El PP de Carlos Mazón impulsará una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para "despolitizar" la Justicia y que los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que son designados por el Parlamento autonómico sean nombrados a partir de ahora por los propios jueces.

En esta iniciativa está trabajando el grupo parlamentario popular para someterla al pleno y que les Corts Valencianes insten al Gobierno central a cambiar la norma. El objetivo de Mazón es evitar que los partidos promuevan distintas candidaturas y reforzar la independencia judicial, según apuntaron fuentes de la Generalitat al diario EL ESPAÑOL. 

La de Civil y Penal es una de la Salas más sensible del TSJCV, pues es la que se encarga de revisar denuncias contra los políticos autonómicos aforados y valorar si se acuerda la citación del afectado en calidad de imputado. Además, los magistrados que conforman la Sala también son los encargados de celebrar el juicio posterior.

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En concreto, el PP promoverá "la reforma legal y apoyar que se elimine la potestad autonómica mediante la cual las Cortes Valencianas pueden designar plazas en las Salas de lo Civil y Penal del TSJCV, para que sen los propios jueces quienes decidan la provisión de las mismas".

Este punto figura en el apartado de regeneración democrática del programa electoral del PP valenciano y Mazón quiere liderar la reforma en el ámbito estatal.

No obstante, la incertidumbre con la que ha arrancado esta legislatura, tras los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, podría retrasar su puesta en consideración en el Parlamento autonómica, según admitieron fuentes del PP.

Reformas

El artículo 34 del Estatuto de Autonomía Valenciano recoge que el presidente del TSJCV será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

A continuación, señala que el nombramiento de los magistrados, jueces y secretarios
del Alto Tribunal de Valencia se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Por tanto, la iniciativa de Mazón deberá ser respaldada por el futuro Gobierno y la mayoría del Congreso para que salga adelante.

El artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla el sistema de nombramiento de los magistrados.

El aparatado 4 establece que "en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma".

Su nombramiento será "a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa".

"Las restantes plazas serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre los que lleven 10 años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma".

Además, puntualiza que "en el caso de existir las secciones de apelación, una de ellas conocerá de manera exclusiva de las causas de violencia contra la mujer en sus diversas formas, y las plazas de dicha sección se cubrirán por magistrados o magistradas que ostenten la condición de especialistas en violencia sobre la mujer".

A falta de estos, los nombramientos se realizarán "con arreglo a lo establecido en el apartado 5; los que obtuvieran plaza de esta forma deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el CGPJ establezca reglamentariamente".

Igualmente, fija que "cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de ellas, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno previa propuesta del presidente del tribunal, podrán ser adscritos por el CGPJ, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala del mismo Tribunal Superior de Justicia".

"Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias", concluye.