Plataforma de Afectados PIA Ofimático
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Vecinos de Lavadores, "desamparados" por el PIA en Vigo: "Apoyamos la vivienda protegida, pero no que nos echen de casa"
Denuncian la falta de información por parte de la Xunta y el valor de las indemnizaciones. "Estamos hablando de terrenos situados a apenas un kilómetro de Plaza de España que podrían valorarse entre dos y doce euros el metro cuadrado. Con eso no compras ni un garaje", critican
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Hace unos meses, la Xunta de Galicia anunció un nuevo Proyecto de Interés Autonómico (PIA) con el que pretende construir 2.000 nuevas viviendas protegidas en la parroquia de Lavadores, en el ámbito del Ofimático, en Vigo. La actuación supondrá una inversión de público-privada de 372 millones de euros, de los cuales 22 millones correrán a cargo del gobierno gallego.
Sin embargo, la construcción del PIA deja "desamparados" a decenas de vecinos de la zona, que se han unido para crear la Plataforma de Afectados por el PIA Ofimático, para pedir transparencia a las instituciones. Denuncian sentirse "impotentes" ante un proceso que avanza a gran velocidad mientras la incertidumbre crece entre quienes podrían perder sus viviendas y terrenos. Hay 35 inmuebles residenciales afectados y 250 propiedades, fundamentalmente fincas utilizadas de forma habitual.
"Estamos siempre a favor del desarrollo del ámbito y somos conscientes de la necesidad de vivienda protegida en Vigo, pero pedimos respeto para los vecinos, unas condiciones de expropiación justas y que nadie tenga que abandonar su casa sin una alternativa clara", resume sus exigencias uno de los portavoces de la plataforma a Treintayseis.
Lejos de oponerse a la construcción del PIA, los afectados únicamente exigen un trato "justo" para quienes tendrán que abandonar un barrio en el que muchas familias llevan generaciones viviendo. "Desde el terreno sentimental nos duele perder nuestra forma de vida, pero no entendemos. Lo que no puede ser es la tasación que está ofreciendo la Xunta por las expropiaciones", critican.
Según explican, la zona de Ofimático es una "pequeña aldea" dentro de la ciudad de Vigo, donde todos se conocen y las familias llevan viviendo allí generaciones. Es por eso por lo que todos se conocen y la plataforma reúne a perfiles de lo más diversos: desde jubilados hasta jóvenes. "Ahora salgo de casa, veo a mis vecinos de toda la vida y dentro de poco no voy a ver a nadie. Ellos tampoco saben dónde van a acabar", lamentan los portavoces.
"Ya no es el dinero. Me están echando de mis raíces. Están rompiendo toda una forma de vida", denuncian.
Desde dos euros el metro cuadrado
Según explican, la legislación vigente permite valorar muchos de esos suelos como rústicos, lo que reduce notablemente las indemnizaciones. "Estamos hablando de terrenos situados a apenas un kilómetro de Plaza de España que podrían valorarse entre dos y doce euros el metro cuadrado. Con eso no compras ni un garaje", critican. De esta forma, una de sus principales preocupaciones son esas familias a las que podrían echar de sus casas sin los medios suficientes para tener otro sitio en el que vivir.
En esta línea, critican la falta de información y de transparencia: "Que te digan que te van a echar de tu casa y que no tengas una alternativa clara... Lo ideal sería que antes de sacar a una persona de su vivienda estuviera preparado el sitio al que va a ir", dicen.
Entre los casos que más preocupan figura el de una mujer de 91 años que, según explican, afrontaría la segunda expropiación de su vida tras haber perdido ya una vivienda cuando se abrió la avenida de Madrid en los años cincuenta.
Caballero defiende a los vecinos
Ante esta situación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantuvo este lunes una reunión con los representantes de la plataforma, en la que defendió que la ciudad crezca de forma ordenada y con agilidad en la construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección, pero subrayó que "también es muy importante respetar los derechos de las personas afectadas".
En su opinión, la Xunta debe utilizar todas las vías que permite la ley para atender a estas familias, respetando "escrupulosamente" sus derechos. Considera que los afectados deben ser compensados de forma "razonable", recurriendo a todas las fórmulas legales disponibles, como la posibilidad de que los vecinos puedan ser realojados en viviendas dentro del mismo ámbito o mediante acuerdos de permuta tanto de viviendas como de propiedades. En cualquier caso, añadió, las compensaciones económicas deberían ser adecuadas para todos los afectados.
Asimismo, Caballero insistió en la necesidad de ofrecer certezas sobre la solución definitiva antes de iniciar cualquier actuación sobre las propiedades y criticó a la Xunta por, según dijo, "maltratar los derechos de las zonas afectadas", reclamando celeridad y que alcance de forma inmediata un acuerdo con los afectados, ya que, afirmó, se les están ofreciendo cantidades económicas insuficientes.
2.000 viviendas públicas
El ámbito cuenta con una superficie de 210.814 metros cuadrados, donde se ubicarán las 2.000 nuevas viviendas colectivas y protegidas. Se integrarán en bloques residenciales abiertos y cerrados, con alturas de entre cuatro y siete plantas (excepto tres de estos inmuebles). Además, se reservará un espacio para vivienda unifamiliar aislada para facilitar el realojamiento de las personas afectadas por las expropiaciones.
También se contemplan usos terciarios. En este sentido, la superficie edificable comercial es de 26.971 metros cuadrados. "Nuevos negocios que serán nuevas oportunidades, generando nuevos puestos de trabajo", ha apuntado la conselleira, que también ha indicado que el ámbito contará con una superficie de 32.957 metros cuadrados para dotación de equipamientos públicos.
Por otro lado, el proyecto contempla 70.112 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres -se estima la plantación de 2.200 nuevos árboles-. Asimismo, se habilitarán 2.700 plazas de aparcamientos, de las cuales 550 serán públicas. La urbanización permitirá dotar el ámbito de todos los servicios: saneamiento, abastecimiento, redes de iluminación, gas y telecomunicaciones.
Por su parte, el Concello de Vigo, ha alertado de que "el objetivo de la Xunta de Galicia no concuerda con dar respuesta a las necesidades residenciales" de la ciudad. En concreto ha criticado que se haya reducido el porcentaje de vivienda protegida del plan un 20%.
