El precio de los alimentos que llega al supermercado es solo una parte de la historia. Detrás de cada producto hay agricultores que deben asumir costes crecientes, cumplir con las exigencias de la normativa europea y enfrentarse a unas condiciones meteorológicas cada vez más imprevisibles.
A esta situación se suma la competencia de las importaciones de terceros países, que el sector agrario considera una amenaza para la supervivencia de las explotaciones españolas. Ramón García Martín, agricultor de 62 años dedicado al cereal de secano en Carmona (Sevilla), conoce bien estas dificultades.
Lleva cuatro décadas trabajando en el campo y pertenece a una familia que ha vivido de la agricultura durante tres generaciones. Desde su experiencia, denuncia la desigualdad de condiciones entre los productores españoles y quienes comercializan mercancías procedentes del exterior.
El control de las importaciones, a debate
"Los cerealistas españoles estamos desprotegidos", sostiene el agricultor a EL ESPAÑOL. "Estas mercancías entran sin aranceles o con aranceles muy bajos, no se controlan los contingentes establecidos y no se realizan los suficientes controles de calidad y salubridad".
La denuncia de Ramón pone el foco en una cuestión que preocupa al sector: las diferencias entre las obligaciones que soportan los agricultores europeos y las condiciones de producción de algunos países extracomunitarios.
En España, los profesionales deben respetar la normativa europea sobre productos fitosanitarios, mantener registros de sus tratamientos y someterse a controles durante la producción.
En cambio, las mercancías procedentes de terceros países se inspeccionan principalmente en los puestos de control fronterizo, donde se realizan verificaciones documentales y de identidad, además de controles físicos y analíticos en función del riesgo.
Esto no significa que los alimentos importados estén exentos de requisitos sanitarios. La legislación europea también les exige respetar los límites máximos de residuos de plaguicidas aplicables en la Unión Europea.
Sin embargo, los agricultores reclaman que se refuercen las inspecciones y que se equiparen las exigencias de producción para evitar ventajas competitivas.
El problema, por tanto, no se limita a la seguridad alimentaria, sino también a las condiciones en las que se producen y comercializan los alimentos.
Asimismo, la presión de las importaciones coincide con un deterioro de la rentabilidad que Ramón lleva observando desde hace años. Las semillas, los fertilizantes, el gasóleo, los fitosanitarios y el mantenimiento de la maquinaria encarecen cada campaña, mientras que los precios de venta no siempre permiten recuperar lo invertido.
"Desde hace 15 o 20 años la rentabilidad ha ido bajando: ayudas para la baja, precios de nuestros productos congelados o incluso por debajo de hace años y, por si fuera poco, los gastos, insumos cada vez más altos", explica.