La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) es el marco legislativo clave de la Unión Europea para regular, prevenir y controlar el impacto ambiental de las instalaciones industriales y agropecuarias más contaminantes del continente.
La normativa entró en vigor el 4 de agosto de 2024, pero España y los demás Estados miembros tenían como fecha máxima para adaptar sus leyes nacionales a esta directiva el 1 de julio de 2026.
Ahora, Bruselas ha abierto un proceso de infracción contra España por no llevar a cabo este proceso de traspaso y da un máximo de dos meses para que comience a aplicarse la normativa.
España contra las cuerdas
A través de una carta de requerimiento, el primer paso formal del expediente sancionador, la Comisión Europea ha advertido a España y al resto de países incumplidores. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, Bruselas podrá emitir un dictamen motivado, paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El objetivo de la normativa es reducir la contaminación atmosférica, del agua y del suelo, minimizando la producción de residuos y promoviendo la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Con esto, el pilar fundamental de la directiva es el uso de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), estas son la fase más avanzada y eficaz de las actividades industriales y de su explotación para prevenir o reducir las emisiones y el impacto ambiental en su conjunto.
De esta manera, ninguna gran planta industrial puede operar sin un permiso concedido por las autoridades ambientales de cada país. A su vez, estos permisos fijan valores límite de emisión basados en la tecnología más eficiente y viable que exista en el mercado para ese sector.
Las directrices de las MTD van cambiando a lo largo de los años y se actualizan a nivel europeo, lo que obliga a las empresas a estar constantemente modernizando sus procesos.
Estas actualizaciones afectan a más de 50.000 grandes instalaciones en toda Europa. Así en el sector de la energía se ven afectadas las grandes plantas de combustión, refinerías de petróleo y gas; en el sector de producción y transformación de metales la siderurgia y metalurgia; en la industria mineral la fabricación de cemento, cal, vidrio y cerámica; la industria química y farmacéutica; las incineradoras y vertederos; y las grandes explotaciones ganaderas como la cría intensiva de aves y porcino.
Con esto, la directiva busca reforzar de forma notable sus exigencias y la protección ciudadana. Por ello, introduce la posibilidad explícita de que los ciudadanos perjudicados en su salud por la contaminación ilegal de una empresa puedan exigir compensaciones económicas directamente ante los tribunales.
Asimismo, se establecen multas proporcionales a la facturación de las empresas infractoras para evitar que les compense económicamente incumplir las normas.
También se incluyen en la directiva nuevas actividades industriales como la extracción de minerales metálicos y fabricación de baterías a gran escala, además de que se ajustan los umbrales de la ganadería intensiva.
Para garantizar la transparencia y el acceso a la información crean un Portal de Emisiones Industriales donde la ciudadanía puede consultar libremente los permisos, los datos de emisión en tiempo real y el nivel de cumplimiento en cada planta.
Finalmente, España cuenta con máximo dos meses para llevar a cabo la transposición de esta nueva normativa que intenta proteger a los ciudadanos de las actividades industriales y protegerlos ante situaciones laborales que pueden llegar a resultar nocivas para su salud.