La aprobación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados tres días antes no va a traer buenas noticias para los inquilinos.
“Los caseros van a endurecer los requisitos a los inquilinos”, afirman desde la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). Porque estas medidas “pueden aumentar la inseguridad asociada a los contratos y provocar una nueva reducción de la oferta de alquiler habitual”.
Mientras que Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias) remarca que “la sucesión de cambios legislativos, anuncios y rectificaciones dificulta la toma de decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas.
Y esta situación lo que genera es “un escenario en el que la incertidumbre termina condicionando la disponibilidad de vivienda”.
¿Los más perjudicados? Desde SEAG apuntan a los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares.
Procesos de selección
Con este panorama, desde SEAG alertan de que se pueden endurecer “todavía más los procesos de selección de arrendatarios”. La razón que argumentan es la siguiente: ante la posibilidad de afrontar varios meses sin cobrar la renta y sin disponer de mecanismos suficientemente ágiles para recuperar el inmueble, “algunos propietarios pueden exigir perfiles económicos más sólidos y garantías adicionales”
Desde su punto de vista, el riesgo de impago no desaparece mediante una regulación más restrictiva.
“Cuando aumentan las dudas sobre el tiempo necesario para recuperar una vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, ese riesgo puede trasladarse al precio, a las garantías exigidas al futuro inquilino o, directamente, a la decisión del propietario de retirar el inmueble del mercado”, sostienen.
Todo ello se traduce en una mayor retirada de viviendas, menos alternativas para quienes buscan un alquiler y requisitos de acceso cada vez más exigentes.
Desde SEAG advierten de que trasladar durante meses el coste de esa protección al propietario particular no resuelve el problema social y puede generar otro adicional: que cada vez haya menos viviendas disponibles para alquilar.
“La atención a la vulnerabilidad corresponde a las administraciones y no puede depender principalmente de la capacidad económica de un arrendador para permanecer sin cobrar la renta”, resaltan.
Por eso reclaman procedimientos más rápidos frente al impago, una coordinación efectiva con los servicios sociales, recursos públicos suficientes y mecanismos que permitan recuperar tanto la vivienda como las cantidades pendientes dentro de plazos razonables.
Mientras que en FADEI abogan por agilizar la creación de vivienda, movilizar suelo disponible, reducir los plazos administrativos, ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer la colaboración entre administraciones y sector privado.
Por último, reclaman incentivos eficaces para incorporar viviendas vacías al mercado y mecanismos que permitan aumentar el parque asequible sin descargar toda la responsabilidad sobre los particulares.