La Inteligencia Artificial (IA) tiene cada vez más importancia en nuestras vidas. Algunos la usan en su día a día para todo: consultar horarios de buses, precios de entradas para conciertos o hasta para planificar viajes.
En el ámbito laboral, muchos trabajadores ya la usan para agilizar sus tareas. Sin embargo, desde el punto de vista de la empresa, la IA puede resultar útil para el análisis de datos y la toma de decisiones.
De hecho, según el Barómetro de Talento Digital de 2026, un 40 % de las compañías en España prevé recortar su plantilla por culpa de la inteligencia artificial. Algo que la legislación estatal y europea regula estrictamente.
¿Es legal sustituir a alguien por la IA?
"Incorporar inteligencia artificial puede justificar un despido, pero no es un salvoconducto", afirma Gracia Rivas, abogada laboralista.
"La empresa tiene que acreditar la causa y su conexión con cada puesto que suprime, y es ahí donde muchos de estos despidos pueden caer en un juicio", alerta la también directora del despacho Somos Laboralistas.
Y es que uno de los motivos de despido puede ser por causa técnica u organizativa. Aquí es donde se enmarca la asunción de tareas por parte de la inteligencia artificial.
El artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores no da vía libre: la empresa está obligada a acreditar el motivo y convencer a la justicia de que el despido corresponde a una medida razonable y proporcionada.
En este sentido, la compañía debe acreditar lo siguiente:
- La herramienta de IA debe estar en funcionamiento: no sirve una previsión o un proyecto piloto.
- El destino de las funciones suprimidas: las tareas del empleado despedido se pueden repartir entre la plantilla que se queda. No obstante, si esas funciones van a parar a una subcontrata o a una nueva incorporación, podría haber pleito.
- Criterios de selección: la empresa tiene que explicar por qué ha elegido a una persona en concreto para ser despedida y no a otra.
El ejemplo de Lopesan
"Lo relevante no es que la empresa haya incorporado una herramienta, sino qué funciones concretas asume, desde cuándo y qué ha pasado con las personas que las hacían", explica la abogada. "Si esas preguntas no tienen una respuesta documentada, la causa no está acreditada", añade.
Eso fue lo que le ocurrió a la empresa Lopesan en 2019. El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria falló a favor de una administrativa de dicha compañía tras ser sustituida por un programa de automatización de cobros.
Lopesan solo aportó previsiones de futuro, así que el juez concluyó que automatizar "con la única excusa de reducir costes para aumentar la competitividad" no es un argumento válido para despedir.
La compañía tuvo que elegir entre readmitir a la trabajadora o abonarle 28.305 euros.