No una, sino dos veces, el Consejo de Ministros ha aprobado los dos reales decretos-ley en materia de vivienda. Y ha sido así porque el Congreso de los Diputados los rechazó, siendo el ‘pistoletazo de salida’ a unas nuevas elecciones generales el 29 de noviembre.
“La política de vivienda de Sánchez no puede depender de normas improvisadas y sin consenso”, afirma Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias).
Por eso, reclama al Gobierno que abra un proceso real de interlocución con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las organizaciones sociales y los representantes del sector inmobiliario.
Reglas claras
Desde FADEI estiman que reformular y reactivar de manera inmediata unas normas que no obtuvieron respaldo parlamentario “profundiza la desconfianza y aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo estable en materia de vivienda”.
Porque, desde su punto de vista, el mercado residencial necesita reglas claras, previsibles y duraderas. Más si cabe en momentos como los actuales, en los que acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
“La sucesión de cambios legislativos, anuncios y rectificaciones dificulta la toma de decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas, y genera un escenario en el que la incertidumbre termina condicionando la disponibilidad de vivienda”, asegura Gómez Huecas.
Por eso, la federación reclama una estrategia de Estado que amplíe la oferta, aporte estabilidad al mercado y tenga en cuenta a los profesionales del sector. Y no en recuperar medidas previamente rechazadas, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez.
España necesita una estrategia residencial de largo plazo, no una acumulación de intervenciones parciales promovidas al ritmo de la coyuntura política”, sostienen desde FADEI.
Y es que, según patronal, las medidas que introducen nuevas obligaciones o limitaciones sin actuar simultáneamente sobre la escasez de oferta trasladan más presión a un mercado ya tensionado.
“El resultado puede ser una mayor retirada de viviendas, menos alternativas para quienes buscan un alquiler y requisitos de acceso cada vez más exigentes”, sostienen.
Una situación afecta sobre todo a jóvenes, familias con ingresos medios y bajos, trabajadores desplazados y colectivos con mayores dificultades para acreditar solvencia.
¿Soluciones? Hay que agilizar la creación de vivienda, movilizar suelo disponible, reducir los plazos administrativos, ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer la colaboración entre administraciones y sector privado.
Por último, también reclaman incentivos eficaces para incorporar viviendas vacías al mercado y mecanismos que permitan aumentar el parque asequible sin descargar toda la responsabilidad sobre los particulares.