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Los jóvenes que viven con sus padres y no tienen ingresos suficientes no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) como si formaran un hogar independiente.

La Seguridad Social tiene en cuenta, con carácter general, la situación económica del conjunto de la unidad de convivencia, por lo que los ingresos de los progenitores también influyen a la hora de determinar si existe derecho a la prestación.

El IMV está regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que establece las condiciones de acceso y determina cómo debe calcularse la situación económica de los hogares.

Uno de los conceptos fundamentales de esta normativa es el de unidad de convivencia, que incluye a las personas que residen en un mismo domicilio y están vinculadas por matrimonio, pareja de hecho o parentesco hasta el segundo grado, como ocurre entre padres e hijos.

Esto significa que un joven que continúa viviendo en casa de sus padres no puede solicitar, por regla general, una prestación de IMV independiente únicamente porque carezca de ingresos.

Los requisitos para cobrar el IMV

La Seguridad Social analiza la renta del conjunto de la unidad familiar y suma los salarios, prestaciones, pensiones y otros rendimientos que correspondan a sus integrantes.

Por tanto, aunque un joven no tenga ningún ingreso, la solicitud puede ser denegada si la renta total de la familia supera el límite establecido para el número de personas que componen la unidad de convivencia.

Estos umbrales se actualizan periódicamente y determinan qué hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad económica a efectos del IMV.

La normativa contempla además requisitos específicos para quienes quieran acceder al IMV como beneficiarios individuales.

En determinados casos, los jóvenes de entre 23 y 29 años deben acreditar que han vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de solicitar la prestación y que han cotizado a la Seguridad Social durante un periodo mínimo de 12 meses.

De esta forma, continuar residiendo con los padres impide, en determinadas circunstancias, cumplir las condiciones exigidas para solicitar la ayuda de manera individual.

Cuando el joven forma parte de una unidad de convivencia que sí cumple los requisitos para recibir el IMV, su presencia se tiene en cuenta en el cálculo de la prestación.

La cuantía garantizada aumenta en función del número y las características de los miembros del hogar, aunque la ayuda no se convierte por ello en una renta individual para cada integrante.

Este sistema hace que la situación económica de los padres tenga una importancia directa para los jóvenes que siguen viviendo en el domicilio familiar.

Una persona sin empleo o sin ingresos propios puede quedar fuera del IMV si el resto de miembros del hogar supera los límites económicos establecidos por la normativa.

La finalidad del mecanismo es valorar la vulnerabilidad económica del hogar en su conjunto.

Por eso, para la Seguridad Social, no basta con analizar cuánto dinero recibe el joven: mientras forma parte de una unidad de convivencia con sus padres, la situación económica familiar resulta determinante para decidir si existe derecho al Ingreso Mínimo Vital.