.

Pura Sánchez, primera por la derecha, en un encuentro con Puig.

Pura Sánchez, primera por la derecha, en un encuentro con Puig.

"Situaciones kafkianas"

La Junta de Personal del departamento del Hospital General de Valencia se reunió este jueves para manifestar "su más enérgica repulsa a los hechos acaecidos el 1 de mayo del 2022, donde se ha hecho uso indebido de los medios tanto humanos como materiales asignados a los servicio de urgencias, emergencias y rescate".

"Ante la continua aparición de artículos de prensa con situaciones kafkianas, fuera de toda lógica (...), se solicita la apertura de un expediente informativo, y que queden suspendidas las actividades como medida preventiva de los responsables".

"Estas acciones no deberían de haber pasado nunca, en un sistema que tiene que priorizar la asistencia sanitaria, la gravedad del caso, sin distinciones ni privilegios", recoge la nota.

Los profesionales sanitarios recordaron que el SAMU "es un servicio extrahospitalario especializado en la atención a las urgencias vitales o emergencias y catástrofes, las 24 horas del día, que atiende al paciente o accidentado in situ".

"Cada unidad del servicio de emergencias tiene un valor incalculable para salvaguardar la vida, y no se puede emplear para casos banales o de poca gravedad".

Por ello, insta a la Conselleria de Sanidad "a la adopción de medidas o protocolos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y garantice una asistencia sanitaria de calidad independientemente de sus circunstancias".