Imagen de la protesta
Ofrecido por:
Una empleada de una escuela pública de Vigo, sancionada tras avisar de una presunta mala praxis
Decenas de personas se han concentrado en la Escuela Infantil Rosalía de Castro, en el barrio vigués de Coia, para denunciar que la Xunta de Galicia expedientara a una trabajadora por avisar a una madre de una mala praxis
Podría interesarte: Vigo reclamará a la Xunta el coste de la reparación de la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro
Decenas de personas se han concentrado este jueves frente a la Escuela Infantil de Rosalía de Castro, ubicada en el barrio vigués de Coia, tras la sanción a una empleada por informar a una madre de una presunta mala praxis por una educadora. Esta última ya no trabaja en el centro y se desconoce si ha sufrido alguna represalia.
La protesta se ha llevado a cabo por la mañana ante las instalaciones de la escuela de Vigo. Durante la concentración, la propia amonestada, Eva Pallas, ha relatado a Europa Press que ella se enteró de lo sucedido a través de otra trabajadora, quien le contó que había visto un caso de mala praxis de una educadora hacia una niña.
A la salida del centro, la madre de dicha alumna presuntamente acosada le preguntó directamente si había ocurrido algo, al notar a su hija nerviosa. Por ello, ella le contó lo que sabía y avisaron a la directora del centro. En concreto, según ha explicado el secretario xeral de CUT, Ricardo Castro, la educadora habría encerrado a la niña en el baño para tratar de que dejase de llorar.
Expediente
Después de lo ocurrido, tuvieron que pasar varios meses hasta que, por sorpresa, la trabajadora recibió una notificación de que se le había abierto un expediente sancionador a ella por haber contado a la madre lo ocurrido en el centro.
En principio, tal como explicaron ambos, se le acusaba por no cumplir el protocolo para estos casos. "Al percatarse de que no existía protocolo, dijeron que la sanción era por saltarse el deber de confidencialidad", añadieron, alegando los dos que es deber del empleado público informar a las familias si se es preguntado directamente, como fue el caso.
Tanto ella como el sindicato consideran esta situación una "clara práctica de coacción y advertencia" para quien intente "cumplir honestamente con el servicio público". Así, han lamentado que sea ella la amonestada pese a haber sido la que alertó de los hechos. Además, se desconoce si la educadora, que ya no trabaja en el centro, sufrió alguna represalia.
Por todo ello, han solicitado a la Xunta protocolos de actuación ante situaciones similares y la revocación de la sanción a esta trabajadora, que finalmente quedó en una amonestación leve por escrito.