Estas son las zonas de Vigo con mayor riesgo de okupación
Si bien la provincia de Pontevedra concentra únicamente el 24% de los casos de viviendas okupadas de la comunidad gallega, Vigo es la segunda ciudad más afectada por este tipo de usurpación de bienes inmuebles, solo por detrás de A Coruña; un importante quebradero de cabeza para los propietatios que, según señala la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), se ha incrementado con la pandemia.
Respecto a las zonas de la ciudad olívica que cuentan con mayor riesgo de okupación, y en las que se han detectados más casos, Fegein destaca los barrios de Teis, Calvario, Cabral, el área de Travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso XII así como varias calles del Casco Vello.
"Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el de resto de propiedades de la zona", subraya Benito Iglesias, presidente de Fegein.
En el lado de las ciudades gallegas con menos problemas de okupación se encuentra la Boa Vila. El norte de la comunidad concentra casi el 70% de las incidencias, con la provincia de A Coruña como zona más afectada, con el 50% de los casos.
"La okupación se ha agravado en este último año, 2022, y muchas de las ocupaciones ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema. Con lo que son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas, lo que es muy preocupante por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema", sostienen desde la asociación inmobiliaria.
Seguridad jurídica
En Fegein hacen hincapié en el apoyo a la enmienda incluida en el proyecto de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por la cual "los jueces puedan ordenar desalojar un propiedad okupada en un plazo máximo de 48 horas, incluyendo así un nuevo punto en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Esta medida haría que los magistrados pudieran "iniciar el proceso de desalojo en los casos de allanamiento de morada o de usurpación de inmuebles en el plazo de 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado policial", explican.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias estima que a lo largo del 2022 se han producido más de 660 ocupaciones ilegales de viviendas en Galicia, lo que supone un incremento de más del 15% respecto al año anterior y récord de casos desde que existen registros al respecto. Además, la federación destaca la importancia de dotar a los propietarios de medidas para incrementar la seguridad jurídica en estos casos, a veces, de tan difícil solución y que se alargan durante meses ocasionando importantes perjuicios a los dueños de los inmuebles.
"El coste de los propietarios es altísimo, porque además de verse privados del uso de sus viviendas, tienen que asumir el pago de los suministros que las viviendas tengan contratados a su nombre, además de seguir pagando los gastos comunitarios, y por último, todos los gastos jurídicos que conlleven la tramitación procedimientos judiciales y los gastos para reparar los desperfectos existentes a la marcha de los okupas", sostienen desde Fegein.
La duración media de los procedimientos judiciales de desalojo por okupación de una vivienda en Galicia es de 15 meses mientras que la media nacional es de 18 meses de duración, según datos aportados por Fegein.
"La realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra comunidad autónoma, debido a una legislación que no afronta la problemática actual en un contexto económico adverso", concluye Benito Iglesias.
