No una, sino dos veces, los decretos de vivienda han pasado por el Consejo de Ministros. La primera vez, no recibieron el beneplácito del Congreso de los Diputados. La segunda, con las elecciones en el horizonte, será la Diputación Permanente del Congreso la que le tenga que dar el visto bueno. Y parece que así será para uno de ellos.
“Los decretos de Pedro Sánchez no me van a devolver la deuda que me dejó la inquilina”, se lamenta Julio, un vecino de la localidad madrileña de Pinto a la que su inquilina le dejó a deber más de 1.000 euros allá por el año 2015.
“Denuncié hace 10 años, la justicia no ha hecho nada y vendí el piso”, prosigue. Un ejemplo de cómo la inseguridad jurídica está quitando vivienda de alquiler del mercado.
Denuncia
Julio relata a EL ESPAÑOL los hechos tal y como sucedieron aquel año de 2015. Por aquel entonces, acudió al cuartel de la Guardia Civil para poner la correspondiente denuncia que aparece en la foto.
En la misma, aportó varios documentos como el contrato correspondiente con la inquilina, llamada Wendy Elizabeth, así como su número de teléfono, su cuenta corriente y los mensajes por WhatsApp que mantuvieron entre ambos.
“Me dijo que tenía problemas personales y que tenía que dejar la vivienda pero que las mensualidades pendientes me las pagaría”, afirma el denunciante.
Y continúa: “El día que me devolvió las llaves me dio también 500 euros y me dijo que el resto, algo más de 1.000 euros, los pagaría a más tardar en 15 días. Pero ya no volvió a cogerme el teléfono ni por supuesto hizo el ingreso prometido”.
Además, la inquilina le facilitó una dirección falsa, supuestamente de un hermano con el que se había ido a vivir, tal y como le dijo. Allí no la conocían de nada cuando Julio fue a buscarla.
Días después se la encontró por la calle y la siguió. Así supo la verdadera dirección donde residía y que fue la que puso en la posterior denuncia.
En esa casa duró poco, porque cuatro meses más tarde entró de okupa a una casa a escasos 100 metros de la suya. Allí estuvo alrededor de un año hasta que la echaron. Los propietarios acabaron por derribarla y ahora es un solar.
“Han pasado 10 años desde entonces y nada ha cambiado porque la justicia no ha hecho nada”, se lamenta Julio.
Y concluye: “Además, un día vi carteles de ‘Stop Desahucios’ para que no la echaran de okupa. Así es este país que defiende a quien no paga y okupa viviendas. Y luego quieren que haya más vivienda de alquiler. La mía que no la busquen porque la vendí”.