Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ratificaron este martes sus informes aportados en el caso de la supuesta caja B del PP de Rita Barberá y ha confirmado que hubo financiación irregular en las campañas de 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

Al analizar las cuentas del PP de Valencia, los agentes descubrieron que había terceras empresas que hacían ingresos a las mercantiles que había contratado el PP para hacer las campañas electorales de 2007 y 2011, Laterne y el grupo Trasgos.

En concreto, respecto a la primera campaña, que se firmó con Laterne por 150.000 euros para las municipales 2007, el responsable de la unidad de la UCO que asumió este caso declaró que el coste real podría haber superado los 2 millones de euros. No obstante, reconoció que era difícil de calcular el presupuesto total.

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Además, los agentes confirmaron que se produjo una llamada, captada en el mes de abril de 2015, que destapó el fraude de los billetes de 500 euros para financiar la campaña de ese año.

En la llamada, la exconcejal María José Alcón, fallecida en 2018, explica con todo lujo de detalles a su hijo, Vicente Burgos, en qué consistía el proceso de blanqueo de los 1.000 euros por parte de los concejales y asesores del PP investigados.

En la conversación, se escucha cómo Vicente Burgos no entiende bien el proceso de pitufeo. Su madre, pareja del exvicealcalde Alfonso Grau, uno de los principales acusados en este caso, le explica con detalle la supuesta mecánica que llevaba a cabo del partido en el Ayuntamiento de Valencia.

"Se producen dos llamadas, una con su hijo y otra con su hermana. Se comenta una operativa, hasta entonces desconocida, en la que se trataba de realizar una serie de transferencia bancarias y ese dinero sería entregado con dinero en efectivo. Se dio cuenta al juzgado y se colicitaron medidas de investigación", declaró el responsable de la unidad policial que investigó estos hechos.

Así se lo aseguraron los agentes de la UCO en su declaración testifical en el juicio que comenzó este martes en la Audiencia de Valencia contra el que fuera vicealcalde de la ciudad Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau 9 años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.

Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.

Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos al considerar la Audiencia de Valencia que no quedó acreditado el origen delictivo del dinero y solo quedaron cuatro acusados.

En su intervención, el instructor de las diligencias de la UCO manifestó que se pidieron nuevas diligencias tras la conversación de la exconcejala Alcón con su hijo.

"Tanto para 2007 como para 2011 hay empresas y fundaciones que hacen aportaciones a las empresas organizadoras de las campañas electorales del PP. Empresas que tenían intereses económicos con el Ayuntamiento".

Delitos prescritos

Mientras, las defensas de los acusados han aprovechado esta primera sesión del juicio para alegar prescripción de delitos en la presunta caja B del PP de Valencia para evitar ser juzgados.

En su turno de palabra, la defensa de García Fuster, ejercida por el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, fue la primera en solicitar la prescripción del delito de cohecho que se le imputa.

"Si el delito se comete en 2011 por importe de 28.500 euros y contra ella se dirige la acusación de cohecho por primera vez en diciembre de 2022, hay prescripción. El delito prescribe a los cinco años y es una simple operación aritmética", dijo.

El abogado de Grau también aludió a la prescripción sobre los delitos de las campañas electorales de 2007 y 2011. 

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la prescripción y el tribunal comunicó a las partes que dará a conocer su decisión en la sentencia.

El juicio se retoma este miércoles con el interrogatorio de más testigos y los cuatro acusados serán los últimos en declarar.