El Gobierno refuerza la protección social de los trabajadores que sufren las consecuencias de una catástrofe natural.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una incapacidad temporal especial para las personas afectadas por la dana Adam, que ha golpeado especialmente a la Comunidad Valenciana y ha dejado víctimas mortales, rescates y numerosos daños materiales.
La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, busca ampliar la cobertura de la Seguridad Social en situaciones excepcionales.
"Vamos a tramitar un decreto ley que extiende la acción protectora de la Seguridad Social, al igual que se ha hecho en otros procesos con grandes catástrofes, con una incapacidad especial que protege a trabajadores con consecuencias por episodios como este", explicó en una entrevista en TVE.
La iniciativa sigue la línea de las medidas extraordinarias adoptadas tras la dana de 2024, cuando el Ejecutivo creó una incapacidad temporal específica para trabajadores por cuenta ajena y autónomos que sufrieron daños físicos o psicológicos como consecuencia del temporal.
Aquella prestación se asimiló a una baja derivada de accidente de trabajo, con una protección económica del 75% de la base reguladora desde el primer día y sin exigir un periodo mínimo de cotización.
No obstante, las condiciones concretas de la nueva medida deberán atender a lo establecido en el decreto aprobado para la dana Adam.
Saiz también trasladó su solidaridad a los afectados por las lluvias, que en el momento de sus declaraciones habían dejado cuatro fallecidos.
La ministra aprovechó la situación para reclamar un Pacto contra el Cambio Climático que implique a las distintas administraciones: "No valen negacionismos y es importante que la ciudadanía sea consciente de la importancia de que todas las administraciones sumen esfuerzos para prevenir, y desde luego en estos momentos también acompañar".
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye otras reformas del sistema de protección social.
Una de ellas amplía el acceso a la pensión de viudedad para parejas que no estaban casadas ni inscritas oficialmente como parejas de hecho, siempre que acrediten dos años de convivencia y tengan hijos en común.
La modificación pretende evitar que la falta de formalización de la relación impida acceder a esta prestación cuando se cumplen los requisitos establecidos.
El Ejecutivo también ha aprobado cambios en la prestación CUME, destinada a progenitores que necesitan reducir su jornada laboral para cuidar de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
La reforma busca extender esta protección más allá de los 26 años cuando la persona cuidada tenga reconocido un grado III de dependencia o una discapacidad igual o superior al 65%.
Saiz defendió la aprobación de estas iniciativas pese a la proximidad de las elecciones generales. "Son medidas muy maduras, que afectan al día a día de mucha gente y en esa coherencia de seguir gobernando llevamos ese importante paquete al Consejo de Ministros", concluyó.