El juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha procesado Alexey Sirokov, considerado por la Policía Nacional como el hombre de la mafia rusa en Alicante, y a otros cuatro ciudadanos de origen ruso por formar parte de una supuesta organización criminal y sobornar a funcionarios públicos a cambio de favores.

Shirokov residía en Altea, un municipio alicantino próximo a Benidorm, y está afincado desde joven en España. Abogado y empresario, era militante del PP de Altea y la investigación ha confirmado su influencia "notable" en el consistorio, según consta en el auto dictado por el juzgado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El caso tiene su origen en las investigaciones del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía de Alicante. Los investigadores detectaron una serie de movimientos de capitales que les llevó a ciudadanos rusos residentes en la provincia de Alicante.

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El dinero provenía de sociedades radicadas fuera de España y que, tras el examen de movimientos bancarios, resultó que "estaban llevando a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos de procedencia injustificada".

Estos fondos se invirtieron en España, principalmente en el sector inmobiliario y del ocio, "proviniendo de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético, quienes tras contactar a través de personas intermediarias con empresarios españoles, invirtieron sus fondos de procedencia ilícita, para blanquearlos en España".

Los procesados llegaron a "infiltrarse en las instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida política y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, a cambio de regalos o contraprestaciones económicas, obtener ventajas para sus clientes a quienes les cobraron una comisión".

Estos contactos sirvieron para agilizar los trámites en extranjería y que miembros de la trama obtuvieran la nacionalidad española.

El juzgado destaca en su relación la "red de contactos con personas de la administración, de la Guardia Civil y Policía Local de Altea, para conseguir favores en beneficio de otras personas de su confianza o relacionados y cargos políticos a cambio de recibir beneficios en sus relaciones comerciales".

Así consiguieron, por ejemplo, que la policía acelerase los trámites para la renovación de DNI de Jesús Ballester, candidato a alcalde de Altea por el Partido Popular, "mediando entre el agente de policía y Ballester".

Asimismo, Alexey Sirokov consiguió "la retirada de la multa a su abuelo a cambio de regalos, o la compulsa de documentos para facilitar permisos de residencia, y la entrega de regalos a funcionarios para obtener la cédula de habitabilidad" de una vivienda.

"La influencia de Alexey en el Ayuntamiento de Altea era notable mediando en la instalación de badenes en la urbanización de uno de sus cliente y para ello habló con Herminio N., jefe de policía local de Altea para conseguirlo", apunta el juzgado.

"De las conversaciones telefónicas intervenidas se constata que Alexey Shirokov, en agradecimiento por las gestiones y favores realizados para él, sus negocios y clientes entregó a cambio, regalos y gratificaciones".

Finalmente, Alexey "se introdujo influyendo en la vida política como lobista del PP de Altea para beneficiarse en sus negocios y también en la realización de gestiones de extranjería para acelerar los trámites para obtener la residencia de clientes rusos".

El juzgado considera que los hechos pueden ser constitutivos de un supuesto delito de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho; y ahora las acusaciones pedirán la apertura de juicio oral.

Esta operación policial supuso el golpe más importante contra el crimen organizado de origen ruso en la última década.

En septiembre de 2022, un grave error judicial permitió el archivo de las actuaciones contra una veintena de implicados, entre ellos el agente de la Guardia Civil el agente de la Guardia Civil de Altea Marcos R. o el empresario ruso Mikhail Danilov.

Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de "alto nivel criminal", según datos de inteligencia policial de Europol. 

Lorenzo Martínez Sola, concejal de Seguridad de Benidorm, también figuró como imputado, pero el juzgado acabó archivando las diligencias.